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Con él, el sistema financiero puso su contador a cero; Está a punto de acabar con 150 años de historia de las cajas para convertirlas en bancos; La crisis económica le sirvió de excusa para iniciar un proceso marcado por los constantes vaivenes a su política y, en algunos casos, una clara falta de rigor a la definición de su cargo: la supervisión de las entidades financieras españolas.

Los agujeros encontrados en CCM y Cajasur le recordarán en los libros de historia a Miguel Ángel Fernández Ordóñez como el médico que sólo diagnosticó un constipado cuando el organismo estaba podrido.

Si hay una opinión en la que coinciden tanto bancos y cajas (que ya es difícil) como expertos es que el Banco de España ha reaccionado en todo momento desde que estalló la crisis con "improvisación" y "sin anticipación". "No se ha querido reconocer en ningún momento la realidad de la situación", pese a que desde bancos y cajas se le estaba advirtiendo de lo que se venía encima, aseguran representantes de ambos sectores. Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada, admite que buena parte de la situación actual se debe a que "no se hizo un diagnóstico preciso de los problemas que iba a haber".

Y falló en la primera entidad con problemas. El resto de cajas lo vio, pero él no.

CCM y Cajasur

Le critican que no puso freno a la concesión de créditos en el ladrillo

Cuando Fernández Ordóñez intentó que Ibercaja absorbiera a Caja Castilla-La Mancha para evitar su intervención, le ofreció mil millones de euros en ayudas. Amado Franco le dijo que no; hacía falta mucho más dinero. La misma situación vivió el gobernador del Banco de España cuando unos días después hizo el mismo intento con Unicaja. Braulio Medel replicó que con menos de 3.000 millones no se podía hacer. Ordóñez se encastilló y acabó por intervenir CCM ante la imposibilidad de que otra caja le solucionara el problema.

La realidad acabó, poco después, por dar la razón a Franco y a Medel y sacó los colores al gobernador, porque para venderla a Cajastur tuvo que conceder unas ayudas de 1.300 millones más una garantía de 2.475 millones para hacer frente a la morosidad que vaya apareciendo. ¿Cómo es posible que quien tenía acceso a los números de CCM no pudiera ver lo que el resto tenía tan claro?

Y no fue la única vez que sucedió. Poco después se repitió la historia con Cajasur. Tras la intervención y su venta a BBK, la caja vasca descubrió que los problemas que había dentro de la cordobesa eran muy superiores a los que el Banco de España había escrito en el cuaderno de venta. Unos mil millones más de agujero de lo calculado (y eso que la gestión estaba en manos del supervisor), más lo que vaya saliendo. Otro mal cálculo de grandes dimensiones. Desde el Banco de España justifican que después de intervenir una entidad siempre salen pérdidas muy superiores a las que se conocían porque se utilizan criterios de una prudencia exagerada, que multiplican los morosos y, por tanto, las pérdidas.

Se ha preocupado de temas que no le competen, como la reforma laboral

En el sector admiten parte de esta argumentación, pero recuerdan que en el caso de Cajasur, por ejemplo, el agujero apareció cuando entró BBK una vez que ya había salido el Banco de España, lo que demuestra que no se enteró de lo que había ahí dentro.

La credibilidad y la CAM

Y esos malos cálculos no sólo afectan a esas dos entidades y a sus compradoras, la verdadera consecuencia de lo ocurrido tras cada intervención es que "ahora se duda de las cuentas de todas las cajas de ahorros", asegura el ejecutivo de una gran entidad española. El supervisor "ha perdido su credibilidad", añade otro, y la prueba está en que nadie quiere hacerse cargo de la CAM  porque dudan de qué puede haber dentro. Si se confiara en el Banco de España, a alguien le saldrían las cuentas para comprarla.

En CCM y en Cajasur, no descubrió los verdaderos agujeros

Con la CAM se ha dado otra de estas situaciones de recálculo de su realidad, aunque en este caso ha sido el supervisor el que ha elevado la cifra de las dificultades. Tras realizar una inspección en diciembre, abrió un acta a la caja alicantina obligándole a elevar en 1.400 millones su cifra de créditos morosos. Esta fue una de las razones que provocaron la ruptura con sus socios Cajastur, Extremadura y Cantabria.

