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DAVID NAVARRO ALICANTE La cúpula de la CAM no se resigna y, a pesar de que el Banco de España quiere inyectar todas las ayudas previstas a la entidad en forma de capital para controlarla, desde la caja todavía tratan de convencer al supervisor de que una parte de ese dinero se desembolse mediante la suscripción de participaciones preferentes, equivalentes a un crédito. La diferencia no es menor, si los 2.800 millones de euros que necesita la CAM llegan a través del denominado FROB 2, el Estado se convertirá en el máximo accionista, podrá relevar al equipo directivo y más tarde podría subastar la entidad al mejor postor.
Por el contrario, si recibiese los 1.031 millones de euros que reclama del FROB 1(crédito), la CAM podría incluso no necesitar nuevas ayudas públicas si sale a Bolsa o encuentra un nuevo socio privado, según las cuentas de la propia entidad. Sobre esta última cuestión, diversas fuentes apuntaron ayer que el banco de inversión Nomura, al que la caja le encargó la búsqueda de este socio, ya ha presentado un inversor interesado, aunque no ha trascendido ni su nombre ni el porcentaje de acciones que tomaría. Tampoco si la caja y el Banco de España han aceptado la propuesta.
Para defender su derecho al FROB 1, la CAM ha desarrollado todo un argumentario legal y sus máximos dirigentes, empezando por su directora general, María Dolores Amorós, no se cansan de asegurar que no existe ningún obstáculo jurídico para que la entidad se beneficie de esta modalidad de ayudas, como han hecho la mayoría de los nuevos grupos de cajas de ahorros. Así, Bankia ya ha recibido por esta vía 4.465 millones de euros; Catalunya Caixa, 1.250 millones; y Novacaixagalicia, 1.162.
El antiguo Banco Base también tenía aprobados 1.493 millones a través de este mecanismo y lo que ahora pretende la CAM es que se le respete su parte proporcional de esa cifra, los citados 1.031 millones de euros. Con esa cantidad -que debe devolverse en cinco años con un interés mínimo del 7,75% anual-, más los recursos propios de la caja, su capital principal se situaría por encima del 7%, con lo que el nuevo mínimo legal impuesto por el Gobierno sería más fácil de alcanzar. En concreto, si el nuevo Banco CAM al que la caja traspasará su negocio sale a Bolsa o vende al menos el 20% de su capital a otros socios privados, sólo debería acreditar un 8% de capital principal, para lo que necesitaría únicamente 441 millones, que serían los que aportarían esos inversores.
Incluso en el caso de que tuviera que alcanzar el 10% capital principal (el mínimo para las entidades no cotizadas o sin inversores privados), la inyección de capital que necesitaría del FROB 2 se reduciría a 1.405 millones, lo que seguramente permitiría que la CAM siguiese controlando el nuevo banco.
En el caso opuesto, si la entidad presidida por Modesto Crespo no recibe una parte de las ayudas como crédito, la factura asciende a 2.800 millones y, tanto si los obtiene del FROB 2, como si pacta una operación a tres bandas con otra entidad, será casi imposible que la caja retenga la mayoría de las acciones del Banco CAM. El Estado podría entonces relevar a la cúpula directiva, aplicar nuevos recortes y, en última instancia, transcurrido un tiempo, subastar la entidad al mejor postor.

Situación "sobrevenida"
El problema es que la concesión de ayudas mediante la suscripción de participaciones preferentes se creó para favorecer las fusiones de cajas -un requisito que ya no cumple la CAM- y que, cuando en febrero se reformó el decreto que regula del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y se elevaron los mínimos de solvencia, se sustituyó por inyecciones de capital puras y duras. Sin embargo, Caja Mediterráneo entiende que la reforma del FROB establece que la compra de acciones por parte del fondo es la vía que se adoptará con carácter general para recapitalizar a las entidades que lo necesiten, pero esto no excluye otras posibilidades. Aseguran, además, que el texto original se modificó para que así fuera.
Igualmente, en la entidad alicantina argumentan que su caso es único y que se debe a "circunstancias sobrevenidas" sobre las que no tienen responsabilidad, en referencia a la decisión de Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura de abandonar el SIP. En esta línea, la CAM consideran que son herederos de aquel proyecto ya que su asamblea sí votó a favor de continuar con la fusión y que, posteriormente, la caja se quedó con la entidad que se había creado para ser la cabecera del nuevo grupo, el Banco Base que ahora ha transformado en Banco CAM. Por ello, entienden que tienen derecho a mantener la parte proporcional del FROB 1 concedido al SIP.
Ahora, además, tienen un nuevo argumento después de que el Ministerio de Trabajo haya autorizado a la caja a aplicar su parte proporcional del expediente de regulación de empleo que se había pactado para todo el grupo y por el que dejarán la CAM casi un millar de empleados, la mayoría mediante prejubilaciones.

En pocas semanas
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los alicantinos, desde el Banco de España siguen siendo partidarios de inyectar los 2.800 millones de euros a través del FROB 2 y tomar el control de la entidad, tal y como avanzó este diario hace tres semanas y ayer volvieron a confirmar fuentes financieras. De hecho, desde un principio el supervisor dejó claro que ésta era su primera opción y sólo tras la insistencia de los dirigentes de CAM aceptó incluir en su plan de recapitalización la posibilidad de mantener parte de las ayudas como crédito. En cualquier caso, la respuesta definitiva se sabrá en breve ya que se prevé que entre la última semana de junio y la primera de julio se tome una decisión oficial.

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