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Da la impresión de que la Caja del Mediterráneo (CAM) está bailando los últimos compases de su vida como tal, al menos como caja de ahorros y como entidad independiente
La intervención decretada el viernes por el Banco de España ha venido a rescatar a una entidad que a finales de los años noventa incluso había salido al rescate de bancos en situaciones comprometidas.
La exposición a negocios con alto riesgo que se han tenido que refinanciar, las operaciones inmobiliarias y el fuerte peso político de algunas operaciones pusieron a la quinta caja española en el alero.
Rescatadora
En 1998, durante la presidencia de Román Bono, compró el negocio de Abbey National en España, que precisamente estaba especializado en el segmento hipotecario y que se había lanzado con una política muy agresiva de captación de clientes que elevó sus riesgos. Unos meses antes había comprado también la filial española del italiano Sanpaolo, que tenía pérdidas importantes.
Los puntos flacos de estas entidades rescatadas acabaron convirtiéndose en su propio talón de Aquiles.
El negocio inmobiliario le ha dejado una mala herencia a una entidad cuyo territorio principal está en una zona costera que tuvo un fuerte auge de construcción turística, posteriormente fallida. Tiene 3.200 millones de inmuebles adjudicados y una morosidad del sector promotor del 7,5% según sus memorias.
La caja ha estado involucrada, además, en los procesos concursales más importantes que se han producido en España, a lo largo de esta crisis económica. Su exposición en el fallido de Martinsa-Fadesa, por ejemplo, superó los 155 millones de euros y en Sacresa su volumen de créditos era de 73 millones. Llanera, Tremón o Ploder son otros de los casos.
Fue también compañera de viaje de Polaris World, la empresa murciana que había proyectado grandes campos de golf rodeados de viviendas, que al final se repartieron los bancos y cajas acreedores.
Créditos aplazados
Otro punto espinoso, con efectos difícilmente cuantificables por ahora, es el de las refinanciaciones. CAM ha renegociado créditos a empresas, no sólo del ladrillo, sino también muchas industriales. En su memoria de 2010 declara un volumen de 2.110 millones de euros en créditos que estarían vencidos si no se hubieran renegociado. El año anterior no llegaban a cien millones. La mayoría de esos procesos de refinanciación arrancaron en 2008 y 2009, por lo que muchos vencerán entre 2011 y 2012, y no es posible saber cuántas de las empresas refinanciadas han solventado los problemas de hace dos años.
Cerca de la política
El peso de las administraciones públicas en la caja le ha llevado a entrar en operaciones que otras entidades no habrían realizado. CAM estuvo al lado de la Generalitat Valenciana en Terra Mítica, el parque temático de Benidorm, un negocio que no ha sido rentable y que, además, tiene procesos abiertos en los tribunales.
Las cajas han sido también el recurso de la administración autonómica para obtener financiación cuando muchas puertas se han estado cerrando. El año pasado, CAM multiplicó por seis sus créditos a la Generalitat Valenciana, al pasar de 44 a 280 millones de euros. También suscribió quinientos millones de una emisión de la administración regional, que se quedaron a partes iguales CAM y Bancaja. Fue una operación criticada por algunos empresarios, que señalaban que, mientras financiaban a la Generalitat, las empresas no obtenían créditos.
Las amistades peligrosas han implicado, además, a directivos de la caja en el caso Brugal, que investiga posible corrupción en Alicante. Las operaciones de CAM con el grupo del empresario Enrique Ortiz sugieren, según la acusación, que se usó información privilegiada para comprar terrenos que después se iban a recalificar.
Un problema de credibilidad
El elemento crucial en la última etapa de la caja alicantina ha sido la incertidumbre sobre el alcance real de su mala situación, que ha impedido cualquier otro tipo de rescate que no fuera la intervención. La integración con Cajastur, Caja Extremadura y Caja cantabria en el SIP de Banco Base se cortó por haber descubierto que, tras la inspección del Banco de España, CAM tenía que reclasificar 5.000 millones de euros en créditos y transformarlos en dudosos. Eso lo supieron el 18 de enero, cuando ya habían hecho incluso los balances proforma.
El ratio de morosidad se elevó por encima del 8% y las dudas se hicieron más fuertes. Los compañeros de viaje decidieron romper, pero también frenó la entrada de otros posibles socios en la caja. Los grandes bancos españoles condicionaban una posible entrada a la existencia deun esquema de protección ante posibles pérdidas no detectadas, algo que el Banco de España no aceptó. |
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