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NAVARRO/ REDACCIÓN ALICANTE El Banco de España quiere que todas las ayudas públicas previstas para Caja Mediterráneo -2.800 millones de euros- se concedan a través de una inyección de capital, lo que supondrá que el Estado tomará irremediablemente el control de la entidad. Es decir, que podría designar a la mayoría de los miembros de su consejo de administración y tendría capacidad para nombrar y destituir directivos.
La caja había solicitado recibir una parte de este dinero por la vía del denominado FROB 1, que equivale a un crédito y no implica la cesión de acciones. Sin embargo, tras muchas discusiones internas, el supervisor habría rechazado esta pobilidad para tener las manos libres a la hora de buscar una posterior salida a la entidad, según afirman fuentes cercanas a la institución presidida por Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
En su plan de recapitalización, la CAM había planteado al supervisor que se le respetase la parte proporcional de los 1.493 millones de euros que el Banco Base habría recibido del FROB 1 si el proyecto de fusión con Cajastur no hubiera fracasado. Esto suponía unos mil millones que se hubieran ingresado a cambio de la emisión de participaciones preferentes por las que la caja pagaría un interés mínimo del 7,75 % anual, pero que no implicarían ninguna cesión de poder. De esta forma, la necesidad de capital público se rebajaría a 1.800 millones, lo que aumentaba las probabilidades de que la CAM mantuviera el control del negocio.
Éste fue uno de los motivos por los que la caja alicantina luchó por quedarse con la ficha de Banco Base, ahora ya reconvertido en Banco CAM. Sin embargo, desde un principio el Banco de España no tuvo nada clara esta opción y obligó a la caja a incluir también en su plan de recapitalización la posibilidad de que todas las ayudas, los 2.800 millones, se concretasen mediante una inyección del FROB 2. Finalmente la balanza se ha inclinado de ese lado y la razón es que el BE quiere tener libertad de movimientos para buscar una posible salida a la CAM en el caso de que la propia entidad no sea capaz de encontrar un socio por sí sola.
Por otro lado, una información del diario El Mundo aseguraba ayer que el Banco de España ocultó durante ocho meses los resultados de una inspección realizada a la caja alicantina en la que se detectó un "agujero de 2.000 millones" fruto de una mala clasificación crediticia. Así, según el citado artículo, los inspectores habrían finalizado su trabajo en mayo de 2010, antes de que se acordase la fusión, pero el organismo supervisor no remitió el documento con sus requerimientos hasta diciembre. Curiosamente la información sostiene que ni la CAM ni sus socios conocían los resultados de la inspección hasta esta última fecha, con lo que estaría dando la razón a ambas partes. En este sentido, hay que recordar que Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura aseguraron para justificar la ruptura del SIP que había datos de la CAM que desconocían y la entidad alicantina negó que hubiese ocultado ninguna información.
En cualquier caso, tras la inspección. el BE exigió la reclasificación de créditos de la CAM por importe de 5.267 millones, de los que 2.662 debían catalogarse directamente como dudosos y otros 2.605 millones, como subestándar. Esto acarreó la necesidad de realizar dotaciones por valor de los citados 2.000 millones, entre provisiones para cubrir estos créditos y pérdidas esperadas. A este respecto, aunque el Banco de España no quiso pronunciarse oficialmente sobre el tema, un interlocutor del organismo supervisor negó ayer que se hubieran ocultado los resultados de la inspección durante ocho meses y, por el contrario, afirmó que ésta no finalizó hasta diciembre. Además, aseguran que en ningún caso puede hablarse de "agujero" patrimonial ya que la entidad sigue manteniendo un patrimonio positivo

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