Y, precisamente, la situación de la CAM es una de las circunstancias que más está poniendo en entredicho la actuación del Banco de España, un organismo que hasta bien iniciada la crisis (y todavía en muchos aspectos, como las exigencias de provisiones antimorosidad) gozaba de la máxima credibilidad en los mercados internacionales. La institución se niega a intervenirla. Tiene un argumento de peso: su capital regulatorio (la solvencia que se le exige por ley) supera el mínimo establecido.

La realidad, sin embargo, es que podría hacerlo si de verdad sacara a la luz todos sus créditos de riesgo, aseguran fuentes del sector conocedoras de las cuentas de la CAM. Igual que afloró 1.400 millones en enero, podría sacar otros tantos, los suficientes como para que estuviera en una situación de intervención. "No quiere intervenir y alarga los procesos hasta que no hay más remedio", como hizo en el caso de Cajasur y CCM, asegura el consejero de Economía de una comunidad autónoma, que no quiere ser citado, al igual que numerosos representantes de bancos y cajas que han hablado con Público en las últimas semanas. Quieren seguir a bien con el supervisor (de él depende su futuro) porque creen que "si no haces ruido es más fácil negociar con él", aunque critican duramente su actuación durante la crisis.

Ordóñez reclama despolitización, pero no hace nada contra ella

Una de las grandes reclamaciones que desde varios bancos se le dirigen al Banco de España es que no haya aprobado un buen procedimiento de intervención. Ya desde la crisis de Banesto, dicen, se vio la necesidad de esta nueva normativa, pero sobre todo se hizo patente tras la entrada en CCM. "Con la aprobación del FROB tuvieron una oportunidad de crear este instrumento legal, pero la desaprovecharon", dicen en un banco, donde reclaman al supervisor que "como en tantas otras cosas, no ha hecho los deberes".

Crédito para el ladrillo

Desde la banca se alertó ya en septiembre de 2007, poco después de que saltara la crisis de las hipotecas basura, de que había un problema con las carteras inmobiliarias de las entidades financieras. "Entonces se debería haber empezado a hacer algo", asegura un ejecutivo de un banco.

Y previamente se tendría que haber puesto freno a la concesión de crédito inmobiliario (la burbuja habría sido menor), asegura Carbó, quien añade que el "gran nubarrón" que queda ahora es reconocer la realidad de los balances de las cajas y los bancos. "No hemos sido capaces de hacer el gran ejercicio de transparencia", reconoce el catedrático. Con esa afirmación, que comparten numerosos expertos, sobre todo analistas internacionales, queda de manifiesto que no se confía en las cifras comunicadas por las entidades y por el Banco de España. Ni siquiera después de haber desnudado públicamente su exposición al ladrillo por exigencia del supervisor.

Y esas dificultades con el sector inmobiliario que entonces eran asumibles era evidente que iban a convertirse con el tiempo en un grave problema de solvencia, sobre todo en el caso de las cajas, que no podían captar capital porque su normativa se lo impedía. Pero el supervisor permaneció inmóvil al respecto "cuando todavía había capacidad de maniobra", recuerdan en el sector, por mucho que ahora reclame que no se hicieron reformas cuando se pudo.

No fue hasta julio de 2010 cuando se aprobó una ley de cajas que permitía a estas entidades acceder a fondos con los que elevar su solvencia (y fue por insistencia de las propias cajas). Pero ya el problema era demasiado grave.

Hasta entonces, se había apostado por impulsar unas fusiones que han estado "demasiado mediatizadas por los gobiernos autonómicos", asegura Javier Niederleytner,profesor del Instituto de Estudios Bursátiles. Desde dentro del Banco de España llegaron a reconocer que "se hicieron las fusiones que se pudieron y no las que se quisieron". Los lazos políticos de unas comunidades con otras y la cercanía de los gestores de unas cajas con los de otras fueron lo que marcaron las uniones que se han realizado, en lugar de las razones económicas, que es lo que debería haberlas guiado. El supervisor "ha sido demasiado blando", dice Niederleytner, mientras Carbó añade que ha reaccionado "con lentitud" y perdido "un tiempo precioso hasta junio de 2010".

