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23/05/2012 - 8:43 

MADRID (Reuters) -.

"La obsesión del Gobierno es reducir el número de cajas a un entorno de media docena pero el problema de Bankia ha demostrado que una fusión que dé como resultado a una entidad de un gran tamaño te puede acabar generando un problema incluso mayor", manifestó Ángel Berges, consejero delegado de Analistas Financieros Internacionales (AFI).

La nueva regulación de endurecimiento de provisiones, además de a la nacionalizada Bankia, ha puesto en el punto de mira a algunas entidades de tamaño mediano como Banco Mare Nostrum, Ibercaja, Liberbank y Unicaja.

Estas entidades están en la actualidad sondeando diferentes alternativas de integración debido a su elevada exposición inmobiliaria y a su escasa capacidad para afrontar las nuevas exigencias de provisiones en solitario.

"Las presiones del Gobierno para avanzar con las fusiones entre las cajas que todavía no se han movido y que tienen dificultades para afrontar las nuevas necesidades por sí solas son brutales", reconoce una fuente cercana a una de las cuatro entidades ahora mismo en el punto de mira de los mercados junto a Bankia.

No obstante, una fuente financiera con conocimiento de las conversaciones entre estas cuatro entidades manifestó que "las conversaciones hasta ahora han sido bilaterales. Una negociación a cuatro es casi inviable".

Una fuente del Gobierno reconoció, sin embargo, que uno de los objetivos que se persigue con la nueva reforma financiera es ir "a una mayor consolidación".

Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, fue el resultado de la fusión de siete cajas ahorros que dio lugar a la cuarta entidad española con más de 300.000 millones de euros en activos. BFA fue asimismo una de las entidades financieras españolas más expuestas al ladrillo con activos tóxicos de 31.800 millones de euros.

Otra fuente cercana a otra de las cuatro entidades dijo que "están hablando porque no queda otra. Lo que sí se ha disipado es una operación a cuatro bandas. Esto sería crear un incendio, es más factible ver una operación entre dos", agregó en referencia a Bankia.

Una hipotética fusión a cuatro entre BMN, Unicaja, Ibercaja y Liberbank daría lugar a una entidad con activos problemáticos concentrados en el ladrillo de unos 27.000 millones de euros.

El Gobierno presentó el pasado viernes una reforma financiera que incrementa en 30.000 millones de euros las provisiones adicionales (a los 54.000 millones) sobre el crédito inmobiliario actualmente al corriente de pago.

Según los analistas de Societe Generale, los 30.000 millones en provisiones adicionales llevarían la cobertura de la exposición inmobiliaria, préstamos sanos incluidos, a cerca del 45 por ciento desde el 31 por ciento, por debajo del 60 por ciento irlandés.

Berges considera que los 45.000 millones de euros (entre nuevas provisiones y capital adicional de unos 15.000 millones) que el Gobierno podría acabar poniendo entre nuevas provisiones e inyección de capital podrían servir ahora para cubrir el eventual deterioro del conjunto de los activos inmobiliarios, pero no evitaría una petición de ayuda internacional.

Hasta la fecha, el Gobierno español ha descartado pedir ayuda exterior para la banca nacional como ha sugerido recientemente el presidente francés François Hollande.

Sin embargo, Berges reconoció que "el problema es que ya se avecinan más problemas en los créditos concedidos por parte de la banca a los particulares, a pymes e incluso a las grandes compañías".

Por otra parte, el mercado espera que el resultado del proceso de auditoría de la banca española recién iniciado con la contratación de los servicios de las consultoras Oliver Wyman y Roland Berger estimule la consolidación en el sector.

El principal incentivo para que las entidades financieras se fusionen es que cuentan con dos años en lugar de uno para cumplir unos requisitos que pueden cubrir contra resultados y capital.

Las entidades tienen hasta el 11 de junio para anunciar cómo van a cumplir las exigencias y hasta el 30 de junio para presentar planes de fusión.

GRAN BANCA FAVORITA PARA CX

Al margen de estas conversaciones en curso, en la actualidad se encuentran en proceso de subasta Banco de Valencia, Catalunya (CX) y eventualmente NovaCaixaGalicia (NCG), que en teoría dispone hasta el 15 de septiembre para incorporar inversores privados a su plan.

Mientras que en el Banco de Valencia los favoritos son Popular y en menor medida Banco de Valencia, las entidades grandes como Santander y BBVA y la saneada Kutxabank se perfilan como los favoritos para hacerse con Catalunya Caixa (CX).

El Ejecutivo, que el pasado 11 de mayo anunció que en principio no tenía previsto aportar más de 15.000 millones entre préstamos y capital para disipar las dudas de un rescate internacional al estilo irlandés, tiene previsto financiar las subastas de estas entidades con cargo al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

Este fondo se nutre de las aportaciones de las entidades privadas y se considera prácticamente agotado con las recientes subastas de Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y de Unnim, que se adjudicaron previamente Sabadell y BBVA.

El Gobierno y la banca española están trabajando ahora mismo en distintas fórmulas para sufragar el coste de las próximas subastas.

Una fuente del Ejecutivo dijo que se está estudiando pedir una derrama extraordinaria con cargo a las aportaciones de ocho anualidades hasta alcanzar unos 20.000 millones.

Una fuente de banco español al tanto de las negociaciones dijo que lo "único que está claro es que los bancos han dicho al Gobierno que el tope máximo para financiar el FGD se situaría precisamente en esos 20.000 millones de euros".

"En cualquiera de los casos, habrá dinero para iniciar los procesos de subasta con garantías porque en el momento inicial el esquema de protección de activos no cubre todas las pérdidas potenciales que podrían surgir en esta cartera", explicó una fuente del Gobierno.

Bajo el EPA, que casualmente garantiza una cartera de activos inmobiliarios de unos 6.000 millones de euros, el Banco de España tiene previsto ofrecer al potencial comprador un plan por el que el FGD se haría cargo de pérdidas futuras por el deterioro de activos durante los próximos 10 años.

Tanto en Banco de Valencia como en Catalunya Caixa, las primeras pérdidas se afrontan con las provisiones constituidas por las entidades, que en el caso de la entidad valenciana ascienden a unos 1.000 millones y en la catalana a 2.300 millones.

Posteriormente, el 80 por ciento del quebranto lo asumiría el FGD y el restante 20 por ciento la entidad compradora.

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