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Tres lustros de Gobiernos del PP en la Generalitat Valenciana han deparado un desolador saldo en el ámbito de las finanzas autóctonas. Los dos pilares financieros regionales, a saber, Bancaja -hegemónica en las provincias de Castellón y Valencia- y Caja Mediterráneo (CAM) -líder en la provincia de Alicante- prácticamente han abdicado en el último año con motivo del proceso de reestructuración financiera.

En el caso de la CAM, en el fondo de este hundimiento subyace el sometimiento de la cúpula de la entidad a los intereses del Ejecutivo regional del PP, y en concreto a sus proyectos faráonicos, con el parque temático Terra Mítica de Benidorm como exponente principal; su arriesgada política de inversión inmobiliaria; y en tercer lugar, un consejo de administración incapaz de controlar la estrategia de la caja, programada y ejecutada por los directivos, a veces a espaldas del máximo órgano de la caja.

Bancaja optó por el realismo y la discreción para coronar una fusión fría, aunque fuera con un papel secundario, en la nueva entidad Bankia. La cúpula de la CAM, en cambio, en un arranque de prepotencia, inició el periplo de la fusión fría con la ambición de liderar el grupo resultante.

Todas las alternativas que exploró la CAM resultaron fallidas. El Banco de España ha optado por clausurar el gallinero en el que en las últimas semanas se había convertido el consejo de administración de la entidad y desde las cero horas de ayer, como futuro socio mayoritario accionista del nuevo Banco CAM, se dispone a reflotar la entidad crediticia, con un nuevo equipo gestor al frente. El Banco de España, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), entrará en el capital social del nuevo Banco CAM con 2.800 millones, cifra que según algunos consejeros supone el 85% de las acciones. Además, el FROB completa su intervención con una inyección de 3.000 millones para atender eventuales problemas de liquidez, en el supuesto de una retirada masiva de depósitos.

El PP valenciano, desde su desembarco en el poder regional merced a la victoria electoral de Eduardo Zaplana en las autonómicas de 1995, ni pestañeó a la hora de instrumentalizar las dos cajas valencianas para financiar sus proyectos estrella, que con el paso del tiempo acabaron acuñando el término de grandes eventos. Pero el Consell se valió de la CAM para otros menesteres urgentes, como la compra de deuda pública emitida por la Generalitat. Este mismo año la CAM compró 500 millones de deuda pública al 4,7% y a 18 meses. En los tres últimos años, los péstamos de la caja alicantina a la Generalitat ascienden a 348 millones. En apartado, de partidos políticos, la entidad tiene un crédito por tres millones con el PP valenciano y del doble con con los socialistas.

El primer proyecto del Gobierno valenciano al que se vio obligada a sumarse la CAM fue el parque temático Terra Mítica de Benidorm. El complejo fue presentado Zaplana como el mascarón de proa del turismo valenciano. Sin embargo, una década después se ha convertido en el negocio semipúblico más ruinoso de la historia del Gobierno valenciano. El parque comenzó su andadura en 2000 en manos del Consell, Bancaja y la CAM, con un 66% de las acciones a partes iguales (en total 420 millones de euros).

A esta cifra se suman los préstamos de la CAM para inyectar liquidez a la empresa, prácticamente en números rojos desde el primer año de funcionamiento. En julio de 2009, Terra Mítica tenía créditos vivos con las dos cajas valencianas por 24,7 millones. El complejo superó su primera quiebra seria con un expediente de suspensión de pagos en 2005. Pero dos ejercicios después volvió a las andadas y las pérdidas afloraron en sus balances anuales. En julio del año pasado Terra Mítica fue cedida, en régimen de alquiler, a un grupo privado. Los nuevos propietarios aspiran a comprar el complejo por el valor de la deuda pendiente: 70 millones.

Tras la salida de Eduardo Zaplana del Ejecutivo valenciano, su sucesor en el cargo, el ahora dimitido Francisco Camps, no levantó la presión política sobre la cúpula de la CAM para implicar la caja en sus proyectos. Camps también apadrinó al empresario ilicitano de la automoción Modesto Crespo como presidente del consejo de administración de la CAM, hace ahora dos años. Crespo, muy próximo a las posiciones cristianas que caracterizan a Camps, ha sido un fiel escudero del expresidente de la Generalitat

El presidente Crespo y el director general de la CAM, Roberto López Abad, han sido los artífices del frustrado plan de ajuste de la entidad en los dos últimos años y del fallido proceso de fusión. Sin embargo, ni el uno ni el otro se dieron por enterados de las crecientes críticas de parte del consejo de la entidad ante la ausencia de información "concreta" de las alternativas de fusión sondeadas.

Crespo y López Abad tampoco se inmutaron cuando en abril pasado las asambleas de Cajastur, Caja Cantabria y Caja de Extremadura, expulsaron del SIP del Banco Base a la entidad alicantina, que se negó a rebajar su participación en el futuro banco resultante del proceso de integración. Siguieron en huida hacia delante en busca de un salvador socio privado.

Un consejero de la entidad apunta dos elementos clave de la debacle final. "Primero, la prepotencia con la que se encaró el proceso de fusión", señala. "Y segundo, la falta de autoridad del consejo. En otras cajas, este órgano ha sido más presidencialista y ha marcado la estrategia inversora, aquí ese aspecto ha estado en manos de los directivos, y, a veces, el consejo ha sido el último enterarse", añade.

La última prueba de la debilidad de Modesto Crespo al frente de la CAM se produjo esta semana en la antesala de la nacionalización. Crespo apenas pudo sofocar la rebelión de un grupo de consejeros críticos que reclamaban completar el consejo del Banco CAM (de 5 a 15 miembros) antes del aterrizaje del FROB. A este consejo, al que el Banco de España ya ha comunicado su defenestración, le queda ahora el reducto de la Fundación de la Obra Social, si la caja logra mantener el 10% del capital en el Banco CAM.

Otro factor que envenenó la salud de la CAM fue su arriesgada apuesta por el sector de la construcción. La entidad ha proporcionado créditos fallidos a promotores por unos 1.000 millones, entre ellos, a firmas como Martinsa, Polaris o El Pocero. El peso del ladrillo en el crédito de la entidad era el pasado año del 22% y la morosidad, del 9,47%. Al margen de estos préstamos, la caja, a través de la promotora Hansa Urbana, ha impulsado proyectos inmobiliarios por 700 millones. El de mayor calado es un macrocomplejo turístico en el Caribe mexicano, paralizado a instancias de una denuncia de los ecologistas a la Unesco. Otra filial, TI Participaciones, emprendió más de un centenar de proyectos con una inversión de unos 200 millones en capital y más de 1.700 millones en préstamos no solo en españa, sino también en Portugal, Polonia, Marruecos, México, Costa Rica... Los préstamos fallidos e inversiones fallidas han obligado a la caja a quedarse con más de 3.200 millones en suelo, promociones y pisos que lastran su balance.

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