Cuestión de tamaño

Pero en ese tiempo el supervisor pensaba que lo primordial (sin dejar de exigir provisiones y saneamientos millonarios) era aumentar el tamaño de las entidades. Cuando la crisis irlandesa le demostró de nuevo que los problemas eran más graves de lo que quería reconocer, tuvo que dar un nuevo viraje y obligar a las medias fusiones, que hasta ahora había permitido e impulsado (los SIP), a convertirse en integraciones plenas. Para entonces, ya se había llegado a diciembre de 2010, tres años después de estallar la crisis.

Pero en enero de nuevo todo cambió. Las exigencias de los grandes bancos, que entraron en cólera cuando comprobaron que seguían sin poder emitir en los mercados internacionales (por culpa, creían, de la mala imagen de las cajas), hicieron que el Banco de España y el Gobierno se pusieran manos a la obra con una nueva normativa. Lo primordial ya no era el tamaño, ni los saneamientos, ni las fusiones, ahora lo que importaba era el capital, la conversión en bancos y la salida a Bolsa.

Dinero público

Y mientras se cambia de rumbo cada poco tiempo, el volumen de dinero público que se entrega a las entidades sigue creciendo. Y todavía sin que ello haya supuesto que se levante de la silla a los ejecutivos que han llevado a las cajas a esta situación. "Los gestores malos deberían irse a la calle y nadie les está reclamando nada", critica Niederleytner.

Carbó considera "crítico" que se avance en la profesionalización de los órganos de gobierno de las entidades. También lo reclamó el propio gobernador públicamente la semana pasada, pero en realidad no hace nada para luchar contra ello. En sus manos está la aprobación de los Consejos de Administración de los nuevos bancos y todavía no ha rechazado ninguno de los propuestos. Sólo dos de estos nuevos bancos tienen consejeros independientes.

Ordóñez se quejaba de que no se habían hecho las reformas cuando se debió. Tampoco él hizo las que estaban en su mano cuando pudo, le recuerda José Antonio García Rubio, responsable de Economía de IU, quien cree que el gobernador debería dimitir porque "ha cometido errores gravísimos y como vigilante del sistema financiero ha demostrado una incapacidad total". En buena parte, añade, porque se ha preo-cupado por asuntos que no le correspondían, como la reforma laboral, algo en lo que coincide Chema Martínez, de CCOO-Comfia.

Tras tantos vaivenes, el gobernador sigue teniendo ante sí un sistema financiero con dificultades para financiarse en el extranjero, con fusiones por terminar de concretarse y con problemas de liderazgo, con varias nacionalizaciones de cajas a la vista y con tres o cuatro intentos de salidas a Bolsa que todavía no está claro que vayan a resultar exitosos.

Cómo se controla a las entidades

¿Cuáles son los objetivos de la supervisión?

Asegurarse de que las entidades estén bien gobernadas, gestionen los riesgos adecuadamente y cuenten con un capital adecuado a los riesgos que asumen.

¿Cuántos tipos de actuaciones inspectoras hay?

Existen tres tipos: el seguimiento y análisis a distancia, las visitas de inspección (que habitualmente se realizan una vez al año, salvo que se detecte que una entidad está en problemas) y el seguimiento continuado in situ. La última modalidad es la que se aplica en el Santander y BBVA. Dado su tamaño y complejidad, decenas de inspectores del Banco de España están permanentemente ubicados en las sedes de ambas entidades.

¿Cómo son esas inspecciones?

Los inspectores se desplazan hasta la entidad una vez al año, repasan las cuentas, los libros y las operaciones realizadas. Normalmente, hacen exámenes aleatorios de los créditos concedidos a partir de determinado volumen y exigen ver un porcentaje de las operaciones realizadas con hogares o pymes. En los casos de mayor riesgo o tras una intervención, se analizan todas las operaciones. Cuando se detecta más riesgo del debido en una entidad, se realizan inspecciones concretas mucho más precisas y prolongadas. 

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