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Retiros dorados en la cúpula de CAM; El despido de la ex directora general de la entidad, María Dolores Amorós (decretado anteayer por el Banco de España), ha sacado a la luz importes que la caja ha pagado ya a miembros de su comité de dirección, jubilados anticipadamente antes de que la entidad fuera intervenida; Cinco miembros de la cúpula que han dejado CAM se han repartido 15,5 millones de euros en prejubilaciones. Esta cantidad se desconocía y aparece en la carta de despido de Amorós, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN.

Los ejecutivos son Roberto López Abad (director general hasta el pasado diciembre), Agustín Llorca (director general adjunto), Vicente Soriano (director general de Recursos), Joaquín Meseguer (director general de Participaciones Empresariales) y Gabriel Sagristá (responsable de expansión de la caja).

Además, estos miembros de la alta dirección de CAM que se han acogido al plan de prejubilaciones de la entidad podrán cobrar –según los términos actuales de sus contratos- una renta vitalicia a partir del momento en el que se jubilen. Amorós pretendía cobrar esta renta vitalicia, por 369.497 euros anuales, decisión que fue uno de los motivos que precipitó su despido, como adelantó ayer EXPANSIÓN. La ejecutiva, sin embargo, se quedará sin cobrar esta renta vitalicia por haber sido objeto de despido disciplinario, salvo que recurra a los tribunales y éstos le den la razón.

Casos destacados
El caso más destacado entre los cinco es el de Roberto López Abad, que dejó la direccción de CAM para asumir la dirección de Banco Base. Se prejubiló y obtuvo una indemnización de 3,8 millones de euros, según publicó El Mundo. Este importe es el resultado de multiplicar su último salario neto por los años que le quedaban para la jubilación (nueve).

Otra de las salidas sonadas fue la del director general Adjunto, Agustín Llorca. Éste anunció que se acogía al plan el mismo día en que se produjo la intervención de la caja, pero por la mañana. Llorca afirmaba en ese momento que ya había avisado de que tenía intención de prejubilarse, pero que quiso apoyar la labor de la directora general en los meses siguientes, en los que la caja estuvo buscando inversores que entraran para evitar la intervención del Banco de España, y eso retrasó su salida formal de la entidad.

Cuatro de los cinco ejecutivos se acogieron a las jubilaciones anticipadas el pasado febrero, justo después de que la entidad formulara las cuentas de resultados del ejercicio 2010, cuando todavía estaba en marcha la creación del malogrado Banco Base (proyecto del SIP con Cajastur).

Vinculado con la integración en Base Base se aprobó un plan de jubilaciones, con expediente de regulación de empleo, al que se acogió la cúpula directiva. Tras la ruptura de Base se ejecutó un nuevo expediente de regulación de empleo, que fue formalmente aprobado por el Ministerio de Trabajo el 3 de junio.

Se trataba de un expediente con las mismas condiciones y el mismo número de personas incluidas (973) que el que ya estaba previsto realizar si se aprobaba el SIP con Cajastur. Por ello, antes de que el SIP fuera abortado –a finales de marzo- no sólo directivos sino también muchos empleados ya habían comunicado a la caja su intención de acogerse a las prejubilaciones.

Contabilidad
Los 15,5 millones de euros utilizados para pagar estas prejubilaciones procedían de un fondo de prejubilaciones y bajas anticipadas constituido para el proyecto de Banco Base. Los nuevos administradores designados por el Frob y que gestionan la caja consideran que la entidad actuó erróneamente al llevar estos prejubilaciones contra las provisiones y que debió contabilizarse como un gasto, según fuentes próximas a la entidad.

Este es uno de los motivos que ha contribuido a que CAM entrara en pérdidas en el primer semestre del año, con unos números rojos de 1.136 millones de euros. Tres meses antes había declaro un beneficio de 39,8 millones. En todo caso, la salida de empleados comenzó a hacerse efectiva en junio y se está realizando escalonadamente. Según las cuentas semestrales, el grupo registró 57,9 millones de euros en el fondo para pensiones y obligaciones similares derivadas del ERE.

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