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Los responsables públicos de la CAM acusaron al exdirector general de la entidad alicantina de "obtener un lucro personal
La gestión de los últimos años de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) antes de su nacionalización y posterior venta de su brazo financiero al Banco Sabadell no deja de deparar sorpresas. Ayer se supo que el FROB ha acusado al último exdirector general de la entidad, Roberto López Abad, y al exresponsable de proyectos inmobiliarios, Daniel Gil, de "obtener un lucro personal" con cinco operaciones realizadas con una de las firmas participadas de la entidad, la sociedad Valfensal. La Audiencia Nacional está realizando varias investigaciones sobre la CAM, a la que se añade esta querella.
López Abad ya está imputado dentro de la investigación principal sobre la caja que sigue el juez Javier Gómez Bermúdez por las jubilaciones millonarias que se adjudicaron los antiguos gestores en plena crisis de la CAM.
La entidad acusa a sus antiguos responsables de utilizar la compraventa de tres hoteles y la adquisición de dos parcelas en la República Dominicana y México como "pantalla" para "una transferencia de fondos no justificada" desde la caja a Valfensa. Esta sociedad está participada en un 70% por dos empresarios vinculados a López Abad y en un 30% por la filial Tenedora de Inversiones y Participaciones que, según la querella, fue utilizada por el exdirector general y por Gil como "una zona opaca de gestión al margen de los mecanismos habituales de la CAM".
La querella presentada por el abogado del FROB Carlos Gómez-Jara señala que la racionalidad de las citadas operaciones inmobiliarias en el extranjero solo adquiere pleno sentido "si se las concibe como actuaciones ilícitas-delictivas cuya finalidad era obtener el lucro personal" de López Abad y Gil, que además las ocultaron "bajo la apariencia de inversiones" y sin pasar por los controles normales de la entidad.
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