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Los tres administradores designados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para la CAM se reúnen mañana, día 4, con la comisión de control de la caja, al parecer, para informarle de su actividad en la misma desde que la entidad fuera nacionalizada por el Banco de España el pasado 22 de julio, según apuntaron distintas fuentes.
La reunión fue solicitada por los delegados del Fondo, si bien los diez miembros de la comisión recibieron la convocatoria firmada por el presidente de este órgano, el murciano Juan Ramón Avilés. Este formalismo obededece a que la comisión de control, al igual que la asamblea general, no ha sido suspendida de sus funciones, como sí lo fue -de forma temporal- el consejo de administración, tras la intervención de la caja y la entrada en la misma de José Antonio Iturriaga, Tomás González y Benicio Herranz como nuevos administradores.
Según distintas fuentes, los delegados del Fondo podrían exponer la actividad que están llevando a cabo desde que el FROB nacionalizó la entidad a los miembros de la comisión de control, órgano de gobierno que, según la ley, tiene por objeto cuidar que la gestión del consejo de administración se cumpla con la máxima eficacia y precisión, dentro de las líneas generales de actuación señaladas por la asamblea general y de las directrices de la normativa financiera.
Como ya se ha venido publicando desde el pasado 22 de julio, los administradores tienen la tarea de sanear la entidad para sacarla a subasta, probablemente, en el mes de septiembre. Los primeros pasos que dieron al tomar el control de la entidad fueron revisar la concesión de créditos, especialmente por la elevada exposición al sector de ladrillo, que es el que ha venido lastrando los resultados de la entidad. En un primer momento, el Fondo aportó 3.000 millones de liquidez para evitar la posible fuga de depósitos. Según distintas fuentes, la retirada de fondos no está registrando especial incidencia.
Una vez que se estabilice la caja, el FROB concederá los 2.800 millones necesarios para su recapitalización, lo que le permitirá alcanzar los nuevos mínimos de solvencia exigidos por el Gobierno.
Pero antes de recibir esta inyección deberán estar terminadas, tanto la auditoría de urgencia, encargada a KPMG -consultora que habitualmente analiza las cuentas de la entidad-, así como la valoración de la misma. Esta última determinará qué porcentaje pasa a manos públicas -en distintos medios se baraja la cifra de más del 80%- y qué participación tendrá la futura fundación que se creará para gestionar la Obra Social.
También está pendiente la publicación de las cuentas semestrales de la caja. El diario económico Expansión publicaba ayer que el balance arrojará "pérdidas de más de 600 millones" durante los seis primeros meses del año por los ajustes en su riesgo inmobiliario. Según el diario, la entidad tiene "16.000 millones en créditos al ladrillo, más del 50% de la financiación que ha concedido a empresas".

Avilés asegura que sus créditos se referencian a niveles de mercado

El presidente de la comisión de control de la CAM, Juan Ramón Avilés, asegura que los créditos que le fueron concedidos no tuvieron un interés preferencial, sino que se referenciaron "en circunstancias normales de mercado, como a cualquier otro cliente", según señala en una nota. Además, el empresario murciano añade que las operaciones crediticas "están garantizadas hipotecariamente" y tienen "informes favorables del Instituto Valenciano de Finanzas". Avilés insiste en que los préstamos "son públicos, ya que constan junto con sus condiciones en los informes corporativos anuales que se remiten al Banco de España y a la CNMV". Asimismo, explica que "todos están al corriente de pago, estando algunos de ellos, incluso, amortizados totalmente, con su principal más intereses" y que "se han invertido para la finalidad para la que fueron otorgados, creando riqueza y puestos de trabajo". REDACCIÓN

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