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La intervención de la Caja de Ahorros del Mediterráneo va a costar al erario público más de 5000 millones de euros y posiblemente llegue a 6000 millones, un billón de las antiguas pesetas y lo mismo que costó toda la reestructuración bancaria de los 80. Esto se debe a que el Banco de España no podrá recuperar el FROB que va a inyectar en la caja, cifrado en 2.800 millones, según confirman varias fuentes conocedoras del proceso.
La teoría es que el FROB debe entrar de forma temporal en la caja y el comprador devolverá ese capital y lo pondrá con sus propios recursos cuando se adjudique la entidad en la subasta prevista al efecto. Pero las fuentes consultadas aseguran que ningún interesado está dispuesto a ampliar capital por un importe tan grande para quedarse con la CAM tal como están los mercados; ni siquiera Santander y BBVA.
Eso va a obligar al Banco de España a "dar por perdidos" esos 2.800 millones; o, al menos, va a tener que permanecer en la CAM bastante más tiempo del que le gustaría. O dicho de otra forma, las ofertas que se presenten por la caja alicantina sumarán ese importe al esquema de protección de activos (EPA) que van a solicitar todos los participantes en la puja. Como se recordará, la ausencia de esta garantía contra pérdidas es lo que provocó que no se presentara ninguna oferta antes de la intervención de la entidad en julio.
El importe de ese EPA será, como mínimo, de otros 3.000 millones, que es el ´agujero´ detectado por los interesados en la caja que presidía Modesto Crespo (entendido como pérdida esperada no provisionada), tal como adelantó El Confidencial en julio. Las fuentes citadas coinciden en que todo el mundo estima un déficit total de capital (que incluye las pérdidas que están sin cubrir y el déficit estimado por el Banco de España) de entre 5.000 y 6.000 millones. No obstante, al tratarse de una subasta competitiva, las ofertas finales rebajarán algo estas cifras.
Un dineral en el peor momento
Por tanto, salvo que se presente una oferta muy agresiva por sorpresa, este dinero tendrá que salir de las arcas del Estado, ya sea mediante inyección o mediante la garantía contra pérdidas. Pero este altísimo coste plantea dos problemas muy graves. El primero es de índole política, porque anunciar un gasto de 6.000 millones en rescatar una entidad financiera en plena campaña electoral daría una imagen desastrosa del Ejecutivo de Zapatero. Y más ante el ala izquierda del PSOE (los ´indignados´), que sitúa a la banca como uno de los principales objetivos de sus protestas.
El segundo es que el FROB no computa como déficit público mientras sea una inyección temporal con una expectativa razonable de recuperación. Si no existe esa expectativa en el caso de la CAM y esa inyección pública se convierte en permanente porque el comprador no la devuelve, sería muy difícil evitar que Bruselas obligue a España a contabilizar esos 6.000 millones como déficit. Justo en el peor momento.
Todavía no está valorada
Por tanto, el gobernador Fernández Ordóñez se enfrenta a otro incendio más en este dificilísimo inicio del curso para el supervisor. Esta situación es la que mantiene paralizada la venta de CAM, según las fuentes, ya que ni siquiera está lista todavía la valoración para la entrada del FROB, que deben realizar Crédit Agricole, HSBC y PriceWaterhouse. Es más, el Banco de España ha pedido este verano al auditor de la caja, KPMG, una "reformulación de las cuentas publicadas", que ha provocado que se retrasen las del segundo trimestre. Fuentes cercanas al supervisor también culpan a Bruselas -que debe aprobar la entrada del FROB- del retraso.
Este escenario tiene muy difícil solución. Una alternativa que se ha planteado es trocear la CAM y venderla por partes, pero es muy complicado porque cada entidad quiere quedarse sólo con lo que le interesa a ella. Y, a efectos de las arcas públicas, da lo mismo, porque se quedarían las partes ´buenas´ de la caja y las ´malas´ tendrían que cubrirse igualmente con dinero del contribuyente.
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