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Así lo ha expuesto el fiscal Luis Rodríguez Sol durante la quinta sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional contra ambos exdirectivos, a los que reclama además que se les condene a indemnizar bien al Banco Sabadell, -entidad a la que fue adjudicada la CAM por un euro tras su intervención-, o bien a su participada Tenedora de Inversiones (TI) en la cantidad de 1.494.029,99 euros.

El fiscal acusa a López Abad y al fallecido presidente Vicente Sala de haber incurrido en un fraude de ley al haber creado una comisión de control en esta última sociedad, participada al 100 % por CAM, para adjudicar a sus miembros -que eran los mismos de la comisión de control de la caja, incluido el propio Avilés, que la presidía- unas dietas que no les correspondían.

«No se trabajaba nada entre reunión y reunión, tenían un enorme grado de desconocimiento de sus funciones», ha subrayado el representante de Anticorrupción, que ha añadido: «era como asistir a una conferencia, uno va, se sienta y escucha lo que se le dice y como mucho hace preguntas al final».

Puesto que «no tenían ninguna responsabilidad ni derecho a cobrar absolutamente nada, pedimos algo tan razonable como que devuelvan lo que recibieron y que no tenían ningún derecho a cobrar», ha dicho sobre los 18 miembros de esa Comisión de Control de TI, a los que considera partícipes a título lucrativo y por ello cree que deben afrontar la cantidad de forma solidaria con los acusados.

El organismo en TI se creó en 2005 y estuvo activo hasta 2011, periodo en el que se cobraron dietas, incrementadas de manera sucesiva hasta multiplicarse por 150, de entre 9.000 euros y los 308.000 que se desembolsó el propio Avilés.

Además, el fiscal se ha referido a los préstamos que recibió de manera presuntamente irregular a una sociedad vinculada a Avilés, «La Vereda de Sucina», que controlaba mediante sociedades interpuestas y varios familiares por valor de casi 17 millones.

Para eludir el control del Instituto Valenciano de Finanzas y renovar sus préstamos, simuló un traspaso de acciones a su hermana, que ingresó 90.000 euros en una cuenta que le había dado la esposa del acusado, el cual evitaba así un impago que le hubiera obligado a abandonar su puesto en la caja.

«El préstamo tenía muerte cerebral, no se podía reanimar y mantenerlo era perjudicial para la caja; era como una bola de nieve, la deuda va creciendo», ha relatado.

Mientras, el letrado Carlos Gómez-Jara, que ejerce la acusación particular en nombre del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y la Fundación CAM, ha mantenido también su petición de cárcel de seis años para López Abad y de diez para Avilés.

Asimismo, ha reclamado una indemnización de 4,9 millones por el «quebranto» derivado de los préstamos para el Fondo de Garantía de Depósitos, ya que este organismo le inyectó 5.249 millones antes de la venta de CAM al Sabadell.

«El FGD hace la labor de bombero del sistema financiero, y si tiene que soportar lesiones por su intervención, hay que indemnizarle, y cada culpable deberá hacerlo en su proporción», ha concluido

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