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Jordi Cuenca Valencia
Cuando el PP de Francisco Camps ganó las elecciones autonómicas de mayo de 2007 por aplastante mayoría era inimaginable que cuando volviera a concurrir ante los ciudadanos, el próximo día 22, presentara un balance del sector financiero valenciano tan desolador. Pocos podían intuir por aquel entonces lo que vendría después, a excepción, tal vez, de los máximos responsables de las entidades de la Comunitat Valenciana -su antecesor José Luis Olivas, al frente de Bancaja y el Banco de Valencia, y Vicente Sala, colocado por su partido en la CAM- quienes ya debían barruntar que el panorama que se avecinaba era más negro que un tizón. Aquel verano, con las hipotecas subprime, estalló la crisis, que en poco tiempo delató cómo de imprudente se habían gestionado esas mismas entidades, siempre con el aplauso del Consell, que buscó su dinero para los más dispares -y algunos disparatados- proyectos públicos.
En aquel mayo de 2007, la Comunitat Valenciana era la sede de la tercera caja española, Bancaja, que, sumada al Banco de Valencia, era el sexto grupo financiero del país. Además, la CAM era la cuarta caja de ahorros. Los pronósticos más razonables por aquellos días podían anunciar que la tercera caja valenciana, Caixa Ontinyent, por su reducido tamaño, difícilmente iba a sobrevivir. En el sector del cooperativismo de crédito, la Comunitat Valenciana contaba entonces con 36 cajas rurales, entre ellas, Ruralcaja, la segunda más grande de España.
Cuatro años más tarde, Camps se presenta ante los ciudadanos -del PSPV lo mejor que se puede decir es que no ha estado, aunque se le esperaba-como el presidente de la Generalitat que perdió la mayor parte del sistema financiero propio. Bancaja se ha integrado en un grupo liderado por Caja Madrid, Bankia, donde las necesidades de capital y la entrada de otros inversores van a diluir progresivamente el 37 % que tiene en su accionariado. La sede operativa del grupo estará en Madrid, donde se tomarán todas las decisiones. Bancaja no pasará de ser, en la práctica, la dirección territorial del grupo en la Comunitat Valenciana y Baleares. En esta coyuntura y, dadas las necesidades de capital de Bankia, los mercados esperan que a la mínima oferta aceptable que le llegue por el Banco de Valencia, se desprenderá de su 38 % y, aunque algunos empresarios valencianos planeen controlarlo, lo previsible es que acabe en manos foráneas. El futuro de la CAM es, si cabe, peor. Tras romper su alianza en el Banco Base con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, por el miedo que generó en sus socias el estado real de sus cuentas, la caja alicantina se ha puesto en manos del Estado. Será privatizada parcialmente a través de los 2.800 millones que pondrá el FROB y luego subastada o troceada. Es decir, acabará engullida por otro grupo financiero.
Las cajas rurales están en pleno proceso de concentración. Bajo el liderazgo de Ruralcaja, catorce entidades han constituido el valenciano grupo CRM. Enfrente, la andaluza Cajamar, la primera del país, ha puesto en marcha otro grupo en el que se han integrado cinco valencianas, además de Caja Campo, la segunda de la autonomía hasta ahora, que la semana pasada optó por ser absorbida por Cajamar. El destino de las cajas no adscritas parece orientado en la mayoría de los casos hacia uno de los grandes grupos, que, a su vez, buscarán alianzas en el resto de España. Quiere esto decir que el futuro de este subsector está en transformación y su diseño final, como ha sucedido con las cajas de ahorros, dependerá de cuál sea la fortaleza real de cada entidad. Cualquier cosa puede pasar. Así las cosas, las dos únicas buenas noticias para el sector han sido comprobar la solidez de Caixa Ontinyent, una de las dos únicas cajas de ahorros españolas que se mantienen como tales tras este proceso, y el surgimiento de CRM.
Mil veces se han contado ya los motivos de esta debacle. El principal, no hay duda, está en la gestión y, por añadidura, en la escasa vigilancia -y freno- de quienes tenían la función de tutela sobre estas entidades: el Banco de España, en primer lugar, y la Generalitat, después. Bancaja y la CAM, principalmente, se dedicaron durante los años de bonanza, también en su expansión territorial, a financiar actividades relacionadas con la vivienda, en algunos casos de forma imprudente, de tal forma que la posición que ostentaban al inicio del proceso de reestructuración era en realidad ficticia: tenían tamaño, pero con los pies de barro. Y en cuanto empezó a llover con cierta fuerza se desmoronaron.

La fusión que no pudo ser
En el último momento, cuando ya había comenzado la reestructuración del sector, el Consell de Franciasco Camps hizo el enésimo intento -entre finales de 2009 y mediados de 2010- por blindar el sistema financiero valenciano mediante la fusión de sus dos grandes cajas. Era demasiado tarde para una operación en la que sus antecesores Joan Lerma y Eduardo Zaplana también fracasaron. A la tradicional oposición alicantina, se sumó un complicado panorama financiero, el mal estado de las propias entidades, como se vio después, y, muy especialmente, las escasas sinergias que ofrecía su unión, dada la política de años anteriores de competir en terreno del contrario. Los costes iban a ser inasumibles y cada entidad se buscó un aliado fuera de tierras valencianas.

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