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Rocío Martínez Rincón

Una entidad financiera puede llegar a cobrar más de 300 comisiones distintas por sus servicios a sus clientes. Según un análisis de Facua, los usuarios de servicios bancarios pagan de media unos 200 euros anuales en comisiones por operaciones sencillas en cuentas corrientes o tarjetas. Adicae, en cambio, calcula que en un año algunas comisiones de la banca, “que se está recapitalizando a costa de los consumidores”, han llegado a subir hasta un 26%.

La banca ha perdido una de sus fuentes de financiación con la sequía crediticia. Sin las comisiones que dan los créditos al consumo –que en la actualidad pueden llegar a alcanzar el 10% TAE–, las entidades buscan otras fuentes de ingresos. Y las han encontrado en el resto de las comisiones por servicios. Incluso ya hay entidades que cobran por los ingresos de terceros en cuentas corrientes en ventanilla, por los pagos de recibos en sucursales o realizan cargos por sacar efectivo en los cajeros de la propia sucursal del cliente.

Por ejemplo, La Caixa cobra dos euros por los ingresos en efectivo por ventanilla en un depósito en el que el ordenante no es titular, la misma cuantía que cobra Banco Sabadell por este concepto, aunque especifica que la cuenta no debe ser de consumidores. Banco Santander percibe tres euros por los pagos en efectivo de recibos no domiciliados, mientras que Banco Sabadell cobra dos euros por este mismo "servicio". Banco Popular, en cambio, ingresa un euro por la retirada de efectivo en una oficina distinta de la que está radicada la cuenta y 0,50 euros por la retirada de efectivo en cajeros desplazados, es decir, los que están fuera de las sucursales. Además, está muy extendida la práctica de cobrar comisiones abusivas por sacar dinero a crédito en las oficinas de la propia entidad.

Las asociaciones de consumidores alertan de las ofertas de las entidades sobre las cuentas sin comisiones. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, recuerda que las campañas “sin comisiones” esconden en muchos casos el cumplimiento de una serie de requisitos. Por este motivo, aconseja leer estas condiciones con detenimiento y entenderlas a la perfección, además de estar pendiente de que se cumplen escrupulosamente tras la contratación del producto, para evitar sobresaltos.

De hecho, esta asociación reconoce que las reclamaciones contra la banca realizadas por sus socios se duplicaron en 2012 frente al año pasado, sobre todo por denuncias por comisiones cobradas irregularmente y por la aplicación de cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios o al consumo. Sánchez denuncia que el principal motivo de queja de los consumidores es el cobro de las comisiones por descubierto, a las que califica de abusivas: “Quedarte en números rojos de un euro y cobrarte 10 euros en concepto de penalización es demasiado”.

Adicae añade algunos motivos más de enfado de los consumidores. Francisco Sanz, responsable de estudios, apunta a las comisiones dobles, como el cobro de las comisiones de apertura y de estudio a la hora de conceder un crédito, como uno de los principales problemas con los bancos. La suma de ambos conceptos rara vez baja de los 500 euros, todo un abuso teniendo en cuenta que el estudio de la concesión de crédito no es un servicio al cliente, sino una necesidad para la entidad, que debe valorar la solvencia del potencial receptor del préstamo.

Una queja más de Sanz hace referencia a las comisiones de gestión en productos financieros como los planes de pensiones o los fondos de inversión. “Estos productos de ahorro cobran comisiones incluso a pesar de presentar pérdidas a lo largo del año. Nosotros les reclamamos que cobren en función de resultados, a lo que nos responden que en ese caso las comisiones serían superiores”, explica Sanz, que ofrece como solución a este problema la competencia entre entidades para captar clientes.

Y, a la hora de reclamar, el cliente encuentra más obstáculos. El primer paso que debe dar un consumidor afectado por una comisión abusiva es plantear una reclamación en su propio banco pero, si no llega a buen término, las reclamaciones deben realizarse en las consejerías de consumo de las comunidades autónomas.

El problema que denuncia Rubén Sánchez es que muchas veces las propias administraciones autonómicas desvían el problema al Banco de España, que, a su vez, les vuelve a remitir a las comunidades autónomas, puesto que no tiene competencias al respecto. Y, para evitar el cobro de comisiones de forma abusiva, Francisco Sanz aconseja a los clientes que adquieran la cultura de negociar las cuotas impuestas de las sucursales. “No deben asumir sin negociar las tarifas propuestas porque vengan impuestas por la central. Hay que intentar rebajarlas, pues hay que tener en cuenta que las comisiones anunciadas no dejan de ser tarifas máximas”.

Las comisiones más estrambóticas

Leer detenidamente las tablas de tarifas máximas en el tablón de anuncios de una entidad es una tarea bien entretenida. Estos folletos cumplen a la perfección el cliché de utilizar un lenguaje ininteligible que tantos problemas han causado a los usuarios de banca en la contratación de productos financieros.

Las entidades cobran por renegociar las condiciones de los créditos en el caso de que el titular del préstamo no pueda hacer frente al pago. Una situación cuando menos paradójica, puesto que imponer más costes a un cliente con dificultades de pago no hace otra cosa que agravar su situación financiera. Además, renegociar las condiciones de pago favorece, per se, a la entidad, ya que mejora la solvencia de su cliente y, por lo tanto, de su cartera crediticia.

Tampoco tiene mucho sentido aplicar un recargo al cliente que quiere cobrar un cheque que al final no tiene fondos. Sobre todo teniendo en cuenta que buena parte de las indemnizaciones por despido se abonan a través de esta fórmula. Un cheque por 1.000 euros que sea devuelto porque el pagador no tiene fondos conlleva un coste para el consumidor de unos 45 euros. Además de no cobrar su dinero, debe pagar por el error de un tercero. Y ser millonario con la Lotería Nacional también tiene un coste. Los bancos cobran por la custodia de billetes de lotería y un porcentaje del premio por el cobro del boleto. 

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