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Este proceso pilotado por el Banco de España empezó con un diagnóstico de que no existían problemas graves sino problemas reducidos y excepcionales, para pasar luego a dos rondas de fusiones e integraciones que no han resuelto nada excepto el futuro de sus antiguos gestores y concluye con la famosa rueda de prensa en la que el gobernador del Banco de España y la exvicepresidenta y exministra de Economía, en julio de 2011, se “felicitaban” de que ninguna entidad española necesitara más capital (incluida CAM) días antes de intervenir CAM.

Afortunadamente el nuevo Gobierno ha asumido la realidad de que reestructurar de forma inmediata el sistema financiero y en su integridad es una condición necesaria para la recuperación, así como unas de las principales reformas estructurales del nuevo Ejecutivo. Cuestión bien diferente es cómo, cuánto costará y quién financiará esta reestructuración.

Para evitar más confusiones, tan comunes en los últimos cuatro años, reestructurar, como condición necesaria, es contabilizar los activos de los balances bancarios (principalmente, créditos) por su valor real y asumir las pérdidas en consecuencia, sin olvidar que las entidades que sobrevivan a este proceso, si se aplica en la magnitud requerida, necesitarán como condición suficiente un modelo de negocio rentable, sostenible y un management con un perfil más adecuado a la coyuntura actual que el necesario cuando todo iba de cara.

Fondo de Garantía
Respecto al cómo y al quién, hay muchas incertidumbres. En cuanto al cómo, se ha hablado de bancos malos, bancos buenos, sociedades público-privadas, entidades que únicamente aglutinen suelo no urbanizable y, en el otro extremo, la asunción de pérdidas directas, así como una nueva ronda de integraciones para absorber los bancos que no sobrevivan al proceso.

En cuanto al quién, los debates van desde las propias entidades a, incluso, fondos europeos o el FMI, debido a la ingente cuantía necesaria ante la falta de capital público y privado nacional. Dentro de estos debates, se ha planteado la utilización del Fondo de Garantía de Depósitos como una forma de que el sector financiero pague su reestructuración. El Fondo de Garantía de Depósitos, tal como su nombre indica (y se recogía en su normativa originaria), debería ser un fondo para garantizar los depósitos que los bancos tengan obligación de restituir, en las condiciones legales y contractuales aplicables, ante situaciones de quiebra o inminente insolvencia.

El anterior Gobierno, para sostener el error y no asumir la realidad, utilizó prácticamente la totalidad del saldo del Fondo de Garantía para el saneamiento de CAM (5.249 millones del total de 6.593 millones remanentes tras las intervenciones de CCM y Cajasur), modificando el objeto del Fondo en el Real Decreto-ley 16/2011 ampliando su uso en el reforzamiento de la solvencia y funcionamiento de las entidades, también conocida como función de resolución, incrementando la cuantía de las aportaciones al 3 por mil de los depósitos del sistema.

Es decir, los depositantes tenían la garantía formal y pública de hasta 100.000 euros con unos fondos específicos de 8.000 millones (que han financiado ellos indirectamente como repercusión de coste de los bancos). Ahora esos fondos han desaparecido, tienen la garantía formal y pública y les repercutirán un coste bancario superior para financiar ese 3 por mil de nuevas aportaciones.

Cualquiera que haga unos números rápidos contrastará lo absurdo de esta solución, ya que el Fondo de Garantía es absolutamente insuficiente para ningún proceso de saneamiento, en la medida en que las cantidades anuales del Fondo con las nuevas aportaciones estarán entre los 1.200 y los 1.600 millones de euros anuales. En realidad, este es un debate tramposo acerca de quién pagará la reestructuración, pues todo el mundo es consciente que será el contribuyente.
En este punto hay también cifras y números para todos los gustos. El propio ministro de Economía cifraba recientemente el monto en 50.000 millones.

En mi opinión, la cuantía necesaria podría doblar o incluso triplicar esa cifra, ya que la historia económica enseña que las crisis bancarias cuestan de media entre un 15% y un 20% del PIB, dependiendo de varios factores: si el tamaño del sector financiero esta sobredimensionado, la eficiencia y rapidez con que se reestructure, el contexto económico, los equilibrios financieros público-privados... Desafortunadamente, todos estos factores están en nuestra contra.

Los inversores, nuestros socios europeos y la sociedad española no soportarán más retrasos y pasos en falso, con reestructuraciones reducidas o diferidas en el tiempo. Confiemos en que el nuevo Gobierno acierte en el diseño y ejecución de esta reforma, ya que es absolutamente clave para la efectiva recuperación de la economía.

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