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No parece que una parte de los 3,3 millones de clientes que tiene Caja Mediterráneo (CAM) estuvieran muy convencidos de que la entidad alicantina pudiera manejarse con solvencia en solitario tras el proceso de fusiones impulsado en el sector de las cajas de ahorro españolas con el apoyo del conocido como Sistema Institucional de Protección (SIP). Tanto parece que desconfiaron algunos que en los dos meses siguientes a la ruptura de su alianza con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura para formar el Banco Base, los impositores retiraron exactamente 2.587,4 millones de euros. O, lo que es lo mismo, el 5,85% de los ahorros totales.

Así lo concretan los balances individuales de la entidad financiera, que ayer fueron adelantados por el periódico La Vanguardia. Según estos documentos, los depósitos de la CAM estaban cifrados en 44.238,37 millones al cierre del primer trimestre de este año, pero la cifra bajó a 41.651 millones en mayo.

Las otras tres cajas que acompañaban a la CAM rompieron la formulación del Banco Base, en el que la entidad alicantina tenía el 40% del capital, el 30 de marzo, ocho meses después de suscribir el acuerdo. Y apenas una semana después, el consejo de administración aprobó la denominación de la nueva entidad que pilotaría en solitario: Banco CAM, con un capital igual al del Banco Base, de 20 millones de euros, y sede en Alicante.

Pero los rumores y sospechas sobre la delicada situación de sus cuentas, una de las razones de más peso para que fuera expulsada del SIP, alimentadas por una caída del 23,89% del valor de las cuotas participativas que cotizan en bolsa en siete sesiones seguidas entre el 12 y el 20 de abril, provocaron en los ahorradores esta retirada masiva de fondos.

Esa contingencia fue una más de las que valoró el Banco de España antes de intervenir la CAM el pasado 22 de julio para recapitalizarla con la inyección de 2.800 millones de euros del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), cifra que le otorgará la titularidad casi completa de su accionariado, y la habilitación de un préstamo de otros 3.000 millones para, por un lado, imprimirle la liquidez necesaria que cubriera una nueva retirada de metálico de los clientes tras la intervención y, por otro, atender el pago las obligaciones más inmediatas de la caja. Los créditos de la caja mantuvieron una cierta estabilidad, ya que pasó de 50.426,5 millones prestados en marzo a 50.237,65 dos meses más tarde, una bajada ínfima que se explica en las dificultades de los prestatarios para subrogar su crédito a otra entidad.

Ayer por la tarde, el consejero de Economía y Hacienda de la Región de Murcia, Salvador Marín, visitó en la sede alicantina de la caja a los tres administradores que nombró el Banco de España para solicitarles que sigan "facilitando crédito" a empresas, particulares e instituciones de su región y que para completar la valoración final de sus activos se tengan en cuenta valores intangibles como el arraigo y la obra social de la entidad financiera.

Finalmente, la Federación de Servicios de UGT pidió ayer a través de un comunicado que en el proceso de venta de la caja, que el regulador español pretende llevar a cabo en septiembre u octubre, se tenga "muy en cuenta" el mantenimiento del empleo para evitar que "los verdaderamente afectados sean los trabajadores". UGT también considera que la situación de la entidad solo es atribuible a los gestores y los órganos de control de la caja.

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