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MERCEDES GALLEGO . Un lugar que a uno de los ocho imputados, el ex director general de la caja Roberto López Abad, le resultará familiar después de que el pasado enero fuera juzgado junto al expresidente de la comisión de control y exconcejal de Murcia Juan Ramón Avilés en la primera de las siete piezas abiertas por la gestión de la CAM que ha llegado a juicio. Un proceso que acabó en absolución y que ahora está pendiente del Tribunal Supremo, cuya resolución al recurso de casación anunciado por la Fundación CAM y por el Fondo de Garantía de Depósitos (las dos acusaciones particulares que el tribunal no consideró legitimadas para ejercer como tales) bien podría coincidir con el enjuiciamiento de la pieza principal de la caja.

Además del último presidente de la caja, Modesto Crespo, acompaña a López Abad en este proceso quien fuera su persona de confianza en la entidad, María Dolores Amorós, su sustituta al frente de la dirección general, y otros directivos.

Tras casi tres años de investigación, considera Gómez Bermúdez que «concurren indicios racionales de criminalidad en concepto de autores» en la actuación de los ocho procesados, a los que atribuye haber tramado un plan para falsear las cuentas de la caja de cara a la frustrada integración en el SIP. Con ello, no sólo adulteraron la imagen contable de la CAM, lo que demoró la adopción de medidas para evitar la debacle que al final se produjo, sino que además se fijaron emolumentos para el cuadro directivo en base a unos resultados que no eran los reales. Sólo en 2010 y por efecto de la titulizaciones (la venta de créditos fallidos para reducir el riesgo, pero que en el caso de la CAM se enajenaban con opción de compra) el resultado contable de la entidad se infló en más de 210 millones. Durante los primeros seis meses de 2011 y los últimos de vida financiera de la entidad se declararon 60 millones de beneficios cuando las pérdidas superaban los mil millones. Gracias a estos resultados ficticios, el magistrado eleva a 47 los millones que el comité de dirección se embolsó «indebidamente» en retribuciones y cifra en otros dos más el perjuicio que se causó a la caja por las pensiones vitalicias que se aprobaron.

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