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¿Por qué una caja de ahorros supuestamente entregada a la prestación de servicios financieros a familias y particulares necesita una larga lista de sociedades en lejanos países como México o Polonia y filiales en paraísos fiscales como las Islas Caimán? La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) tiene eso y mucho más.

En total, la entidad financiera intervenida el pasado viernes por el Banco de España con un agujero que supera los 4.000 millones de euros cuenta con una quincena larga de sociedades domiciliadas en el extranjero. De estas, una decena están vinculadas a la promoción de viviendas, complejos turísticos o hoteles en México, Polonia, Holanda y Marruecos.

La entidad que estuvo presidida hasta hace dos días por Modesto Crespo, un vendedor de coches de Elx que llegó a la cúpula de la caja alicantina aupado por el PP valenciano, también cuenta con lista interminable de sociedades vinculadas al ladrillo en España. Supera la treintena de largo y estas se encuentran distribuidas por Alicante, Valencia, Murcia, Barcelona y Madrid, principalmente.

La caja también tiene registrada una filial, CAM Global Finance, en las Islas Caimán. Se trata de una sociedad, cien por cien propiedad de la caja, especializada en la gestión de deuda. La isla caribeña está considerada un paraíso fiscal ya que ofrece una exención total o una reducción muy significativa en el pago de los principales impuestos a empresas extranjeras. Fuentes financieras explicaron ayer que el objetivo de una filial en las Islas Caimán es gestionar fondos de inversión sin pagar impuestos en España.

DIVERSIFICACIÓN MAL ENTENDIDA / La caja, además, tenía participaciones menores pero sustanciales en otra casi centena de sociedades. La gran mayoría se dedican a la promoción inmobiliaria, prueba de la excesiva exposición de la entidad al sector, la causa de la debacle que ha llevado a su intervencion, junto a su falta de control interno y su dependencia del poder político. Pero también había tomado posiciones en sectores tan alejados de su actividad financiera tradicional como la compraventa de servicios funerarios, la gestión de instalaciones deportivas, los servicios de atención primaria, la hostelería, el transporte marítimo, los laboratorios, los aparcamientos, los parques tecnológicos o los parques temáticos (su desastrosa inversión en Terra Mítica, impulsada por la Generalitat Valenciana).

La dispersión de estas participaciones dan muestra por una parte de la arriesgada gestión del crédito en la entidad (algunas participaciones fueron tomadas ante la imposibilidad de la sociedad de pagar los créditos concedidos) y su permeabilidad a las presiones del Ejecutivo regional para que invirtiese en operaciones que resultaron ser ruinosas.

La caja valoró estas sociedades en 1.709 millones de euros al cierre del año pasado, si bien reconoció que, al no cotizar en mercados de valores, era un cálculo aproximativo. Lo más probable es que, tras la intervención, su valor real de mercado haya descendido. Ya en diciembre, la pérdida de valor de estas participaciones le obligó a realizar dotaciones que restaron 83,3 millones a sus reservas y 6,2 millones al fondo de reserva de los propietarios de sus cuotas participativas.

DESCONTROL / La gestión de estas participaciones es otra prueba del descontrol interno de la caja. El consejo de administración tenía delegada sus facultades para controlarlas en la directora general, que a su vez tenía traspasada la responsabilidad a la comisión de tesorería e inversiones institucionales, que era la que tomaba las decisiones. Solo si la operación tenía el tamaño suficiente, se consultaba a la comisión de inversiones, un órgano de control dependiente del consejo.

Teóricamente, las decisiones importantes las tomaba el consejo, pero en la práctica eran los ejecutivos los que las adoptaban. De hecho, la comisión de inversiones apenas se reunió cinco veces el año pasado y solo emitió ocho informes. Sus tres miembros recibieron créditos de la entidad durante el ejercicio: Ginés Pérez (1,5 millones), Susana Maestre (50.000 euros y una tarjeta con crédito por 2.000 euros) y Juan Bernal (tarjeta con crédito por 6.000 euros).

Precisamente, ayer se supo que la CAM renovó un crédito a la Generalitat de 200 millones de euros el pasado 20 de julio, el día de la dimisión de Francisco Camps como presidente y a apenas una semana de que la entidad fuese intervenida por el Banco de España.

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