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Bankia y CAM han multiplicado por cuatro los créditos concedidos a las administraciones públicas bajo su área de influencia desde 2007
Los ayuntamientos y los gobiernos autonómicos han encontrado en las cajas de ahorros que tienen bajo su control una fuente de financiación alternativa al recorte presupuestario y la falta de liquidez en los mercados de capital. Las ejecutivos regionales y los consistorios han disparado sus créditos un 81% durante la última legislatura y ya deben cerca de 3.000 millones de euros a las cajas donde han nombrado algún miembro del consejo. Esta cantidad supone el 13% del saldo vivo del conjunto de préstamos que estas corporaciones tienen con las cajas de ahorros de toda España.
Los que menos fondos han logrado captar de las cajas bajo su área de influencia son los pequeños ayuntamientos, que en conjunto deben un 17% más, en torno a los 570 millones de euros, mientras que las capitales de provincia han incrementado sus préstamos un 52%, hasta los 911 millones de euros.
Pero quienes más han recurrido a las entidades financieras que ellos mismos controlan son las autonomías y las diputaciones, autoconcediéndose cerca de 900 millones de euros en la última legislatura. Desde 2007, en plena crisis de liquidez y falta de financiación en los mercados para las compañías, los préstamos de las administraciones regionales se han disparado un 211% y, a 31 de diciembre de 2010, sumaban alrededor de 1.300 millones de euros.
Madrid y Valencia
A dos días de que se celebren las elecciones autonómicas, son las administraciones controladas por el Partido Popular las que más han recurrido a las cajas de ahorros. El Ayuntamiento de Madrid y la Generalitat de Valencia concentran el 40% de la deuda autonómica y local. El consistorio de Alberto Ruiz-Gallardón debe cerca de 500 millones de euros, principalmente a Bankia (a través de Caja Madrid), aunque también le ha concedido créditos Catalunya Caixa e Ibercaja. Comunidad Valenciana, presidida por Francisco Camps, es la autonomía que más fondos ha pedido prestados a las cajas de su entorno desde 2007, incrementando su deuda en 448 millones, hasta sumar créditos por importe de 615 millones de euros entre Bankia (a través de Bancaja) y CAM, un 268% más que en la anterior legislatura.
Tras la fusión de Bancaja y Caja Madrid, Bankia se convierte en la entidad española con más préstamos a las entidades públicas que controlan su consejo, ya que es el principal acreedor del consistorio madrileño y de la Generalitat Valenciana, que juntos concentran casi el 75% de los mil millones que Bankia ha prestado a ayuntamientos y autonomías.
La financiación de la Generalitat Valenciana pesa también en la exposición de la CAM a la deuda con las administraciones. Aunque en los últimos cuatro años había reducido un 77% los créditos a los ayuntamientos e incluso a las diputaciones provinciales de Alicante y Valencia, el saldo final es un incremento del 357%. La caja mediterránea disparó en un 1.582% su apoyo al ejecutivo regional presidido por Francisco Camps.
También han sido especialmente activas en la financiación de entes locales y regionales, las cajas gallegas. Con 575 millones de euros, un 123% más, Novacaixagalicia es la segunda entidad española que más créditos ha concedido desde 2007. Les sigue en el ránking las cajas vascas, especialmente BBK, que ha incrementado en más de 200 millones los préstamos a la Diputación de Vizcaya. Las más austeras son las cajas catalanas y las castellanas, que han reducido sus créditos a organismos públicos cerca de un 40%.
La Administración tarda, pero paga
Trabajar con las administraciones públicas se ha convertido en un problema para cualquier empresa, ante los retrasos en los pagos, pero es una apuesta de bajo riesgo para las entidades financieras. La normativa bancaria sobre dotaciones de créditos a las administraciones públicas es más laxa. La probabilidad de de impago de estos préstamos es menor y, por tanto, su ponderación de riesgo limitada. El recurso a la refinanciación también es habitual, lo que ayuda a controlar la morosidad. No existe una normativa concursal para las administraciones públicas con la que se regule la recuperación de la deuda en caso de una suspensión de pagos de, por ejemplo, un ayuntamiento. La mora del sector público es inferior al 1%, frente a los niveles del 6% en el segmento privado.
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