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El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska será el encargado de depurar las irregularidades que se hayan podido cometer en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM); Con el informe a favor de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado ha admitido a trámite la denuncia presentada por el abogado murciano Diego de Ramón y ha acordado la primera diligencia: solicitar al Banco de España un avance del informe que preparan los interventores que designó al frente de la entidad para analizar la gestión desarrollada en los últimos años.

De las conclusiones de este avance de informe dependerá el futuro de la causa, porque a partir de él se perfilarán las imputaciones que se realizarán contra los exresponsables de la CAM. La admisión a trámite se ha producido por estafa y delitos societarios, entre los que se incluyen administración desleal y apropiación indebida en el seno de una empresa. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 no llamará a declarar a ninguno de los antiguos gestores de la entidad bancaria hasta conocer los resultados del Banco de España.

Las imputaciones serán concretadas a medida que avance la investigación

¿El motivo? Las fuentes jurídicas consultadas califican la denuncia de floja. Es prácticamente una recopilación de las informaciones publicadas sobre irregularidades en la CAM desde que fue intervenida el pasado julio. Todo ello aderezado de comentarios como que la principal causa del "quebranto económico" que suponen "los 4.587 millones de euros de pérdidas ocultas", según calcula la denuncia, es "la imprudencia temeraria financiera". Y todo ello en un contexto de crisis destaca el escrito, en el que los desahucios de familias han sido continuos, lo que no ha sido obstáculo para que "la cúpula directiva" se repartiera "15,5 millones de euros en prejubilaciones y se asegurara rentas vitalicias".

Pero, aparte de estas afirmaciones escandalosas, pocas pruebas aporta el escrito, por lo que es imprescindible iniciar la investigación prácticamente desde cero con las conclusiones del órgano auditor.

Hasta cuatro delitos

La denuncia cifra en 4.587 millones las pérdidas ocultas de la entidad

El letrado De Ramón califica los hechos como delito societario, falsedad documental, apropiación indebida y abuso de poder. Y dirige su denuncia contra la ex directora general de la CAM María Dolores Amorós, a la que los interventores despidieron en septiembre por unas causas, que la Fiscalía Anticorrupción ha investigado para determinar si superan el ámbito de la infracción disciplinaria y llegar a constituir delito. Aparentemente, son fácilmente transformables, puesto que los motivos alegados para despedirla consistieron en "buscar el beneficio propio, falsear las cuentas y realizar una gestión deficiente".

Todas las denuncias juntas

Todo apunta a que será así y que las diligencias abiertas se acumularán a la causa que se ha iniciado esta semana en la Audiencia Nacional, al igual que las demás denuncias relacionadas con la CAM presentadas ante distintas fiscalías. Al tratarse de los mismos hechos, lo lógico es que todas se lleven en un único procedimiento para evitar resoluciones dispares.

Aunque aún no se ha concretado a qué personas se imputará, Amorós tiene todas las papeletas. Con ella al frente de la gestión, la entidad presentó unos beneficios de 39 millones de euros en el primer trimestre y pretendió publicar unos beneficios de 80 millones en el primer semestre, que, una vez fueron recalculados por los administradores del FROB y por los auditores, se convirtieron en unas pérdidas de 1.136 millones. Además, pactó con el expresidente Modesto Crespo una pensión vitalicia anual de 370.000 euros, pago que fue eliminado por los actuales administradores.

Pero, cuando avance la investigación, probablemente no figurará ella sola en el listado de imputados. La denuncia admitida a trámite también atribuye responsabilidad al ex director general Roberto López Abad, el secretario general José Pina, Joaquín Meseguer (Participaciones Empresariales), Francisco Martínez (Inversiones y Riesgos), Teófilo Sogorb (Planificación y Control) y Daniel Gil. Según el denunciante, formaban el equipo que dirigía la entidad a espaldas del consejo de administración. También cita a los directores territoriales de la entidad en Murcia y Valencia.

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