Caja del Mediterráneo (CAM), que el pasado viernes anunció que necesita 2.800 millones de euros de capital público para cumplir con los mínimos de capitalización que exige el Estado, estudia pujar hoy mismo por la marca y ficha del Banco Base, creada por CAM, Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. La junta general de accionistas y el Consejo de Administración del extinto Banco Base tenían que haberse celebrado ayer, pero finalmente se pospusieron a hoy por motivos de agenda, según las fuentes financieras consultadas.

CAM no ha despreciado en los últimos días controlar a futuro la marca del banco que fue autorizado a finales del pasado año por el Banco de España. Es más, desde su cúpula directiva se ha destacado que estaba mejor situada que las tres exsocias para adquirir y utilizar esta ficha bancaria, ya que es la única cuya asamblea general aprobó por mayoría aplastante mantener la fusión fría. Las otras tres rechazaron, también casi por unanimidad, mantener la alianza financiera y dejaron sola a la CAM el pasado miércoles.

Fuentes de Cajastur han deslizado que no les interesa esta ficha financiera. Otra cosa distinta es que hoy decida vender su parte, del 40% valorada en 8 millones de euros, a la CAM. Otro tanto ocurre en el caso de Caja Cantabria y Caja Extremadura, poseedores del 10% del capital social cada una, valorado hasta hoy en 20 millones de euros.

Cuenta consolidada

En la junta de accionistas de hoy, que se celebrará en la sede de Caja Castilla La Mancha, también se va a aprobar el resultado consolidado del Banco Base, unas cuentas que deberán reestructurarse ahora tras la comunicación al Banco de España de que no seguía adelante la fusión de la CAM. Es decir, ya no sirven, pues la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) había permitido que los datos consolidados se integrasen ya en el Banco Base extinto desde el miércoles por la tarde. Una fuente oficial de CAM restó ayer crédito a las informaciones divulgadas en los últimos días según las cuales CAM habría recurrido a una argucia legal para burlar al Estado mediante la solicitud de un plan mixto de recapitalización. Este plan limitaría la entrada del Estado a una parte minoritaria del capital y el resto serían créditos públicos, con los que CAM impediría la nacionalización total, el relevo del equipo directivo y el cese de, al menos, la mitad del consejo de administración. «La CAM se ha limitado a pedir los 2.800 millones de euros, que es el máximo que nos ha dicho de forma consensuada el Banco de España», afirman fuentes oficiales de la CAM, que añaden: «La forma en que se reparta ese dinero ya se decidirá en los próximos días por el Banco de España».

Otras alternativas

Por otro lado, el Banco de España se plantea ya trocear la CAM y vender activos de calidad como su red de oficinas, sin intervenir la caja alicantina y al no encontrar ninguna entidad interesada en comprarla o en fusionarse con ella, según informaron a Efe fuentes financieras. La última idea que baraja el supervisor es colocar un paquete de la red de oficinas de la CAM a alguna entidad con capacidad para asumir la compra sin dificultades, como el Banco Santander, al que le interesaría aumentar su presencia en la Comunidad Valenciana. Las mismas fuentes explicaron que en los últimos días, el supervisor empezó a contactar con varias cajas y bancos medianos, como Ibercaja, Unicaja, pero también Bankinter y Banco Pastor, para sondear el interés de formar una fusión con la CAM, en la que recibirían fondos del Estado.

Esta opción se tomó después de que el supervisor constatara la falta de interés de la gran banca por adquirir el cien por cien de la CAM y ofrece la ventaja de que el Estado no se convertiría en el principal accionista de la caja alicantina.

Si el Banco de España aceptara aportar los 2.800 millones que la CAM requiere para cumplir con los nuevos criterios de solvencia a cambio de una participación, el Estado sería inmediatamente el principal accionista. Gana fuerza, pues, separar sus activos de calidad.