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El Banco de España trata de lograr un pacto amistoso entre las partes para resolver las cláusulas incluidas en el acuerdo de Sistema Institucional de Protección (SIP) que habrían acordado la CAM, CajAstur, Caja Cantabria y Caja de Extremadura. Según fuentes conocedoras de las condiciones del contrato, quien lo rompiera debería pagar una penalización consistente en hasta el 20% de sus recursos propios a quien se viera fuera del proceso. La CAM se considera con derechos. Por eso, tras la ruptura, la CAM ha dado a conocer su intención de denunciar a sus tres ex socios por incumplimiento de la fusión que tenían prevista. Según cómo se realicen los cálculos del montante que podría recibir la CAM, la cifra podría alcanzar hasta los 2.000 millones de euros. La cantidad mínima no bajaría de los 1.300 millones de coste para sus ya exsocios. En la CAM consideran que son fedatarios del acuerdo con cuatro patas fundamentales: el asesor jurídico del proyecto, la compañía auditora, el asesor financiero y el propio Banco de España.

Desde las autoridades se ve con mucha preocupación la evolución de estos hechos. Prefieren un acuerdo amistoso a que acabe llevándose el caso ante los tribunales donde podrían aparecer molestos asuntos de incompatibilidad entre quienes han diseñado la operación global del proceso de restructuración y fortalecimiento del sistema financiero español y quienes asesoran en caso concretos a las entidades.

El mantra más repetido es el de que a todos nos interesa no hacer ruido. De nuevo aparece la sospecha de que las funciones de supervisión del Banco de España han sido manifiestamente mejorables. Y vuelven a recordar que el subgobernador, que en su día fue el director general de supervisión, tenía bajo su responsabilidad las tres áreas principales de supervisión, las que afectan a los dos grandes bancos, específica del área bancaria y la de las cajas de ahorros. Incluso precisan más, que antes de ejercer esta responsabilidad estuvo directamente encargado de la supervisión de las cajas.

Las entidades que han forzado la ruptura, CajAstur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, rechazan que el caso conlleve indemnizaciones. En cambio desde sectores profesionales próximos al Partido Popular recuerdan que las razones que dan estas entidades para negarse a pagar la indemnización estarían reflejadas en un protocolo privado. Fuentes próximas a la CAM recuerdan en cambio que la reclamación de la caja alicantina se basa a un acuerdo público. Esta indemnización sería vital para evitar el control que acabaría ejerciendo el Estado de esta caja a través del Banco de España.

Para que fuera efectiva la cláusula indemnizatoria, las cajas accionistas tendrían que haber aprobado el traspaso de sus activos a Banco Base y no lo hicieron. CajAstur y las otras tres cajas sí hubieran tenido que pagar indemnizaciones millonarias en caso de haber abandonado el SIP de haberse culminado la fusión.

Las tres cajas disidentes, como se las conoce, en el argot de la CAM, reiteran que la discrepancia fundamental está en lo que pueda suceder a partir de ahora con Banco Base S. A., la entidad financiera creada por los cuatro socios integrantes del SIP. Como sociedad sigue operativa. Al haberse desvinculado CajAstur, Caja Extremadura y Caja Cantabria del proyecto de Banco Base, la CAM podría exigir el pago de penalizaciones por la cesión de las acciones de sus ex socios en la entidad financiera. Pero la cantidad distaría mucho de lo establecido según fuentes conocedoras de los acuerdos del 20 por ciento de los recursos propios que estima deben pagar las cajas que han roto la SIP.

Esto no sólo no ha paralizado las presiones del Banco de España para que la CAM busque salida a su grave situación actual. Como ha sido divulgado por diferentes medios, a través del banco de negocios Nomura y del bufete de abogados de Uría Menéndez han seguido trabajando para encontrar una solución inmediata. Las entidades contactadas como el Santander, BBVA, La Caixa, Sabadell y Popular, esperan conocer los detalles del Esquema de Protección de Activos, (EPA), para cubrir los activos más dañados. El riesgo en el sector inmobiliario alcanza los 10.000 millones.

Será a partir de ese momento cuando decidan si pujan por la entidad. Sus activos más interesantes son su amplia red de oficinas en la comunidad valenciana, donde ejerce un claro liderazgo así como una amplia base de clientes que suman unos depósitos de 44.200 millones. El Grupo Santander, que aparece en todas las quinielas como el principal candidato, podría realizar la operación a través de Banesto para ganar peso en el mercado levantino.

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