La fusión entre CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria pende de un hilo por la cuantiosa ayuda pública que necesita el proyecto para salir adelante; Tras descartar la salida a Bolsa para lograr el ´core capital´ mínimo exigido por el Gobierno, la única opción que le queda a Banco Base (entidad creada para integrar a las cuatro cajas) para cumplir con los nuevos requisitos es acudir al Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB). El desembarco del Estado en la entidad conllevaría un nuevo reparto de la participación de las cuatro cajas que se reduciría de manera proporcional.
Según fuentes financieras, las necesidades de capital de esta nueva entidad se alargarían hasta los 2.700 millones de euros tal y como se aprobó en el consejo de administración del pasado 23 de marzo. Esta cantidad supone casi el doble de los 1.447 millones previstos inicialmente, aunque fuentes de la CAM insistieron ayer que esta última cifra era la solicitada al FROB. Este cambio se debe a la recalificación de la cartera de créditos y riesgos de la CAM llevada a cabo en los últimos meses. Esta cantidad significaría un cambio radical en la situación del nuevo banco ya que el Estado se convertiría irremediablemente en el principal accionista de Banco Base.
Además, acudir al FROB implica la obligatoriedad de traspasar los activos y pasivos del negocio financiero a un banco y aceptar una valoración independiente que previsiblemente supondría rebajar el valor de la entidad. Por descontado, la reorganización del capital de la entidad supondría un vuelco radical en la estructura de su consejo de administración por lo que Manuel Menéndez, presidente de Cajastur, perdería el timón del proyecto.
Tras el manifiesto malestar de los últimos días entre Cajastur y la CAM, la caja alicantina, quiso dar ayer apariencia de normalidad en el consejo de administración de Banco Base, celebrado a primera hora de la mañana en Madrid. Tras algo menos de una hora de reunión, el máximo dirigente de la CAM abandonaba la sede de Banco Base (anteriormente utilizada por CCM, primera entidad intervenida por el Estado) con el semblante serio.
Los acuerdos tomados en esta reunión parecen una victoria parcial de la caja alicantina. El Banco de España avaló su tesis y conminó a Cajastur a respetar el contrato del Sistema Institucional de Protección (SIP) firmado hace unos meses, por el que a la entidad alicantina le corresponde el 40% del accionariado del Banco Base.
El presidente de la caja asturiana parece por tanto haber perdido el órdago lanzado el pasado miércoles con la amenaza de romper la fusión si la CAM no rebajaba su peso al 27%, para destinar el 13% restante al Estado en virtud de la nueva petición al FROB. Pese a la victoria en el asalto de ayer, las espadas siguen alto y la entrada de capital público en Banco Base se convierte en el ´quid´ de la cuestión de cara a las asambleas generales que mañana tendrán que celebrar las cuatro cajas de ahorro para aprobar o no su contrato de integración.
El consejo de administración del Banco Base apostó por mantener el proyecto que será votado en los términos acordados, incluidos los porcentajes accionariales que cada socio tendrá en la entidad, aseguraron fuentes financieras. Esto significa que lo que estará sujeto a aprobación mañana en las asambleas generales de las cuatro cajas es que la entrada del Estado en el accionariado de Banco Base no se realizará a costa de la CAM sino diluyéndose la participación de cada uno de manera proporcional. Con esta premisa, el poder que podría lograr el Estado sería mayor que si la CAM fuera la única perjudicada y las otras tres entidades mantuvieran el 60% de las acciones.
En la caja asturiana, lejos de dar por zanjado el conflicto, insisten en que el partido crucial se jugará mañana. «De momento, todo sigue igual. Las discrepancias de valoración se mantienen, y serán las asambleas, cuando se les presenten los datos y el proyecto, las que dirán sí o no, hasta entonces no hay nada acordado», sostienen fuentes de Banco Base que aseguran que el conflicto se mantiene. La lógica de Cajastur es que, si el SIP necesita capital público, es por culpa de los problemas de la alicantina, por lo que deber ser ésta la que asuma la carga de esta inyección. La decisión de Menéndez cuenta con el respaldo absoluto de Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria. «Lo que él haga me parece bien», aseveró Revilla ayer.
Ver artículo original
