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Los famosos créditos que el empresario Enrique Ortiz pidió a la CAM para comprar los polémicos terrenos de Rabasa y que ahora pueden acabar pagándose con dinero de los contribuyentes se convirtieron en un problema de primera magnitud para la caja. Por el riesgo de impago y por la falta de desarrollo de los proyectos que debían acoger esos terrenos: el plan Rabasa y la llegada de Ikea. La cúpula de la caja era consciente de ello, y el propio Ortiz también. De ahí que los jefes de la CAM no tuvieran clara nunca la complicada operación.

Pese a ello, la aprobaron y dieron oxígeno a Ortiz varias veces para no ejecutar estos préstamos impagables, los mismos que están ahora en manos del Sabadell, que espera la evolución de la tramitación de la llegada de Ikea para mover ficha. Como publicó este diario, si la multinacional sueca no viene finalmente a Alicante (algo probable en este momento dada la oposición del Ayuntamiento a los planes de la empresa y Ortiz), el banco ejecutará los préstamos, se quedará con los suelos (también la Sareb, que es acreedor) y cubrirá sus pérdidas con las ayudas públicas que recibió del Banco de España cuando compró la CAM.

Una sólida prueba de las dudas que causaba la operación Rabasa de Enrique Ortiz en la CAM se refleja en la conversación que mantienen en junio de 2009 el empresario y el entonces director territorial de la caja en Alicante, Agustín Llorca.

En este diálogo (22 de julio de 2009), que forma parte del conjunto de comunicaciones telefónicas intervenidas por la Policía en el marco de la investigación del caso Brugal, Ortiz llama a Llorca para presionarle. Quiere que la caja le renueve uno de los préstamos de los suelos de Rabasa (35,9 millones de euros) que está a punto de vencer y no ha sido devuelto. «¿A qué hora nos podemos ver mañana por la mañana para arreglar lo del tema de Rabasa? Porque eso hay que renovarlo como sea», dice Ortiz, a lo que Llorca contesta: «De eso no te preocupes que yo ya te lo estoy renovando». «Me lo vas a solucionar?», pregunta luego Ortiz, a lo que responde Llorca: «Yo me he preocupado porque se planteé la renovación. No te preocupes que lo de la renovación lo voy a arreglar, así me lo han prometido», dice el directivo de CAM, que insiste: «Creo que no voy a tener problemas para la renovación, he tocado todas las puertas, porque no querían renovarlo [el crédito]», a lo que contesta Ortiz: «Me matan a mí». «Voy a conseguir que lo amplíen [el préstamo] durante tres meses para que tengamos tiempo y hablar de todo», algo que no convence a Ortiz, pero que acepta finalmente. «Lo importante es que lo renueven, porque ayer no lo renovaban», le advierte Agustín Llorca, a lo que contesta Ortiz, en tono jocoso: «Hubiese matado yo a alguien».

Dos días después de esta conversación, el consejo de administración de la CAM aprobó la renovación del citado préstamo. La caja dio a Deproinmed, sociedad controlada por Ortiz, tres meses más para devolver los 35,9 millones de los suelos de Rabasa.

Las deudas

Pese a que la operación se salvó, la CAM no las tenía todas consigo. Los negocios de Ortiz en Rabasa seguían sin cuajar, y los multimillonarios créditos no estaban bien garantizados. Había miedo a que Rabasa explotara y que la onda expansiva afectara de lleno a la caja. Además, el Banco de España estaba investigando las operaciones con grandes clientes, entre ellos, Valfensal y Ortiz. El propio director general, Roberto López Abad, muestra este temor en una conversación con Ortiz el 28 de julio de 2009.

En esta charla telefónica, el primer ejecutivo de la entidad deja claro al empresario que hay sentarse a hablar y camuflar la operación porque se acercan los vencimientos de deuda de los créditos de Rabasa y evitar problemas:«Quiero hablar contigo sobre los vencimientos que tienes, porque necesito maquillar eso porque si no nos van a pillar en un sándwich a ti a y a mí». Ortiz está de acuerdo y quedan en verse. Tres meses después(22 de octubre de 2010), el consejo de CAM volvió a ampliar el plazo de devolución del préstamo de 35,9 millones del suelo de Rabasa que iba a vencer. Ortiz logró otros dos años para devolver el dinero, y se aprobaron otras cuatro operaciones para Deproinmed por un montante de 68 millones.

Ya en enero de 2011, la CAM refinanció antes de ser intervenida toda la deuda de Deproinmed (unos 145 millones de euros), logrando Ortiz otros tres años de prórroga para retornar el dinero de los suelos de Rabasa. Ortiz consiguió su objetivo: ganar tiempo a la espera de vender el suelo de Rabasa a Ikea (un dinero que se comprometió a depositar en la caja) y de reactivar el Plan Rabasa, todo ello con la colaboración del Ayuntamiento encabezado por Sonia Castedo.

La teoría no se cumplió y Ortiz podría perder ahora los terrenos a manos del Sabadell al no completar la venta con Ikea. Los créditos están impagados, el actual consistorio rechaza que el grupo sueco se instale en Rabasa y los paganos finales pueden ser los contribuyentes si el proyecto Ikea fracasa. Conclusión: el fallido negocio amenaza con pasar factura pública.

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