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El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha acordado retirar el pasaporte a los ex directivos generales de la CAM María Dolores Amorós y Roberto López Abad ante el posible riesgo de fuga y les ha impuesto comparecencias quincenales en los juzgados o comisarías próximos a sus domicilios.
19 Julio 12 - Madrid - EFE
Según indicaron fuentes cercanas al proceso, Gómez Bermúdez ha prohibido a López Abad -considerado el "cabecilla" de la estrategia de la caja alicantina- salir del territorio español y a Amorós del territorio europeo.
Para el resto de los imputados en la causa que se sigue contra la antigua cúpula de la CAM, el expresidente de la caja, Modesto Crespo, el exdirector de Recursos, Vicente Soriano y el exdirector de Planificación y Control de la caja Teófilo Sogorb, el juez no ha decretado ninguna medida cautelar, tal y como pedía la acusación popular.
Los cinco imputados están acusados de un delito societario, de estafa, manipulación del precio de las cosas y de apropiación indebida. Las mismas fuentes señalaron que el juez podría llamar a declarar próximamente a más personas dentro de la causa.
La medidas cautelares para los antiguos directores generales de la caja se han adoptado después de que declarase como imputado López Abad, el único que aún no lo había hecho.
A respuestas del juez y del Ministerio Fiscal, López Abad -que no ha querido responder al representante del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria)-, ha asegurado que la crisis que atravesaba la CAM era común al resto de entidades y que los problemas de la caja comenzaron a raíz del SIP, la alianza con la que la entidad se iba a unir con Cajastur y otras dos cajas.
El ex director general de la caja entre enero de 2001 y noviembre de 2010, se ha desvinculado además de los polémicos préstamos en los que participó la CAM, entre ellos a Terra Mítica, al "Pocero", a Polaris World o los 300 millones de dólares que utilizó la caja para adquirir la constructora mexicana Crédito Inmobiliario.
Asimismo, ha defendido la legalidad de los movimientos de la caja, que fue intervenida por el Banco de España el 22 de julio de 2011 tras haber perdido 1.136 millones en los seis primeros meses de ese año y tener como morosidad más de la mitad de sus préstamos a promotores inmobiliarios.
El abogado Diego de Ramón, que representa a la plataforma de afectados de la CAM, una entidad que ha dejado atrás 137 años de historia, había pedido para todos ellos prisión preventiva bajo una fianza solidaria de 12 millones de euros.
De Ramón había solicitado además al juez que bloquease las indemnizaciones millonarias que cobraron los antiguos responsables de la CAM tras salir de la entidad, especialmente López Abad que se llevó 5,6 millones de euros, que les retirase el pasaporte, que les embargase cautelarmente los bienes y que interviniese en el proceso la unidad de blanqueo de capitales del Banco de España.
La causa que se sigue contra la antigua cúpula de la entidad está motivada por una querella presentada, entre otros, por el abogado Diego de Ramón y a la que se han sumado afectados por las participaciones preferentes y las cuotas participativas.
Se prevé que el juez dicte mañana un auto con las cautelares que ha adoptado hoy "in voce".
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