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CON 239 REPRESENTANTES/ Los consejos de las entidades aún cuentan con una elevada presencia de cargos electos, un año después de que el Gobierno cambiara la ley para profesionalizar la gestión
La profesionalización de las cajas de ahorros dista mucho de ser una realidad. Las 36 entidades (entre cajas, SIP y bancos de nueva creación) tienen a 239 políticos en sus consejos de administración. Estos representantes públicos, en activo o retirados, representan casi el 40% del total de consejeros de las cajas (37%).
La lista, elaborada por EXPANSION, incluye a cargos electos en la Administración Central, en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos y en las diputaciones. Además, también se han contabilizado a quienes alguna vez hayan formado parte de listas electorales (independientemente de que hayan o no obtenido el cargo) y a las personas que han sido parte de los gobiernos (sólo en el primer nivel, como ministros, consejeros regionales o concejales).
Para la definición de político no se ha tenido en cuenta los puestos de técnicos en las Administraciones ni cargos por debajo de Ministro, como directores generales o secretarios de Estado. La elevada presencia política es consecuencia de la tradición histórica que tienen estas las entidades de albergar a representantes públicos en sus órganos de gobierno. A esta coyuntura se ha unido las duplicidades de consejos generadas por las fusiones, ya que en varios casos las cajas participantes en procesos de integración mantienen sus propios órganos de gobierno, que conviven con los de las entidades de nueva creación.
El peso de los cargos electos se mantiene todavía, casi dos años después de que se iniciara la reestructuración del sector, con la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) en julio de 2009. Además, la presencia continúa a pesar de los límites introducidos por el Gobierno español en la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA), modificada en julio del año pasado.
Estos cambios suponen que las administraciones públicas, entidades y corporaciones de derecho público en dichos órganos de gobierno de las cajas no podrán superar el 40 por ciento de los derechos de voto. El Gobierno, no obstante, fija un periodo de transición, de tres años, para que estos cargos políticos electos y representantes de las administraciones públicas salgan de los órganos de gobierno de las cajas. A su vez, el 50% de los miembros del consejo tendrá que tener cualificación y experiencia en el sector fmanciero.
Los cambios en la LORCA obligan a modificar las leyes de cajas regionales. Este proceso se encuentra en distinto estado de tramitación, en función de las autonomías y de la rapidez de las cajas en aplicar los cambios legales a sus procesos electorales. Cuando finalicen, la presencia política se reducirá. |
