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M. A. R. / ALICANTE

Día 06/09/2012

La exdirectora general de Caja Mediterráneo (CAM) María Dolores Amorós ha dirigido un escrito al Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional en el que solicita la nulidad de todas las medidas cautelares impuestas por el juez Javier Gómez Bermúdez a los cinco exconsejeros y exdirectivos de la caja imputados: la retirada de sus pasaportes, la obligación de comparecer ante el Juzgado cada 15 días -para evitar el riesgo de fuga-, así como el depósito de una fianza solidaria de 25,8 millones de euros.

En su incidente de nulidad, Amorós alega que el magistrado no ha motivado suficientemente el auto en el que impuso estas medidas cautelares, lo que provoca indefensión a los imputados. Además, argumenta que la cifra de 25,8 millones fijada como fianza no es resultado de un peritaje independiente, sino de un informe de parte, ya que corresponde a la estimación que la auditora PwH realizó, por encargo de los administradores del FROB, sobre las pérdidas que los cinco imputados habrían causado a la entidad financiera.

En esta causa están imputados, por presunto delito societario y estafa, el expresidente Modesto Crespo, así como los exdirectores generales de la CAM María Dolores Amorós y Roberto López Abad, el exdirector de Recursos Vicente Soriano y el exdirector de Planificación Teófilo Sogorb. Modesto Crespo es el único de los cinco imputados que hasta el momento ha remitido al juez una relación de sus bienes, con el fin de responder a la fianza impuesta.

No obstante, los cinco imputados han dirigido al magistrado recursos de reforma en los que solicitan que anule la fianza impuesta. Por su parte, el abogado que ejerce la acusación particular, Diego de Ramón, ha dirigido al juez Gómez Bermúdez varios escritos de alegaciones en los que le solicita que rechace estos recursos y mantenga la fianza. El letrado que representa a los cuotapartícipes afectados recuerda que López Abad cobró 5,5 millones de euros de indemnización por prejubilarse apenas unas semanas antes de que la caja fuera intervenida, mientras que el también imputado Soriano cobró 1,7 millones por el mismo concepto. Por tanto, argumenta, no pueden alegar insolvencia para negarse a depositar la fianza. En el caso del expresidente Modesto Crespo, añade Diego de Ramón, percibía de la caja un sueldo de 300.000 euros anuales.

Por otro lado, tras el paréntesis del verano, la comisión de investigación de las Cortes sobre la quiebra de CAM retoma su actividad y ha solicitado 18 nuevas comparecencias, que se abrirán el día 24. Entre los convocados por las Cortes figuran los exconsejeros Joaquín Longinos y Antonio Gil Terrón.

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