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Caja Mediterráneo vuelve a enfrentarse a otra semana clave de cara a su futuro; La entidad que preside Modesto Crespo reunirá mañana, miércoles, al consejo de administración que debe abordar el plan de negocio detallado que le ha requerido el Banco de España para acompañar a la solicitud de 2.800 millones al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), una petición que ya fue aprobada por el órgano supervisor el pasado 14 de abril.
Al igual que al resto de entidades -trece bancos y cajas- que necesitan un plan de recapitalización para alcanzar los nuevos requisitos de solvencia, la institución que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha dado de plazo hasta el jueves, 28, para que todas ellas detallen sus estrategias de negocio. En este sentido, Caja Mediterráneo es la única que ha solicitado al fondo público la totalidad del dinero que necesita para llegar al mínimo del 10% de capital principal que exige la legislación, ya que la mayoría de entidades que han optado por recurrir al Frob, han avanzado que intentarán reducir el volumen de capital público necesario mediante la venta de activos u otras medidas. En esta situación se encuentran Novacaixagalicia o Catalunya Caixa, que también tendrán que determinar antes del jueves, la cuantía solicitada y sus planes de viabilidad.
La decisión de Caja Mediterráneo de solicitar al fondo público la totalidad de la ayuda para su recapitalización no evita que explore otras alternativas como la entrada de un socio inversor, una opción que le permitiría evitar en gran medida la nacionalización que supone pedir al Frob toda la inyección que necesita. No obstante, en medios financieros apuntan a que esta posibilidad -en los últimos tiempos se han conocido los nombres de entidades interesadas-, de producirse, se concretaría con posterioridad a la entrada del fondo público en el accionariado de la caja alicantina. Bancos como el Santander o el francés BNP o cajas como Ibercaja o Unicaja que podrían entrar en la puja habrían pedido al supervisor algún tipo de garantías para cubrir futuras pérdidas, una petición que habría negado el Banco de España.
Por otra parte, una vez que la institución supervisora aprobó, el 14 de abril, la inyección de hasta 2.800 millones a la CAM, los plazos para cumplir con los nuevos requisitos de solvencia expirarían el 30 de septiembre, fecha límite concedida a todas las cajas y bancos que necesitan recapitalizarse. No obstante, la pasada semana en el propio Banco de España se barajaba la posibilidad de que la entrada del Frob en la CAM podría adelantarse a junio debido a que Caja Mediterráneo es la única que ha solicitado directamente las ayudas del Fondo sin contemplar otras medidas adicionales.
En este plazo de dos meses que se barajaría, se completaría la tramitación del proyecto, que debe pasar por el Ministerio de Economía y la propia Comisión Europea para que den su visto bueno. Una vez que el jueves, se concrete al Banco de España el plan de negocio, se comunicaría al Frob la solicitud de la ayuda y este organismo autónomo será el que determine el porcentaje que tomará en el accionariado a cambio de la concesión de los 2.800 millones. El sector financiero estima que esta participación estaría entre el 60% y el 70%.
Por otra parte, hace unas semanas la entidad alicantina también se reunió con los sindicatos de la CAM para sondear la posibilidad de recuperar el plan de prejubilaciones que se había aprobado en el marco del proceso de la alianza -ya fallida- con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria y que, en el caso de Caja Mediterráneo, suponía la salida de unos 850 trabajadores.

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