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Salvador Camarena México 15 JUN 2012 

El Gobierno mexicano anunció este viernes que revocó a la empresa española Hansa Urbana la autorización para construir un enorme proyecto inmobiliario, llamado Cabo Cortés, en una zona virgen de Baja California Sur. La decisión supone una victoria para la comunidad de Cabo Pulmo y para los activistas a favor del medio ambiente, que durante años denunciaron que ese desarrollo inmobiliario de 3.800 hectáreas no cumplía con las regulaciones ecológicas y que suponía una amenaza para uno de los arrecifes coralinos más importantes de México. El proyecto, un plan urbanístico de 8.000 casas y 15 hoteles en el litoral, es controlado ahora por la intervenida Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que no solo es socio en la promoción sino que canjeó deuda de Hansa Urbana por acciones de la inmobiliaria con sede en Alicante.

“Cabo Cortés no se llevará a cabo. Lo que demuestra el compromiso del Gobierno, para asegurar la riqueza natural de México”, dijo el presidente Felipe Calderón en una ceremonia en la residencia oficial de Los Pinos. “Ha quedado claro para el Gobierno de la República que el proyecto original de Cabo Cortés, tal y como fue presentado, no ha demostrado aún, clara e indubitablemente, su sostenibilidad. Particularmente tratándose de un área tan importante para el Mar de Cortés, de México y el mundo”, informó en un comunicado la secretaría (ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En un comunicado de prensa, la sociedad propietaria del proyecto Cabo Cortés, Hansa Baja Investments, comunicó que “la compañía llevará a cabo un replanteamiento del proyecto, con el objetivo de encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y turístico de Baja California Sur y la sustentabilidad medioambiental. La compañía planteará un nuevo proyecto, cuyo desarrollo estará bajo el asesoramiento de gestores cualificados en materia medioambiental, con amplia experiencia en proyectos similares en México y a nivel internacional, que será compatible con la conservación y preservación de las condiciones medioambientales de la zona".

Un portavoz de la CAM insistió en la misma idea: que replantearán el proyecto para intentar adecuarlo a las exigencias de México, algo que suena extremadamente complicado tras el anuncio de Calderón, informa Rafael Méndez. La CAM es una de las entidades españolas que ha necesitado inyecciones de dinero público y acabó nacionalizada hace un año. También Bancaja, la otra entidad financiera valenciana, hoy integrada en Bankia, tiene paralizadas inversiones en la zona de Cabo Cortés por motivos ambientales.

Según ha denunciado la organización Greenpeace, Hansa pretendía construir en Cabo Cortés "una marina de 490 amarres, instalada sobre las dunas costeras, 27.000 habitaciones y dos campos de golf. Es decir, una capacidad habitacional casi igual a la de Cancún, en una zona semidesértica que históricamente ha sido de muy baja densidad poblacional". Hansa compró los terrenos en 2007.

El desarrollo inmobiliario ponía en riesgo a Cabo Pulmo, la aledaña reserva natural decretada desde 1995 como Área Natural Protegida y Parque Nacional Marino, e integrado en 2005 como Patrimonio Natural de la Humanidad.

"El riesgo principal para el arrecife de Cabo Pulmo es el arrastre de contaminantes, sedimentos del dragado de la marina, aceites de las embarcaciones, salmueras de la desaladora, aguas residuales; especialmente en las épocas del año cuando las corrientes van del norte al sur. Todo esto impactaría directamente en la gran biodiversidad conservada y recuperada en 15 años de trabajo", señaló Greenpeace. El megaproyecto llegó a alertar a la Unesco.

Encabezados por Mirna Manuela Cañedo Castro, pobladores de Cabo Pulmo interpusieron el 1 de julio de 2011 un recurso de revisión que pretendía la revocación de los derechos autorizados por la Semarnat a Hansa Urbana para llevar a cabo Cabo Cortés.

Desde 2010, Greenpeace denunció que la Semarnat validó indebidamente y en dos ocasiones una Manifestación de Impacto Ambiental que incumplía con la regulación y pasaba por alto "la opinión de científicos, la fuerte oposición de la comunidad de Cabo Pulmo, así como los argumentos presentados por la coalición Cabo Pulmo Vivo y no tomó en cuenta la disponibilidad de agua de la región y los criterios del Plan de Ordenamiento Ecológico de Los Cabos".

Patricia Arendar, directora ejecutiva de Greenpeace México, dijo a EL PAÍS que el Gobierno mexicano ha dado marcha atrás a "una autorización ilegal, dos veces otorgada de manera equivocada, de esta manera está respondiendo al reclamo de 220.000 ciudadanos de México y el mundo".

Greenpeace demanda ahora que dimita el subsecretario Mauricio Limón, que fue el que revisó la autorización del proyecto. Además, Arendar manifestó que no cantan victoria porque no solo quieren revisar minuciosamente el decreto de la cancelación de los permisos, sino que también quieren vigilar en qué se traducen las palabras del presidente Calderón quien al anunciar la revocación dijo: "Acompañaremos a los inversionistas de Cabo Cortés a desarrollar un nuevo proyecto turístico que sí sea sostenible". Greenpeace se manifestó preocupada al respecto dada la falta de agua en esa región.

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