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A Roberto López Abad, ex director general de la caja alicantina, y a Juan Ramón Avilés, el ex presidente de la comisión de control, se les atribuye el reparto de dietas irregulares y la financiación de ruinosos negocios inmobiliarios en los que el segundo tenía intereses particulares. Ambas acciones están penadas con la cárcel como administración desleal y apropiación indebida. Al mismo tiempo, se reclama que una veintena de ex consejeros devuelvan dietas cobradas indebidamente.

Hay que aclarar que no todas las cajas de ahorro han funcionado igual, pero ha sido un secreto a voces que en muchas de ellas se estaban cometiendo todo tipo de tropelías en la más absoluta impunidad. El caso de la entidad alicantina es paradigmático. La desastrosa gestión y el saqueo de sus fondos hicieron que pasara de ser la cuarta caja española a intervenida por el Estado y vendida por un euro al Banco Sabadell.

Según las investigaciones judiciales de la Audiencia Nacional, Avilés se concedió a sí mismo y en condiciones ventajosas créditos por valor de 16,6 millones, utilizando a familiares como testaferros. De esas prácticas se derivaron impagos de cerca de cinco millones de euros. La instrucción señala al propio ex director general, López Abad, como ideólogo del sistema de cobro de dietas irregulares para poder exceder, sin justificación alguna, los límites retributivos establecidos en los estatutos de la entidad. Como consecuencia, en plena crisis, con el paro en cotas históricas y millones de familias con dificultades, los directivos de la caja multiplicaron sus dietas por dos. Más aún, cuando después de todo ello López Abad se jubiló en 2011, se llevó casi cuatro millones de euros.

Cabe preguntarse qué hacían ante todo esto los representantes de la comunidad autónoma y de los ayuntamientos que se sentaban en los los consejos de administración, dado que su misión era la de controlar la gestión. Sorprende igualmente que el Banco de España no detectara en su día unas prácticas tan escandalosas como fraudulentas, porque en cuanto se ha empezado a investigar en serio la gestión de las entidades que han tenido que serauxiliadas por el Estado, se han visto los desmanes cometidos.

El caso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo debería abrir el camino para proceder de igual forma contra los responsables de otras cajas arruinadas, de manera que quien haya actuado fuera de la ley se siente en el banquillo y pague por sus fechorías. Estamos ante un caso que indigna con razón a los ciudadanos. Ahora sabemos que los responsables de algunas entidades que todos los españoles hemos tenido que rescatar se enriquecieron a la luz del día y sin escrúpulos.

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