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• Mercedes GallegoUna comprobación más antes de llegar a conclusiones definitivas. Eso es lo que pretende el fiscal anticorrupción que está actuando en los tres procesos abiertos en la Audiencia Nacional por supuestas irregularidades en la gestión de la CAM por parte de sus últimos responsables así como por la comercialización de productos financieros que han diezmado los ahorros de miles de clientes de la entidad, actualmente en proceso de extinción.
• En un escrito remitido al juzgado Central de Instrucción número 3 que dirige el magistrado Javier Gómez Bermúdez, el acusador púbico pide que se libre un oficio al Banco de España "con el fin de que puedan ser designados dos peritos de entre el Cuerpo de Inspectores de esta entidad que no hayan intervenido en ninguna de las actuaciones inspectoras y sancionadoras seguidas contra la CAM".
• A continuación, el representante de la Fiscalía Anticorrupción enumera aquellos aspectos de la contabilidad de la caja que considera que tienen que ser de nuevo auditados por estos peritos "no contaminados". Quiere el fiscal que se informe de "si se han calificado y contabilizado correctamente en los estados financieros elaborados por la CAM entre 2007 y 2011 los créditos subestándar, dudosos o fallidos y si se han aplicado correctamente los criterios de rehabilitación".
• Tratamiento contable
  También busca saber "el tratamiento contable" que se dio a las cuentas de 2010 así como los "estados intermedios de 2011 elaborados por los antiguos administradores de la CAM" a operaciones auditadas por la consultora PwC, un informe realizado a instancias de los administradores de la caja designados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y base de las imputaciones contra la excúpula. En concreto se refiere a "la liberación de provisiones ligadas a préstamos titulizados, al reparto de dividendos de las sociedades filiales de la CAM y a la dotación relativa al fondo de prejubilaciones".
• En la petición planteada al juez considera el fiscal que también es relevante que los inspectores del Banco de España se pronuncien sobre la "corrección de las retribuciones asignadas y en su caso pagadas al personal de alta dirección de la CAM" y, "en el caso de que los peritos aprecien irregularidades en los anteriores apartados, si éstas deberían o podrían haber sido detectadas por los auditores externos mediante el desarrollo de los trabajos y procedimientos de auditoría generalmente aceptados".
• Aclarar este último aspecto, es decir, si los auditores de la CAM no detectaron las presuntas irregularidades o si, por el contrario, sí lo hicieron y las pasaron por alto, es determinante por cuando en función de la conclusión a la que se llegara, de admitir Gómez Bermúdez la petición del fiscal, los auditores podrían ser llamados a declarar bien como testigos (en el primer supuesto) o como imputados (si no hubiera duda de que estaban al corriente de las anomalías y nada hicieron al respecto).
• Por último, el acusador público pretende que tras esta nueva revisión de las cuentas los peritos informen de la "incidencia de las anteriores cuestiones en el reflejo de la imagen fiel de la situación financiera de la CAM y, en su caso, evalúen el perjuicio causado a la entidad o a terceros".
• Se trata, según el fiscal, de una "pericia eminentemente contable" que despejaría dudas sobre la imparcialidad de los peritos y quitaría argumentos a quienes mantienen que se están manejando "informes de parte". Afirmaciones que se apoyan en el hecho de que el de PwC fue encargado por quien ejerce la acusación particular en la pieza principal (en las que están imputados el expresidente Modesto Crespo, los exdirectores generales Roberto López y María Dolores Amorós y los exdirectores Vicente Soriano y Teófilo Sogorb) y en que los inspectores del Banco de España que han informado hasta ahora pueden estar influenciados por actuaciones previas que hayan llevado a cabo en relación con la entidad.
• Por otro lado, la comisión de investigación de la CAM se reanuda mañana en las Cortes después de tres meses de parón.
• Si la CAM mintió o no, determinante para la solución a las cuotas
  Comprobar si los antiguos gestores de la CAM entregaron al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (a quien el juez acaba de solicitar información al respecto) los datos reales de la situación financiera de la entidad para comercializar las cuotas participativas va a ser determinante en la solución legal que se dé a los afectados por la compra de este producto. Si las cuentas de 2007 (las que se analizaron para autorizar la emisión de las cuotas un año después) respondían a la realidad, no muy largo recorrido podría tener este asunto en la jurisdicción penal, que sí actuaría, por contra, en el supuesto de que se detectara un engaño. Ahora bien, si la información contable era la real, aún cuando el modo en que se vendieron estos valores y el perfil del cliente que se eligió sea más que censurable, la solución legal habría que buscarla en la jurisdicción civil, más ágil que la penal por otro lado, donde los afectados litigarían para recuperar su dinero. Un criterio que mantiene Anticorrupción pero donde las acusaciones populares también tienen mucho que decir.

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