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JUAN NAVARRO

 Conocía el espacio perfectamente pues anteriormente había pertenecido a don Curro. Le comentó al director general, que tenía información importante. Desplegó un expediente en la mesa forrada de cuero verde que hay entrando a la derecha, con un “tibor” clásico y con carpeta guardadocumentos. Varias fotos del inquilino del despacho, terminaban de decorar la estancia junto a un cuadro de Pancho Cossío.

El expediente era sencillo y constaba, básicamente, de una serie de informativos de cuentas de activo, saldos, importes de amortización, tipo de interés y sobre todo lo más importante: tiempo de mora del crédito. El artículo 14 de los estatutos de la caja establece que no pueden ostentar la categoría de consejeros aquellos que tengan préstamos vencidos, como personas físicas o en las empresas de las que sean accionistas, disparó el asesor jurídico a su interlocutor. “Hombre”, contestó Gisbert, “Conozco dichos estatutos. Los redacté y aprobé yo, perdón, los envié al gobierno valenciano para su aprobación. Los aprobó la Generalitat Valenciana, cuando yo era director general de economía y política financiera”.

Siempre será tan chulo y soberbio, debió pensar el asesor jurídico. Bien, muchas gracias, debió decir el director general. A continuación Gisbert guardó cuidadosamente la carpeta de cartón duro de un color inmaculadamente blanco y con los bordes amarillos y grises, coronada por el anagrama de la CAM que diseñó José María Civit y presento a toda la plantilla, en la Institución Ferial Alicantina, el 12 de abril de 1988. Todo era pura identidad corporativa aquella década de los noventa. “Moriremos de mediterráneo”, afirmaba el jefe de publicidad Demetrio Mallebrera Verdú.

El informe que guardó cuidadosamente Gisbert, se refería a un préstamo vencido de una empresa en la que participaba Eliseo Quintanilla Almagro y en el que figuraba como avalista.

Algún día tendremos oportunidad de usarlo. El asesor jurídico se despidió cerrando cuidadosamente la puerta y apagando su Camel en el cenicero de plata con cubierta que había pertenecido a Oliver Narbona.

Pasó el tiempo y en una reunión del consejo de administración de la CAM, se informó a los consejeros que la mercantil Hansa Urbana S.A., participada al 68 % por la caja, presidida por Juan Antonio Gisbert y dirigida por Rafael Juan Gálea Expósito, solicitaba quinientos millones de pesetas, aproximadamente, para necesidades de tesorería y liquidez.

Quintanilla, cual Júpiter tronante, pidió la palabra y declaró que le parecía una falta de respeto a los consejeros, enterarse de esas necesidades y de un importe tan elevado, unos minutos antes de comenzar la votación de dicho punto. Afirmó que para proceder a estudiar la petición era necesario conocer en profundidad la operación y que él no era una marioneta o un decorado. Gisbert, en el tono soberbio que le caracteriza y sabiendo la intra historia que sabía, informó al consejero Quintanilla acerca de los estatutos de la CAM. El señor consejero sabrá que, de acuerdo a los estatutos, “la documentación completa está a disposición de los consejeros, en el despacho del director general, cuarenta y ocho horas antes del comienzo de la sesión del consejo y que los consejeros podrán estudiar dicha documentación in situ”.

Román Bono Guardiola, son su elegancia característica, preguntó al consejero Quintanilla si desconfiaba de los ejecutivos de la entidad y que en caso de que ello fuera cierto, lo calificaría de frivolidad. Quintanilla respondió que el frívolo era el presidente y se negó a votar dicho punto del orden del día. “Soy un empresario y se lo que cuesta obtener en estos tiempos difíciles un crédito de quinientos millones”, afirmó.

No hubo más debate, se aprobó la concesión y se pasó al siguiente punto del orden del día. Gisbert apuró su enésimo Marlboro y bebió un trago de Cardhú en la inmensa copa de balón con suficiente hielo, que amorosamente le preparaba Francisco “Paco” García de Jesús y pensó, imagino, que ya era hora de desempolvar el expediente del consejero Quintanilla. Al día siguiente, 28 de mayo de 1994, sábado, Juan R. Gil escribió en un diario local: “la CAM destituye a Quintanilla del consejo de administración por tener un descubierto”. Ese mismo día fue cesado Eliseo Quintanilla Almagro, presidente que fue de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, presidente de laboratorios Centrum, de Fundesem, farmacéutico y muchas cosas más.

Quintanilla escogió a Juan Ramón Avilés Olmos como su abogado en el proceso judicial derivado de dicho cese.

La comisión de control de la CAM como comité electoral, se reunió y su presidente Alfredo Masó Pareja, profesor titular de escuela universitaria del departamento de fundamentos de análisis económicos de la UA dio por buenos los argumentos de la Caja, y Quintanilla abandonó el consejo de administración.

