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Aquella fue la última subasta presencial que dirigió el secretario judicial Juan Luis Bañón; Esa mañana se habían presentado 22 postores, pero sorprendentemente ese dúplex, con plaza de garaje y trastero, se adjudicó por un precio mínimo: 15 millones de las antiguas pesetas; «Al parecer hubo un acuerdo previo y los que participaban, pero no pujaban, se llevaban su comisión por no hacerlo», recuerda. La Agencia Tributaria, que actuaba como acreedor posterior, no cobró ni un duro. Bañón entendió que tenía que plantar cara al asunto. Nacía la Unidad de Subastas Judiciales.

El proyecto, que arrancó en 2006 como un sencillo blog, es ya toda una realidad que opera a nivel regional. Su centro de operaciones ocupa una habitación de apenas unos metros en la Ciudad de la Justicia, pero la Unidad de Subastas Judiciales Electrónicas trabaja a toda máquina. No necesita más. Pionera en España en abrir a la red un universo reservado hasta el momento a unos pocos, este órgano logró alzarse la pasada semana con uno de los galardones del I Premio a las Buenas Prácticas en Justicia -ya había sido merecedora de otros premios, como la Balanza de Cristal-.

En sus inicios, en 2006, esta unidad celebraba unas 2 ó 3 subastas diarias. Con la crisis económica, este año andan ya hasta por 25 subastas por jornada. Bañón calcula que antes de final de año se habrán celebrado unas 3.500 subastas en toda la Región y un 95% de ellas serán casas embargadas por el banco. «La mayoría son casos de gente que ha pedido un préstamo hipotecario y no lo ha podido pagar», explica.

Esta unidad nació con un objetivo claro: abrir al público unas subastas que, hasta la fecha, solo se anunciaban en los tablones de los juzgados. Era crucial dotar de transparencia a este proceso y el objetivo, en ese sentido, está logrado. «El negocio de los subasteros prácticamente se ha terminado», explica Bañón. «Si hacemos la subasta presencial, ellos ya saben a quién tienen que convencer para manipular el precio. Con este modo, puede pujar uno desde La Coruña y te revienta el acuerdo». Bañón respeta el trabajo de los subasteros, porque conocen el negocio, pero insiste en que «lo que no pueden hacer es manipular los precios».

Aunque esta batalla está ganada, aún queda mucha guerra por delante. Únicamente el 15% de las subastas se celebran con postores. El resto se las adjudica directamente el banco a un valor que, advierten, suele estar un 60% por debajo del valor de tasación. Un final de la historia que deja en muy mal lugar al deudor. «Como ese montante no cubre la deuda, la persona sigue debiendo ese dinero toda su vida y si sus herederos aceptan la herencia también aceptarán la deuda», recalca Bañón. «Mientras no cambie la legislación, esa deuda no prescribe y estamos creando una bolsa de excluidos sociales impresionante».

La gran mayoría de las subastas judiciales no cubren la deuda que estas personas contrajeron con su entidad bancaria y les deja en una situación muy complicada. «Es gente que está quebrada, que no puede comprar nada más en su vida. Tendrán que vivir de alquiler, no serán solventes, les embargarán el sueldo que cobren..., y a veces eso no cubre ni para pagar intereses», sostiene el director de la unidad, sin ocultar su preocupación. «Es una situación dramática».

«Falta financiación»

Un problema que suele afectar a «gente joven que, con los préstamos tan bajos, en lugar de alquilar decidió comprar». En la actualidad, explica Bañón, estos propietarios se encuentran con que «no tienen dinero. Tienen una casa, que con el tiempo va valiendo cada vez menos».

Para luchar contra esta circunstancia, el único ´arma´ de la Unidad de Subastas Judiciales es informar a la población para que a las subastas acuda la mayor cantidad de postores posibles y la cantidad final sea más elevada. De este modo, el deudor podrá, al menos, cubrir una parte mayor de su deuda. Deber menos. «Nosotros estamos interesados en que el precio suba porque cuanto más caro se venda, menos deuda tendrá el perjudicado», explica. Para lograr su objetivo, Bañón tiene claro cuáles son enemigos: la falta de financiación y la complejidad burocrática en la adjudicación.

Con este proyecto -adscrito a la nueva Oficina Judicial-, cualquier ciudadano puede, desde marzo, sumarse a una de las muchas subastas judiciales que se celebran en todos los juzgados de la Región -hasta entonces solo trabajaban con las de los juzgados del partido judicial de Murcia-. Basta con bucear en la web para conocer las pujas y consignar -en una cuenta de Banesto- el 30% del valor de partida del bien. Si el postor resulta ganador, deberá, no obstante, desembolsar el 100% del valor del bien en los días siguientes. Un esfuerzo económico no apto para todos los bolsillos. «Ahora mismo hay un problema de liquidez», reconoce Bañón, que sugiere que la solución pasa porque los propios bancos ofrezcan préstamos a las personas interesadas en adquirir uno de los bienes a subasta. Una especie de acuerdo entre el Gobierno y la banca. «Creo que eso es un tema más político».

Otro de los problemas al que se enfrentan las subastas judiciales es la complejidad en la tramitación de la adjudicación, una vez que ésta se ha hecho efectiva. Bañón reconoce que pueden pasar meses hasta que se haga entrega del contrato de compraventa. «No basta la transparencia», sostiene Bañón. «Hay que simplificar los trámites y tener rápidamente los bienes adjudicados».

La divulgación en internet de los bienes que van a ser subastados ha logrado, aunque en pocos casos, la que Bañón considera la solución ideal: un acuerdo previo con el deudor. «Esto suele ocurrir cuando el valor del inmueble es grande y la deuda pequeña», explica el secretario director de la unidad. «Los interesados entran en contacto con los propietarios del bien y negocian directamente con él».

A expensas de estos casos, el secretario director de este órgano propone que las pujas sean únicas - con sobre cerrado- para lograr que cada comprador puje por lo que crea que valga el bien e incluso que bancos y cajas anuncien de antemano lo que van a pedir por sus deudas, y a partir de esa cifra se celebre la subasta. «Si estas dispuesto a pujar por ese precio, pújalo desde el principio y no regatees porque eso perjudica al deudor», sostiene. «He visto casos en los que, si viniera alguien, el banco estaría dispuesto a pujar hasta el 100%».

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