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Varios de los 48 ex consejeros y directivos de Caja Mediterráneo (CAM) expedientados por el Banco de España han comenzado a remitir al organismo dirigido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez sus pliegos de alegaciones para rebatir las presuntas irregularidades que les imputa el regulador.

Uno de los directivos que ayer mismo envió sus alegaciones al Banco de España es el actual presidente de la Comisión de Control de la CAM, el murciano Juan Ramón Avilés Olmos. En su escrito, solicita el inmediato archivo del expediente disciplinario, por considerar que contiene «gravísimas deficiencias, tanto formales como sustantivas, así como inexactitudes y manifestaciones frontalmente contrarias a la verdad» en lo que a su persona se refiere.

Entre otros argumentos, Avilés Olmos recuerda que la Asamblea General de CAM acordó en septiembre de 2010 otorgar amplias facultades al Consejo de Administración para constituir el Banco Base, al que se transfirió todo el negocio financiero de la caja a efectos legales de 1 de enero de 2011.

Desde ese momento, la Comisión de Control no tenía ninguna facultad para supervisar la labor del banco resultante -hoy conocido como Banco CAM- y, por lo tanto, no se le puede imputar falta de vigilancia sobre unas actividades que escapaban a sus competencias. El Banco de España acusa además a Juan Ramón de Avilés de haber cobrado desde 2007 dietas de la filial Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP) sin haber informado a la Asamblea General. Para rebatir esta acusación, el presidente de la Comisión de Control ha incluido en su recurso el acta de la asamblea celebrada en 2007, ante la que comunicó que iba a cobrar dietas de TIP en las mismas condiciones que el resto de consejeros.

Avilés sostiene, por otra parte, que los miembros de la Comisión de Control no fueron informados adecuadamente y en detalle por la exdirectora general, María Dolores Amorós, del requerimiento que el director general de Supervisión del Banco de España envió en diciembre de 2010 a los directivos de la Caja, en el que daba por finalizada la inspección realizadas durante dos años sobre el riesgo crediticio y la liquidez. A la vista de las numerosas deficiencias, el supervisor impuso una docena de condiciones que debían cumplir los nuevos responsables del Banco Base (el SIP de CAM, Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura) cuya constitución estaba apunto de culminar. Tal requerimiento era extensivo a la CAM en el caso de que la fusión se frustrara, como así ocurrió.

Otros exvocales que representaban a la Región de Murcia, como el vicepresidente Juan Bernal, Ángel Martínez y García Gómez, presentarán sus respectivos recursos

Otros ex consejeros han renunciado a presentar recurso en esta fase del procedimiento y han manifestado que sólo presentarán alegaciones cuando el Banco de España les notifique oficialmente el pliego de cargos, en el que los servicios de inspección deben especificar qué infracciones habría cometido cada directivo y la propuesta de sanción. Ésta es la actitud que han adoptado, al menos, el vicepresidente del Consejo de Administración, Armando Sala, y el consejero Pere Joan Devesa. Otro miembro del consejo consultado por ABC, Martín Sevilla, indicó que todavía no ha adoptado una decisión al respecto.

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