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La puja oficial por la CAM comienza con el despido de su ex directora general

ABC.es Recopilado por Sindicato Alta - 29/09/2011

 

Los bancos, cajas y fondos de inversión interesados en quedarse con la Caja Mediterráneo (CAM) han presentado ya sus ofertas para poder participar oficialmente en la subasta de la entidad, que comienza con el despido sin indemnización de su ex directora general María Dolores Amorós

El Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, y seguramente también Ibercaja, BBK Bank y Barclays, entre otras entidades, remitieron en los últimos días sus ofertas por la CAM al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Dicho fondo, dependiente del Banco de España y el Ministerio de Economía, decidió el pasado lunes ampliar hasta hoy el plazo para recibir ofertas no vinculantes y mantiene el secreto sobre las propuestas recibidas.

A partir de mañana, cuando la "número dos" de la CAM ya no tendrá ningún vínculo laboral con la caja, los expertos del FROB tendrán que empezar a estudiar las ofertas con el fin de escoger las mejores.

Se espera que a principios de octubre el FROB tenga seleccionados a los candidatos más idóneos para hacerse con la CAM teniendo en cuenta la solvencia y liquidez para encarar la compra y el dinero que ofrezcan por el negocio de la CAM.

Fuentes financieras apuntan que algunas de las ofertas presentadas serían tan bajas que prácticamente servirían para cubrir los 2.800 millones que inyectó el Estado en la entidad.

En cualquier caso, los mejores candidatos, que previsiblemente se contarán con los dedos de una mano, podrán acceder a una auditoría exhaustiva que muestre hasta el último detalle financiero de la CAM. Así podrán replantear su oferta y optar a la adjudicación final a finales de octubre.

También tendrá la posibilidad de resolver cualquier cuestión con los administradores designados por el FROB que tomaron las riendas de la caja tras su intervención a finales de julio.

Estos mismos administradores son los que, según adelantaron hoy Expansión y El Mundo, han promovido el despido disciplinario de Amorós por "buscar el beneficio propio, falsear las cuentas y realizar una gestión deficiente" mientras fue directora general.

Por ese cargo, al que accedió a finales de 2010 cuando la entidad estaba inmersa en su fusión en el grupo Banco Base, recibía una retribución anual de 593.040 euros.

A esa cantidad se le sumaría una renta vitalicia de 369.497 euros por ejercicio, según acordaron supuestamente Amorós y el expresidente de la CAM Modesto Crespo.

A la exdirectiva se le acusa también de presentar de forma engañosa los resultados de la entidad, que ganó 39,8 millones de euros hasta marzo y tras su intervención arrojó unas pérdidas de 1.136 millones en los seis primeros meses de 2011.

Un desajuste de cifras que, a juicio de los expertos, además de la labor de Amorós ponen en cuestión el papel de los auditores de la entidad y la supervisión realizada hasta ahora por el Banco de España.

De ahí que varios de los interesados en la CAM hayan presentado ofertas muy bajas ante el miedo de que, por ejemplo, en los próximos trimestres puedan caer en impago más créditos con promotores.

A cierre de junio, la entidad tenía prestados 12.677 millones, de los que más de la mitad ya han entrado en mora y otro 10 % es susceptible de que corra la misma suerte.

Un riesgo que tendrán que sopesar, al igual que el de los próximos vencimientos de emisiones mayoristas de la CAM, superiores a 7.000 millones antes de 2013 y para los que el Estado podría dar ayudas a la liquidez, como el aplazamiento de determinados pagos.

Otra ventaja para el comprador es que la compra incluye un Esquema de Protección de Activos (EPA) con el que el FROB cubre buena parte de las pérdidas que puedan aflorar en los préstamos de la CAM más problemáticos.

Quien adquiera la caja alicantina podrá emplear las provisiones de la entidad para absorber las primeras pérdidas de dicha cartera y luego, el FROB cubrirá el 80 % de los 2.500 millones más de deterioro. A partir de esa cifra, los futuros quebrantos que aparezcan hasta 2021 los asumirá el Estado. EFE

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