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También reclaman a la Audiencia Nacional una indemnización de 19 millones
La acusación apunta a los ocho ex directivos por falsear cuentas de la caja
El juez sostiene que las cuentas de la entidad no reflejaban la realidad
Los afectados por los «productos tóxicos» de Caja Mediterráneo (cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada) quieren que la antigua cúpula de la entidad alicantina pase un largo tiempo a la sombra por arruinarles. Concretamente unos 16 años. Esa es la petición de cárcel presentada ya ante el juez que instruye el caso CAM en la Audiencia Nacional y que ha realizado la acusación particular, que lidera el abogado Diego de Ramón en representación de unos 300 ahorradores (Plataforma CAM) que perdieron su dinero tras la quiebra de la caja en 2011.
De Ramón, en su escrito de acusación (paso previo a la posible apertura de juicio oral), apunta a los ocho exdirectivos de CAM imputados por el falseamiento de las cuentas y del cobro indebido de indemnizaciones millonarias. Se trata del ex presidente de la CAM Modesto Crespo, el ex director general Roberto López Abad, a la ex directora general adjunta María Dolores Amorós, el ex director general de Planificación y Control Teófilo Segorb, el ex director general de Recursos Vicente Soriano, el ex director general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez, el ex director de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater, y el ex director de Información Financiera Salvador Ochoa.
Para todo ellos pide penas de hasta 16 años de prisión por la comisión de cuatro delitos: apropiación indebida, administración desleal, falsedad en documento público y falseamiento de las cuentas. Además, la acusación popular reclama el pago de una indemnización de 19 millones de euros por los daños y perjuicios causados.
En el auto de transformación de las diligencias a procedimiento abreviado que dictó el pasado mes de abril el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermudez (sustituido ahora por otro juez en este proceso), el magistrado concluyó que señala que los estados financieros de la CAM de 2010 y primer semestre de 2011 «no reflejaban la imagen fiel de la entidad», argumentando que se había hinchado la cifra de beneficios en unos 210 millones de euros con un doble objetivo: ocultar la situación financiera desesperada de la caja y permitir el cobro de incentivos por resultados y otros complementos ligados a la supuesta buena marcha de la entidad. De hecho, el juez mantiene en su auto que los miembros del comité de dirección de CAM cobraron indebidamente 47,3 millones de euros por diversos conceptos retributivos como indemnizaciones, complementos variables salariales e intereses.
Tras la petición de la esta acusación particular, quedaría la presentación de los escritos de acusación tanto de la Fiscalía como de la Fundación CAM, que también figura como acusación particular. Una vez remitidos, la Audiencia Nacional ya podría decidir si sienta en el banquillo a los ex jefes de la CAM.
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