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MERCEDES GALLEGO El ex director general de la CAM Roberto López Abad y el ex responsable de inversiones inmobiliarias de la caja Daniel Gil Mallebrera están siendo investigados por el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez tras la querella presentada contra ambos, además de contra los empresarios de Benidorm Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó, en relación a cinco operaciones inmobiliarias, cuatro en el Caribe y una en Tenerife, realizadas a través de Valfensal S.L. Una sociedad propiedad en un 70% de los empresarios querellados, participada por la caja de ahorros en el 30% restante a través de su filial Tenedora de Inversiones y Participaciones S.L. (TIP) y en la que tanto López Abad como Gil tenían plena capacidad de decisión y similar nivel de autonomía para actuar «al margen», e incluso «en contra», de los procedimientos internos previstos creando para determinadas operaciones una «zona de gestión opaca», según recoge la querella.

Firmado por el abogado designado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para representar los intereses de la CAM, el penalista Carlos Gómez-Jara, el escrito pone en conocimiento del juez «la existencia de cinco operaciones de inversión cuya racionalidad económica resulta incomprensible en términos de una gestión ordinaria y, en cambio, adquieren pleno sentido si se las concibe como actuaciones ilícitas cuya finalidad era obtener un lucro personal compartido (junto a López Abad y Gil) con los coquerellados propietarios del grupo Mar Confort (sociedad a través de la que Ferri y Baldó están presentes en Valfensal) ocultándolas bajo la apariencia de inversiones».

«Beneficio patrimonial»
En el escrito, que se presentó el pasado julio pero que ha permanecido bajo secreto hasta hace unos días para no dificultar la investigación, se afirma, en cuanto a López Abad y a Gil Mallebrera, que «ha habido un desempeño gravemente desleal de sus funciones», que «ese ejercicio irregular de sus cargos ha sido llevado a cabo con la voluntad de obtener un beneficio patrimonial» y que «esa actuación ha producido un perjuicio cierto en la CAM en forma de la distracción de fondos de su propiedad».

Para el FROB, cuya interpretación de cómo actuaron los querellados comparte la Fiscalía Anticorrupción, los indicios de delito «son de una claridad poco común por lo completamente irregular de la gestión hecha desde la CAM en TIP y en sus relaciones con el grupo Valfensal (...) ya que se ha traspasado el umbral de una gestión caótica, irregular, llegando a conductas de relevancia penal». Y cita no sólo «las características de las cinco ruinosas operaciones de inversión sino también el modo de constitución y funcionamiento de TIP, impulsado decisivamente por Daniel Gil Mallebrera».

La querella, que se dirige contra estas cuatro personas pero que no excluye que, en función de la instrucción, pudiera ampliarse a más, califica la gestión de López Abad y de Gil de «incompatible con el cumplimiento de sus funciones en la CAM consistente en sucesivas ocasiones en la implicación de la entidad, a través de TIP, en negocios gestados al margen de todas las estructuras competentes en la CAM». Unas actuaciones por las que «ha salido de la caja un gran flujo de financiación para integrarse, a través de la filial, en inversiones conjuntas hechas a través de Valfensal cuyas irregulares características de gestión y condiciones ventajosas para los socios de las CAM (en alusión a Ferri y Baldó) y perjudiciales para la caja, nos harán afirmar, a la hora de calificar los hechos jurídicamente, que se trató lisa y llanamente de actos de distracción de fondos de la CAM a favor de terceros».

En otro momento de la exposición de unos hechos que Gómez Bermúdez ya ha empezado a investigar, el abogado insiste en que el ex director general y el exalto ejecutivo no sólo actuaron «al margen de todo procedimiento interno», sino «en contra», tal como recoge el informe encargado por el FROB a Deloitte en el que también se alude a la existencia de pruebas de «una muy sospechosa proximidad personal y comercial» de López y Gil con los dos empresarios querellados, «proximidad que no puede por menos que constituirse en un poderoso indicio acerca del verdadero sentido de las actuaciones habidas: despojar a la CAM de determinados fondos distrayéndolos a una ordenada administración, como era la obligación de los dos primeros».

Sin dejar de poner la lupa en la exigencia de una lealtad que, de concretarse los hechos recogidos en la querella, tanto López Abad como Gil no habrían observado con la entidad que sí confió en ellos para situarlos en cargos de responsabilidad, llama la atención Gómez-Jara sobre la «privilegiada posición de determinados sujetos para lesionar el patrimonio social (...) y la especial vulnerabilidad de la víctima» para terminar ilustrando gráficamente la supuesta actuación de los dos ex directivos: «es el caso del perro guardián que devora la carne en la cocina de dueño», precisa el letrado quien, de entrada, considera que los hechos denunciados son constitutivos de cinco delitos de apropiación indebida o, alternativamente, de otros tantos de administración desleal sin perjuicio de que a lo largo de la instrucción pudiera concretarse la comisión de otras infracciones penales como blanqueo de capitales, falsedad documental o contra la Hacienda pública.

Ésta la cuarta pieza que se instruye en la Audiencia Nacional en relación a la gestión de la caja de ahorros después de la abierta contra la ex cúpula directiva (en la que también está imputado López Abad), de la que se sigue (a raiz, igual que ahora, de un querella del FROB) contra el presidente de la Comisión de Control, Juan Ramón Avilés, y de la que investiga la comercialización de preferentes y participativas.

Daniel Gil, por su parte, está imputado por tráfico de influencias y uso de información privilegiada en la causa se que instruye en el Tribunal Superior (TSJ) por los presuntos amaños del PGOU de Alicante si bien el primer instructor de este proceso, Manrique Tejada, planteó que se sobreseyeran los cargos contra él, decisión que ahora corresponde tomar al TSJ.

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