El ajuste de plantillas y redes de los bancos españoles supervivientes a la crisis no termina de encontrar suelo. Las entidades, sometidas primero a la presión de la crisis que forzó la absorción de las cajas de ahorros y después a la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) que ha estrechado sus márgenes de intereses, han recurrido a los recortes de costes para salvar la rentabilidad. Y esos recortes se han traducido en la salida de 13.513 empleados entre 2013 y 2017, según datos de la Asociación Española de la Banca (AEB).
Según la AEB, sus bancos asociados emplean en España a 92.976 personas. Es un balance mucho más positivo que el de las cajas de ahorros, cuya política de riesgos practicada antes de la crisis abocó a un buen número de ellas a la desaparición tras un rescate de 60.000 millones de euros.
Tras un periodo ininterrumpido de más de 20 años aumentando sus plantillas hasta emplear a casi 135.000 trabajadores en 2008, el número de empleados en estas entidades agrupadas en la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y lideradas por CaixaBank se ha reducido prácticamente a la mitad, con su número de oficinas cayendo de manera continua en la misma proporción.
Es un proceso que ha cambiado drásticamente el mapa de la concentración del sector bancario, donde Santander, BBVA, Caixabank, Banco Sabadell y Bankia controlan siete de cada 10 euros del sistema, según el Banco de España.
Ha sido un proceso caro en términos de empleo. La segunda mitad de la crisis del sector en España ha sido mucho más dura en términos de ajustes que la primera, que se desató a escala global en el verano de 2008 con la caída del banco estadounidense Lehman Brothers. Los bancos españoles incluidos en esta asociación disponían al comienzo del periodo de una plantilla de 114.545 empleados distribuidos en 15.441 oficinas. En el ajuste inicial que duró hasta 2012 redujeron su número de empleados a 7.000.
Pero fue a partir de ese año cuando las entidades pisaron el acelerador en su política de ajustes. Habían concluido la mayor parte de las absorciones de cajas y, tras el fiasco de la salida a Bolsa, la nueva Bankia preparaba su ERE. Las entidades tenían que adaptarse a una economía que, lejos de recuperarse, no despegaba; a un volumen de créditos malos que sobrecargaban sus balances y a los primeros pasos de un giro drástico en la política del BCE, que con Mario Draghi como nuevo presidente, tomó las riendas de la supervisión de las mayores entidades y aplicó el mensaje de que no hay sitio en la Unión bancaria para entidades no rentables.
Así, en este periodo que abrió Bankia el ajuste superó los 13.000 empleados con el cierre de 3.045 sucursales en toda España. La entidad participada por el Estado pactó la salida de 4.500 empleados en 2013, si bien en 2014 ritmo de bajas en las entidades fue similar, con más de 5.000 salidas.
En los siguientes tres años las entidades han levantado el pie en su ajuste de costes, sin que eso quiera decir que haya concluido. Según los ratios de la AEB la media de empleados por oficina ha pasado de siete a ocho trabajadores, que manejan un volumen de 65 millones de euros en créditos frente a los 53 millones que gestionaban en 2013. Los gastos de personal por empleado ha crecido mientras tanto un 8%.
El proceso continuó el año pasado y con toda seguridad seguirá en 2018. Las salidas en 2017 estuvieron protagonizadas por Banco Popular, que en un intento desesperado por salvar su imagen de cara a los inversores pactó con los sindicatos la marcha de 2.592 personas con los que ahorrarse 200 millones de euros. El hecho es que no fue suficiente y en junio de ese mismo año el banco pasó a ser propiedad de Banco Santander. Desde entonces, la entidad presidida por Ana Botín ha centrado sus esfuerzos en recomponer la estructura financiera de Popular y, a partir de este año buscará ahorrar costes en personal y oficinas. |