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La auditoría revela que miembros de la excúpula obviaron el estado contable de la entidad y la normativa interna para atribuirse pagos
MERCEDES GALLEGO ALICANTE Volcados en asegurarse un futuro saneado aunque para ello hubiera que obviar resultados negativos, modificar normativas internas o ignorar a los órganos de la caja. Esto es lo que se desprende de las conclusiones del informe pericial realizado por la auditora Pricewaterhouse (PWC) a instancias de la CAM sobre las indemnizaciones por prejubilación del comité de dirección de la entidad cuyo contenido ha sido ratificado por sus autores ante el juez Gómez Bermúdez. El magistrado dirige una investigación desde el juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional que pretende esclarecer si existe responsabilidad penal en el hundimiento de la caja por parte del que fuera su último equipo directivo del que de momento hay cinco de sus exmiembros imputados: el expresidente Modesto Crespo, los exdirectores generales Roberto López y María Dolores Amorós y los exdirectores Vicente Soriano y Teófilo Sogorb. Estafa, apropiación indebida o manipulación para alterar el precio de las cosas son algunos de los delitos cuya imputación podría concretar el juez esta misma semana.
El informe, fechado el pasado 4 de junio y de un extensión cercana al centenar de folios, cifra en alrededor de 20 millones de euros el perjuicio económico causado a la CAM por el abono de complementos salariales variables establecidos como sistema retributivo de la entidad y percibidos por el comité de dirección y por lo cobrado indebidamente, según los peritos, como indemnizaciones por su prejubilación de los seis directivos que dejaron la caja por esta vía en 2011: Roberto López, Vicente Soriano (ambos imputados en el procedimiento de la Audiencia Nacional), Agustín Llorca, Joaquín Meseguer, Gabriel Sagristá y Daniel Gil.
Impacto de las actuaciones
El objeto de la auditoría era analizar y cuantificar el impacto económico de determinadas actuaciones llevadas a cabo por algunos de los miembros de la excúpula directiva de la hoy extinta caja de ahorros. Se trataba de ver en concreto «las indemnizaciones percibidas por los seis directivos que se prejubilaron, los acuerdos aprobados tanto por la comisión de retribuciones como en el consejo de administración en materia de previsión social complementaria a la jubilación entre los años 2007 y 2011, así como los adoptados por los miembros del la excúpula respecto a esta materia y acerca de la conveniencia del abono de los complementos salariales variables establecidos como sistema retributivo de la entidad y percibidos por los entonces directivos», recoge la auditoría.
Tras precisar que los seis directivos percibieron en total por sus prejubilaciones algo más de once millones de euros (el coste para la entidad alcanzó casi los quince millones y medio) pasa el informe a señalar que aunque en 2007 la caja aprobó un sistema de previsión complementario al de la Seguridad Social y el plan de pensiones para directivos que a la edad de jubilarse hubieran permanecido en el comité de dirección más de cinco años (lo que les permitía obtener una cobertura equivalente al 60% de la media de la retribución fija anual percibida en los tres años anteriores a la jubilación), desde su aprobación este incentivo se fue aumentando sin que lo autorizara el consejo de administración. A la primera ampliación siguieron otras, según PWC, eliminándose en 2010 el requisito de los cinco años de permanencia. En 2011 Amorós, López Abad y Soriano (todos ellos imputados ahora) «cerraron el compromiso con cada uno de los miembros del comité de dirección fijando la cuantía a cobrar en el momento de la jubilación tomando como base el salario fijo de 2010 pese a no haberse acordado en ningún órgano de gobierno».
No obvian los auditores el daño patrimonial causado a la entidad por el exceso de la prima pagada a Caser Seguros motivada por la modificación, para ampliarse, de los acuerdos iniciales y cifrado como mínimo en 742.318 euros. Ni ese ni el provocado por las decisiones sobre los complementos salariales variables de la caja precisandi en este punto que en 2010 no se alcanzó la relación porcentual mínima para abonar la paga de beneficios ni para la aportación al plan de pensiones pero que aún así se satisfacieron ambos conceptos. Idéntica actuación que se había tenido los dos años anteriores.
Prejubilaciones
En el apartado de las prejubilaciones, revela el informe que los acuerdos suscritos los por seis ahora exdirectivos no fueron ratificados ante el consejo de administración con la excepción de la carta de garantía de de Agustín Llorca, que sí fue ratificada por este órgano. Según el cálculo de los auditores, «el beneficio ilícito obtenido por los seis miembros del equipo de dirección asciende a 1.243.034 euros» cifrando el perjuicio económico ocasionado a la entidad en 2.145.987 euros. No obstante, los auditores afirman que esta última cifra podría elevarse hasta más de cinco millones y medio de euros si se recalcularan las indemnizaciones «tomando en consideración el criterio general de la autoridad laboral».
La CAM, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), está personada en el procedimiento penal abierto en la Audiencia Nacional.
Los auditores fijan en 1.243.034 euros el «beneficio ilícito» obtenido por los seis directivos que se prejubilaron en 2011
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