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La delicada situación que atraviesa la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) ha abierto una nueva crisis dentro de la reestructuración del sector; Banco Base, el SIP que lidera junto a Cajastur, podría disolverse mañana si alguna de las asambleas de las cuatro cajas fundadoras (Caja Extremadura y Caja Cantabria además de las ya mencionadas) vota en contra en el proceso, hecho que parece probable después de que Banco Base solicitase ayer al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) más de 2.700 millones de euros, unas ayudas que pondrían a la entidad en manos del Banco de España.
En concreto, Banco Base solicitó ayer al fondo público, según fuentes financieras, 2.784 millones de euros, frente a los 1.447 millones en que el Banco de España había cifrado su déficit de capital. Esta cifra, si se suma al respaldo solicitado en la primera ronda de la restructuración de 1.493 millones de euros elevaría el recurso global al dinero de público hasta 4.231 millones de euros, con lo que el Estado se convertiría en el mayor accionista del grupo en función de su valor en libros.
Por el momento, fuentes de las cuatro cajas consultadas por EL BOLETÍN han declinado hacer comentarios sobre la votación de mañana, donde el morbo está servido teniendo en cuenta que la CAM celebra su reunión por la mañana, y sus todavía socias lo hacen por la tarde. La Nueva España publica hoy que los consejos no llevarán a las asambleas ninguna propuesta formal de voto ni a favor ni en contra. Para salir adelante, el proceso requiere del apoyo de todas las partes, en virtud de una condición suspensiva que lo hace reversible, ya que aún no se habían mutualizado los beneficios ni los negocios financieros.
Si finalmente el ‘no’ gana alguna votación, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria podrían buscar una nueva integración, mientras que la CAM, a la que muchos consideran causa del agujero del grupo, quedaría a los pies de los caballos. La caja alicantina, con unos activos de 70.000 millones de euros, ha visto como su morosidad se ha duplicado en el último año hasta rondar el 9%. De quedar sola, podría ser nacionalizada por el Banco de España, ya que hay pocas entidades con el suficiente músculo financiero para poder hacerse con ella, más teniendo en cuenta la urgencia del caso.
La posible nacionalización ya ha levantado ampollas en los gobiernos autonómicos. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado hoy por disolver el proyecto de Banco Base si es necesaria una intervención del Banco de España “tan intensa” que suponga una pérdida de control por las cuatro entidades fundadoras. Mañana las asambleas de las cuatro cajas votan el proyecto.
Vara ha explicado que con la necesidad de capital actual de Banco Base hay que acudir al FROB con unas cantidades de tal magnitud “que harían que prácticamente el control de la entidad resultante sería del Banco de España”, porque representaría más del 50% del capital y tendría derecho a elegir a la mayoría de miembros del consejo de administración.
A pesar de que la institución que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez publicó el pasado día 10 que el proyecto necesitaba 1.447 millones de euros para alcanzar los nuevos ratios de solvencia, finalmente la petición de ayudas públicas ha superado los 2.700 millones de euros, poniendo en entredicho la viabilidad del proyecto. A juicio del presidente de la Junta, “habría que votar en contra si no se busca otra solución, y eso supondría la disolución del SIP”, y entonces Caja Extremadura quedaría como una entidad “con solvencia, bien gestionada y que no tiene ningún problema”. Por lo pronto, las declaraciones de Vara parecen descartar un voto afirmativo de la caja extremeña, cuyas dos primeras vicepresidencias están ocupadas por Carmen Heras Pablo y Elia Mª Blanco Barbero, alcaldesas socialistas de Cáceres y Plasencia, respectivamente.
Extremadura
Los populares extremeños se han sumado también a esta propuesta. El presidente regional del Partido Popular, José Antonio Monago, ha pedido hoy a Caja Extremadura que ponga “los contadores a cero” y busque nuevos socios porque “se trata de una caja solvente” y no debe precipitarse en la elección que haga.
Así lo expresaba Monago, en una nota remitida a Efe, tras la reunión que ha mantenido esta mañana en Cáceres con representantes de CSICA, el sindicato mayoritario en Caja Extremadura. El dirigente popular asegura que “la situación del Banco Base es insostenible, por tanto, no es viable ni tiene sentido” y aconseja que busque nuevas alianzas “en un proyecto viable, que tenga dimensión de cara al futuro y que permita viabilidad al proyecto financiero y a la obra social”.
Asegura además que este proceso exige un sentido de la responsabilidad “que, hasta la fecha, ha brillado por su ausencia”.
No obstante, pese a defender similares tesis, Monago no se ha ahorrado críticas al PSOE al señalar que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se reunió con los presidentes de las cuatro cajas “y apoyó el proyecto sin que se garantizara lo verdaderamente importante, su viabilidad”. Además, advierte que “las personas designadas por Fernández Vara para este proyecto son los responsables de esta situación y, por lo tanto, del fracaso de las decisiones que han tomado”.
Dudas
La petición de ayudas públicas de 2.784 millones de euros prácticamente dobla los 1.447 millones que el Banco de España había indicado que necesitaría el proyecto para alcanzar los nuevos requisitos de solvencia, lo que reabre el debate sobre la verosimilitud de las necesidades de capital del sector financiero español. El supervisor anunció un agujero de 15.152 millones, muy por debajo de los 50.000 millones que, como mínimo, habían estimado algunos expertos internacionales.
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