El Banco Central Europeo (BCE) está muy contrariado con la posibilidad de que el Gobierno español que preside Sánchez acabe convirtiendo en permanente el impuesto a la banca, y ya tiene preparado su rechazo tajante a que una medida considerara en su momento extraordinaria -a la que también se opuso- se convierta en estructural. Según las fuentes consultadas, la transformación de este gravamen en un coste fiscal de carácter ordinario y corriente, encarecerá el crédito y aumentará todavía más el coste de las hipotecas, una circunstancia a la que tampoco ha sido ajena el banco central.

Los préstamos para adquisición de vivienda han subido intensamente desde los incrementos sucesivos de los tipos de interés decididos por el BCE hace más de un año, que han pasado del 0% al 4,5% con el fin de controlar la inflación desordenada provocada por la pandemia y luego la guerra de Ucrania, pero está previsto que empiecen a bajar a partir de junio, cuando la institución monetaria ha anunciado que va a dar un giro en su estrategia empezando a recortar el precio del dinero.

En opinión del BCE, un impuesto de esta naturaleza «podría dar lugar a que los bancos ofrezcan condiciones menos favorables a sus clientes al proporcionar préstamos y otros servicios, y también puede inducir a ciertas entidades a reducir sus actividades, lo que llevaría a una merma en la disponibilidad de crédito, creando incertidumbre general en el sector». El BCE temió desde el principio que la iniciativa adoptada en varios países europeos, y que Sánchez baraja consolidar en España, cierre el grifo de crédito e impulse al alza el coste de los préstamos.

Por otra parte, el BCE está radicalmente en contra de usar los ingresos de un nuevo impuesto a los bancos con fines presupuestarios, en este caso con el objetivo de reducir el déficit público. «Todo ello se podría confabular para restar crecimiento real a la economía, justo en un momento en que la desaceleración parece sólidamente instalada en Europa y va a acabar afectando igualmente a España, que necesita con urgencia revitalizar sus niveles de inversión y de atracción de capital exterior», de acuerdo con los medios consultados.

Además, esta figura tributaria creada, según el argumento esgrimido por el Gobierno, para «ayudar a las clases más desfavorecidas, se puede volver exactamente en contra de aquellos que dice beneficiar, por ejemplo, todos los que a duras penas pueden pagar su hipoteca», apuntan las citadas fuentes.

Otro efecto colateral de extrema importancia para el BCE sería el impacto que el impuesto podría tener sobre la rentabilidad de las entidades afectadas y su capacidad para captar capital, minando su fortaleza, cuestiones todas ellas fundamentales para el banco emisor. De hecho, el impuesto extraordinario a la banca establecido hace dos años por el Gobierno -y que se ha prolongado un ejercicio más, hasta 2024- ya ha tenido unas consecuencias económicas muy negativas para el sector. Actualmente, por ejemplo, la mayoría de las entidades financieras del país cotizan en Bolsa por debajo de su valor en libros -en una relación de 0,80-.

En consecuencia, ésta es una cota inferior a su nivel de liquidación, lo que representa una situación contablemente delicada que los mercados sólo pasan por alto porque se trata de una circunstancia sobrevenida por el efecto de la instauración del impuesto especial. En caso contrario, representaría una grave pérdida de reputación que tendría efectos sobre la solvencia del sector. Adicionalmente, y como resultado de la voracidad recaudatoria del Ejecutivo, el precio de las acciones de los bancos españoles en Bolsa está un 7,5% por debajo de lo que debería ser su valoración corriente en caso de no haberse visto sometido el sector a este gravamen de nueva generación, según ha calculado el BCE en referencia a la capitalización de finales de 2021.

 

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. (Foto: EP)

 

En todo caso, y de la misma manera que sucedió cuando se creó la nueva figura tributaria, el futuro dictamen que prepara el BCE no tiene carácter vinculante, aunque operará como una advertencia y supondrá también un revés para las políticas de Sánchez encaminadas a regular la actividad privada e intervenir en los mercados.

Aunque todavía no está del todo claro el futuro del impuesto, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que conforma el actual Ejecutivo de coalición, a través de la formación política Sumar -que ella misma preside-, lleva días asegurando que el impuesto extraordinario a la banca -así como el que pesa sobre las compañías eléctricas- es una de sus líneas rojas para apoyar los presupuestos del Estado. Ocasionalmente, la vicepresidenta primera y número dos del Partido Socialista, María Jesús Montero, también se ha mostrado en favor de la medida, y el propio presidente Sánchez ha aludido a tal posibilidad más de una vez.

En todos los casos, además de cuestiones puramente ideológicas en contra de las empresas y del mercado en general, subyace la necesidad de allegar los mayores recursos públicos posibles para satisfacer las necesidades y demandas de gasto de los diferentes partidos y grupos parlamentarios respectivos cuyos votos son decisivos para sostener al Gobierno, y que van desde los independentistas catalanes y vascos hasta los nacionalistas del PNV o los canarios de CNC.

A pesar de todo, la banca espera que el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con el que ha establecido una buena sintonía, sea capaz de persuadir al presidente Sánchez para que, tal y como les ha anunciado, primero cambie la naturaleza del impuesto, de modo que se parezca más a algunos gravámenes similares -pero menos lesivos- establecidos en otros países europeos, y finalmente logre que no se consolide estructuralmente, es decir, que no sea permanente, para que su impacto sobre los beneficios se disipe lo máximo posible.