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FERNANDO J. PÉREZ / EZEQUIEL MOLTÓ Madrid / Alicante 

El ex director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Roberto López Abad, y el ex director general de empresas de esa entidad financiera, Daniel Gil, han ingresado este jueves en prisión eludible bajo fianza por orden del juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez. Ambos podrán salir de la cárcel si depositan 1,5 millones y 400.000 euros respectivamente.

Los detenidos podrán salir de la cárcel si depositan sendas fianzas de 1,5 millones y 400.000 euros 

Los dos directivos de la CAM están acusados de concertarse con dos empresarios —Vicente Ferri y Salvador Baldó— a los que otorgaron créditos por 160 millones de euros para comprar hoteles y terrenos en México, República Dominicana y Costa Rica, a sabiendas de que su sociedad, Valfensal SL, operaba a través de una entidad radicada en el paraíso fiscal de Curaçao (antiguas Antillas Holandesas). Estos empresarios, sobre los que pesa una orden de arresto pero que no han sido todavía detenidos al encontrarse fuera de España, defraudaron a la Hacienda Pública no menos de 42,9 millones de dólares (31,8 millones de euros). Los exdirectivos de la CAM supuestamente se lucraron también con Valfensal, y ello en perjuicio de la entidad financiera y cuando esta se encontraba a un paso de la quiebra, sostiene el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3.

El pasado miércoles, Bermúdez ordenó a la Guardia Civil el arresto de cinco personas: tres directivos de la CAM —los dos encarcelados y también César Véliz, miembro del consejo de administración de la caja alicantina— y los dos empresarios hoteleros ilocalizables Ferri y Baldó. Las detenciones se ordenaron para evitar el riesgo de destrucción de pruebas y de fuga, ya que, según Bermúdez los presuntos responsables del fraude “cuentan con medios económicos y relaciones en el exterior que les permitirían eludir la acción de la justicia y situarse en Curaçao”, país que no cuenta con convenio de extradición con España.

La operación Mar Nuestro se ha saldado finalmente con nueve detenidos —tres por orden judicial y seis por iniciativa policial— y otras once personas investigadas en las provincias de Alicante, Madrid, Palma de Mallorca y Valencia. El magistrado imputa a los arrestados delitos fiscales y societarios, apropiación indebida y administración indebida. El instituto armado plantea también la existencia de un posible delito de blanqueo de capitales.

La investigación se inició en el año 2012 como consecuencia de una querella presentada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), una vez intervenida la caja por el Banco de España, contra los antiguos directivos de la CAM por la supuesta concesión de varios préstamos eludiendo los procedimientos internos de control de la caja.

Según Bermúdez, ambos directivos de la caja fueron informados por los empresarios Ferri y Baldó de la intención de adquirir una sociedad domiciliada en un paraíso fiscal para desviar la mayor parte de los ingresos obtenidos por los hoteles que tenían previsto adquirir o construir.

Esta estructura fiscal fue creada, afirma el juez, con el asesoramiento del despacho de abogados Garrigues, que utilizó una sociedad pantalla, Jacksonport Corporation NV, en Curaçao (antiguas Antillas Holandesas). El magistrado afirma que el bufete, pese a conocer que la sociedad antillana “podía ser una mera cobertura”, emitió dos informes que defendían su legalidad. Garrigues definía así, según Bermúdez, “la estructura societaria de la que se valdría Valfensal para eludir sus obligaciones fiscales”.

Los exdirectivos de la CAM supuestamente se lucraron con Valfensal, y ello en perjuicio de la entidad financiera

Una vez garantizada la financiación de la CAM, que participaba con un 30% de Valfensal, un despacho antillano dotó a la sociedad Jacksonport de la cobertura necesaria para aparentar que tenía una actividad real y que era el centro de toma de decisiones de las inversiones de Valfensal en el exterior. Con ello, Valfensal compró en 2004 el hotel Caracol en México y posteriormente el Hotel Gala, en Playacar (México). La facturación de estos establecimientos se concentró en la sociedad antillana, lo que supuso eludir impuestos en España por valor de aproximadamente 43 millones de dólares entre 2007 y 2011.

El juez sostiene que en 2010 los directivos de la CAM López Abad y Gil crearon una sociedad vinculada a ellos que se encargaría de gestionar los hoteles de Valfensal. Esto supuso retornar a España los beneficios de la empresa sin que la caja, ya quebrada, obtuviera ingreso alguno

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