Es curiosa la querencia de Juan Antonio Gisbert García a rodearse de profesores de universidad, aunque en este caso, no fuese un catedrático sino un profesor titular de escuela que no necesita el título de doctor para disfrutar esa plaza académica.

Quintanilla nunca volvió a sentarse en su puesto del consejo de administración de la CAM pues los estatutos estaban suficientemente claros.

Esa fue la primera vez que Juan Ramón Avilés Olmos entró en contacto con la caja, fuera de sus conexiones como cliente.

Tras la llegada al poder, en 1995, del partido popular en la Comunidad Valenciana, los órganos de gobierno de la Caja fueron transformándose. El poder político dirigido por Eduardo Zaplana, introdujo una serie de cambios. Ramón Luís Valcárcel, presidente de la Región de Murcia, introdujo una serie de personas, entre ellas Juan Ramón Avilés Olmos. Avilés Olmos entró en la comisión de control de la CAM como secretario.

Zaplana marchó a Madrid como ministro de trabajo y le sucedió Francisco Camps. La guerra entre zaplanistas y campsistas fue total en los años que transcurren entre 2003 y 2011. Tan fuerte fue el enfrentamiento, que en la renovación de órganos de gobierno, en 2007, una parte del PP, los llamados “ripollistas”, pactaron con los consejeros del PSOE

En la renovación de órganos de gobierno de la CAM de febrero de 2007, parte de los consejeros del PP pactaron con el PSOE colocar de presidente a Sala (Armando), en lugar de Sala (Vicente). La candidatura de Sala (Vicente), la presentó Juan Ramón Avilés Olmos, consejero de la CAM, pero fuera de plazo. La candidatura de Sala (Armando), se presentó en tiempo y forma. Hubo mucho ruido: “Ruido mentiroso/ruido entrometido/ruido escandaloso/silencioso ruido” (J. Sabina).

La secretaria de órganos de gobierno, María Teresa Blázquez, no aceptó la primera. “Se presenta fuera de plazo”. Por esa actuación, fue castigada, laminada, humillada, mortificada, abochornada, envilecida, burlada y cesada por Roberto López Abad. Para ella eran momentos en los cuales la vida no “la besaba en la boca” (Serrat), más bien la azotaba con un dolor infinito clavado en sus entrañas. Jesús Navarro (Carmencita), consejero por el PSOE, afirmó. “Nuestra candidatura ganará por mayoría”. Roberto López Abad contestó: “ganará mi candidatura pues pienso poner a trabajar a siete mil empleados CAM”. Al final Rajoy y Aceves pactaron con Pepe Blanco una lista de consenso que incluía a José Enrique Garrigós como presidente de la Comisión de Control y Sala (Vicente) como presidente del consejo. Con el concurso de María Dolores Amorós Marco, Juan Ramón Avilés Olmos, reventó el pacto y presentó su candidatura a la presidencia de la Comisión de Control. Juan Hernández Olivares, empleado CAM y miembro de la citada comisión apoyó el tema. Avilés fue elegido presidente de la citada comisión de control.

La relación de Avilés con Sucina, pedanía de Murcia capital, le llevó a programar una actuación urbanística en un enclave de protección ambiental a través de la empresa “Vereda de Sucina S.L.”. Miles de viviendas y para superar el impacto medioambiental, reservó una zona para uso lúdico con casetas de madera, observatorio y anillamiento de aves y educación medioambiental, en un paraje idílico.

Pero las casas al final no se vendieron y los créditos no se pagaban. Supuesto recogido en el artículo 14 de los estatutos de la CAM. Se optó por la refinanciación sin aporte de garantías adicionales. A diferencia de Quintanilla, Avilés no fue cesado. “Era uno de los nuestros” (Martín Scorsese).

Juan Ramón Avilés Olmos, ex concejal del Ayuntamiento de Murcia, secretario del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, promotor inmobiliario, vehemente, y con planteamientos de ultraderecha, ha sido imputado por el juez Javier Gómez Bermúdez, al igual que el conocido quinteto. López Abad, Crespo, Soriano Terol, Amorós Marco y Sogorb Pomares. Diez negritos.

En nuestras crónicas anteriores, habñabamos de diez negritos y la audiencia nacional no había imputado a ninguno de los mencionados. Ya llevamos seis negritos, dicho con el mayor respeto y parafraseando a Agatha Christie. Estoy convencido que seguirán algunos más. Los siguientes irán cayendo.

Hay dónde elegir: ¿Joaquín Meseguer Torres?, por ejemplo. ¿Daniel Gil Mallebrera?. ¿Algún miembro de la Comisión de Retribuciones, v.g., Martín Sevilla Catedrático de Economía Aplicada que no supo, salvo en beneficio propio, aplicar la economía?. Ya veremos. Estaremos atentos a los autos que emita la Audiencia Nacional.

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