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La primera jornada del juicio a los antiguos altos cargos de la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo) puso de relieve una situación paradójica: está personada en la causa la Fundación CAM, mera heredera de la obra social, pero no el Banco Sabadell, que es quien se quedó con su negocio bancario y para quien el propio fiscal pide una indemnización. Una situación que ha sido destacada con extrañeza tanto por el fiscal como por los abogados defensores de los acusados. Esta ausencia obedece a motivos de imagen, porque no quiere agravar las críticas de que le ''regalaron'' la CAM  personándose en la causa para reclamar todavía más dinero. 

Así lo aseguran fuentes cercanas a la entidad catalana, que adquirió la nacionalizada CAM en 2011 por un euro después de que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) le inyectara 5.249 millones para tapar su ''agujero'' y con un EPA (esquema de protección de activos, garantías contra pérdidas futuras) del 80% de una cartera de 20.000 millones de activos problemáticos. Estas condiciones fueron posibles porque fue la única entidad que pujó en la subasta, mientras que el resto de los interesados se retiraron. Pero eso no impidió que Sabadell fuera criticado duramente porque le "regalaron" la CAM y le dieron lo suficiente para sanear no sólo a la entidad alicantina sino también a sí mismo.

Consciente de esa mala imagen ante la opinión pública, el banco que preside Josep Oliu ha preferido no personarse en la causa que juzga la Audiencia Nacional contra el exdirector general de CAM, Roberto López Abad, y el consejero y presidente de la comisión de control, Juan Ramón Avilés, por el cobro de dietas y la concesión de créditos irregulares. "Una cosa es que un tercero, el fiscal, pida una indemnización para el banco, y otra es que, con el estigma de que se la regalaron por un euro y además con EPA e inyección de capital, encima se persone para reclamar más dinero", señalan las fuentes. Un portavoz del Sabadell no hizo comentarios.

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu. (Reuters)

No obstante, tanto el fiscal como las defensas mostraron su extrañeza por la ausencia del banco ayer en la primera jornada del juicio. El abogado de López Abad, Javier Boix, señaló que "la única sociedad que tiene legitimaciónpara  ejercer la acusación particular es la propia TIP [Tenedora de Inversiones y participaciones, la filial de CAM que repartía las dietas] o el Banco Sabadellcomo socio único de la misma, y la prueba es el propio escrito de acusación del fiscal, donde pide que, si hubiera condena, se indemnice al Banco Sabadell".

La intención de Boix era que la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, despachara a la acusación de la Fundación CAM, que es la que pide la mayor pena para su cliente: seis años de prisión. El fiscal Luis Rodríguez Sol, a la hora de responder a esta petición, aseguró que, cuando sucedieron los hechos juzgados, la única persona jurídica que existía era la CAM, pero que el Banco CAM (a quien se traspasó el negocio bancario tras la nacionalización), el FGD con la inyección realizada y el Sabadell como comprador "pueden considerarse perjudicados, por lo que tienen derecho a reclamar una indemnización". Por eso, él mismo solicita que los acusados abonen 1,5 millones al banco.

Palacios duda de la legitimidad de la Fundación CAM

Este derecho -no ejercido- del Sabadell a reclamar los daños causados por la actuación de López Abad y Avilés pone en tela de juicio que pueda pedir lo mismo la Fundación CAM, que simplemente gestiona la obra social de la antigua caja, que no fue incluida en la venta al citado banco. El defensor del segundo acusado, su hijo Ginés Avilés, sostuvo ayer además que la fundación ni siquiera tiene personalidad jurídica puesto que no está inscrita en el registro de fundaciones de la Comunidad Valenciana tres años después de su constitución, cuando tenía un plazo de seis meses para hacerlo. 

A este respecto, la jueza Palacios se puso de su parte al menos parcialmente:"Veo dudosa la presencia de la Fundación CAM", afirmó en la respuesta a este letrado. No obstante, como el abogado de esta institución es el mismo del FGD, Carlos Gómez Jara, y sus escritos son idénticos, "ante la duda, prefiero que se quede sentado". De hecho, preguntó a este letrado si pensaba "interrogar dos veces a los testigos o sólo una". En todo caso, la magistrada señaló que las dietas "eran información agregada que aparecía en el informe anual de la CAM, así que algo tendría que decir la CAM".

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