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El Banco de España es partidario de que las cajas de ahorros den entrada al capital privado y que ello tenga un reflejo en sus órganos de gobierno. La idea de abrir la puerta a la privatización de las cajas no es nueva, pero ha sido rescatada ahora por el Banco de España y la ha incorporado a un documento en poder del Gobierno y del PP en el que se aportan ideas para la reforma de las cajas y para reforzar el sector financiero. Fuentes del Ejecutivo, sin embargo, mostraron ayer distancia respecto a las propuestas del Banco de España: "Es un documento más y el definitivo no tiene por qué ser así", explicaron. En la misma línea se expresaron fuentes del PP.
Tras la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, dijo que el Gobierno está "dialogando y debatiendo" con el PP. "Respecto a la privatización de las cajas --respondió--, he dicho lo que hay. Hay un debate y un análisis sobre los elementos en los que se trabaja para completar el apoyo a las entidades".

EL PP NIEGA AVANCES
Fuentes del PP, sin embargo, negaron ayer tal negociación con el Gobierno más allá de la moción pactada el 17 de marzo en el Congreso de los Diputados a partir de una iniciativa popular. "Después de aquello no ha habido avances", aseguran estas fuentes. La moción instaba al Gobierno a ordenar la reestructuración del sector financiero bajo los principios de transparencia, mínimo coste para las arcas públicas, prioridad para las soluciones privadas, máximo mantenimiento de los puestos de trabajo, garantía del ahorro y de las inversiones y negativa a un proceso indiscriminado de capitalización de todas las entidades.
Fernández de la Vega dijo ayer que será la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, quien "presentará las nuevas medidas de respaldo al sistema financiero que, en su caso, vayan a ser necesarias y en las que se está trabajando", algo para lo que, según dijo, "no hay ninguna fecha". Estas medidas incluyen un fondo de capitalización estatal para las entidades financieras que lo precisen, un mecanismo que ha sido propuesto por el Banco de España y que la patronal de las cajas reclama con urgencia.
En la actualidad, las cajas de ahorros pueden emitir cuotas participativas (especie de acciones sin derechos políticos en la gestión de la entidad) para captar capital. El Banco de España es partidario de reformar estos títulos de modo que sí tengan derechos políticos y, además, ve con buenos ojos elevar el tope actual que limita al 5% el máximo de cuotas participativas para un solo inversor.

REGULACIÓN DE LAS CUOTAS
Las propuestas del Banco de España abren la puerta a la privatización de las entidades que opten por emitir cuotas participativas (hay otras vías de recapitalización) y, en definitiva, permitirían que un banco pudiera comprar una caja. El regulador entiende que esta vía podría resultar útil en la reestructuración de determinadas entidades. Pero la privatización provoca un rechazo frontal en el propio sector, los sindicatos y determinadas formaciones políticas. Para PSOE y PP es un tema tabú al que solo accederían bajo un consenso total.
El sector de las cajas de ahorros defiende una reforma legal que limite la injerencia de los políticos en la gestión de las entidades pero es contrario a su privatización. Ya hay entidades que han emitido cuotas, como la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que ha colocado títulos por el 7,5% de sus activos. Su director general, Roberto López Abad, mostró ayer cierta comprensión con la posibilidad de que las cuotas tengan derechos políticos, siempre que se mantenga el límite del 5%.
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, dijo que la reforma de las cajas "no puede traer como consecuencia la privatización" y exigió que se respete la "naturaleza jurídica" de estas entidades y la presencia de los trabajadores en sus consejos de administración. Para Méndez, la reforma de las cajas debería ser una materia más del diálogo social.

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