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RICARDO FERNÁNDEZ | MURCIA

18 enero 2015

Tres años y medio después de que el Banco de España designara al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) como administrador provisional de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), permitiendo con ello que se abriera la caja de los truenos de los supuestos desmanes cometidos en la gestión de esta entidad, llega el momento de comenzar a depurar las responsabilidades penales en las que pudieron incurrir sus antiguos dirigentes.

ROBERTO LÓPEZ ABAD 

Director general de CAM (del 16 de febrero de 2001 al 9 de diciembre de 2010)

-Delito que le imputa el fiscal: Un delito continuado de apropiación indebida agravada y, de forma alternativa, un delito societario continuado.

-Penas solicitadas: El fiscal reclama una condena de cuatro años de prisión, pero las acusaciones particulares (FROB y Plataforma de Afectados de la CAM) elevan la demanda hasta los seis y los catorce años, respectivamente.

-Hechos atribuidos: Aprobación de unas supuestas dietas ilegales para los directivos. 

JUAN RAMÓN AVILÉS OLMOS 

Consejero general de CAM y presidente de la Comisión de Seguimiento y Control de TI (del 29 de junio de 2007 hasta el 29 de septiembre de 2011)

-Delito que le imputa el fiscal: Un delito de otorgamiento de contrato simulado.

-Penas solicitadas: El fiscal reclama dos años y medio de prisión, pero las acusaciones particulares (FROB y Plataforma de Afectados) elevan la demanda a diez y dieciséis años y medio.

-Hechos atribuidos: Presunta venta ficticia de una empresa para eludir los controles de un préstamo.

Los primeros llamados a pasar por tan indeseado trance son el ex director general de la CAM, Roberto López Abad, y el empresario y exconcejal murciano Juan Ramón Avilés, expresidente de la Comisión de Seguimiento y Control de la sociedad Tenedora de Inversiones y Participación SL (TI), que estaba participada por la caja de ahorros al 100%. Está previsto que el juicio -el primero contra exdirectivos de la extinta CAM- se inicie el jueves, día 22, en la sede de la Audiencia Nacional de la calle San Fernando de Madrid.

El fiscal tiene previsto solicitar penas de cuatro años de prisión para Roberto López Abad por un presunto delito continuado de apropiación indebida -alternativamente, un delito societario continuado- y dos años y medio de cárcel para Juan Ramón Avilés Olmos, acusado de un delito de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de terceros. Para ambos pide además que se fijen indemnizaciones millonarias.

La petición de penas se eleva muy considerablemente por parte de la acusación ejercida por el FROB, que reclama seis años para Abad, y por la Plataforma de Afectados, que la lleva hasta los catorce años. Para Juan Ramón Avilés, las reclamaciones de condena alcanzan los diez y los dieciséis años y medio, respectivamente.

El caso de las dietas ilegales

Hasta 80.000 euros anuales

Esta primera vista oral versará sobre dos asuntos bien distintos. Por un lado, el tribunal deberá establecer si el entonces director general de la CAM cometió delito al establecer unas nuevas dietas, que iban de los 20.000 a los 80.000 euros anuales, para los integrantes de la Comisión de Seguimiento y Control de TI. Por otro, tendrá que determinar si los supuestos manejos de Juan Ramón Avilés para ser beneficiario y eludir los controles de unos préstamos de la propia CAM, que utilizó para promover una urbanización, entran o no en la definición de delito.

Respecto del primer asunto, el Ministerio Fiscal arranca su escrito de acusación recordando que los estatutos de la CAM establecían que los compromisarios, consejeros generales y miembros de cualquier órgano directivo tenían «carácter honorífico y gratuito», de manera que no podían percibir otras retribuciones distintas a dietas por asistencia a reuniones y gastos de desplazamiento.

Asimismo, deja constancia de que el consejo de administración de CAM acordó en 1999 que las dietas para los miembros de las empresas participadas por la caja no podrían superar las establecidas para el mencionado consejo.

Tal era el escenario que se encontró Roberto López Abad cuando fue nombrado en febrero de 2001 director general de CAM, un cargo que ocupó hasta diciembre de 2010.

Pues bien, según el fiscal, este alto responsable de la caja, que en la práctica era el administrador de hecho, comenzó en 2005 a «buscar una fórmula para superar los límites retributivos fijados y permitir que los directivos percibieran mayores emolumentos».

En concreto, a lo largo de ese año habría llevado varias propuestas a los órganos directivos de la CAM para dejar sin efecto el acuerdo de 1999 que establecía límites a las dietas, y para crear una comisión de control en la sociedad Tenedora de Inversiones y Participaciones (TI), para cuyos miembros -entre ellos, el ya fallecido presidente de CAM, Vicente Sala- se fijó una «dieta anual única». Para 2005, la cuantía se fijó en 8.200 euros (pese a que solo faltaban ocho días para que acabara el año), y para 2006 se estableció ya en 16.400 euros.

Pero la decisión no estuvo mucho tiempo en vigor, ya que en junio de 2006 se acordó doblar las retribuciones, con una dieta de 16.400 euros para el segundo semestre de ese año, y una anualidad de 32.800 euros para los venideros.

En junio de 2007, el murciano Juan Ramón Avilés fue nombrado presidente de la Comisión de Control de TI, y unos meses más tarde, en marzo de 2008, la Junta General volvió a elevar las retribuciones por dietas: 80.000 euros para el presidente, 40.000 para el secretario y el vicesecretario, y 20.000 euros para el resto de los miembros.

Las cuantías estuvieron vigentes hasta que el FROB suprimió la comisión de control y cesó a todos sus miembros en septiembre de 2011.

El fiscal establece que en las 16 reuniones de ese órgano «la actitud de sus miembros fue meramente pasiva», por lo que considera que la creación de esa comisión «fue un burdo instrumento ideado por López Abad para permitir que sus miembros cobraran unos emolumentos muy superiores a los que tenían derecho».

La mencionada fórmula, fuera legal o ilegal, llevó a la CAM a desembolsar un total de 1,5 millones de euros, de los que 308.000 fueron a parar a Juan Ramón Avilés.

Un mal negocio urbanístico

Préstamos de 17 millones

El segundo asunto que se verá en el juicio se centra en los préstamos que para sus negocios particulares concedió la CAM a Juan Ramón Avilés, al tiempo que éste era miembro de la comisión de control de la caja.

El fiscal comienza en su escrito por dejar constancia de que Avilés «era el titular efectivo, a través de familiares y sociedades interpuestas, de la sociedad promotora La Vereda de Sucina, con la que en 2008 empezó a construir 174 viviendas y 228 garajes. Para ello solicitó y logró de la CAM un préstamo de 16,2 millones de euros. Sin embargo, la escasez de ventas -siempre según el fiscal- llevó al empresario murciano a una situación de falta de liquidez, que superó momentáneamente con la ayuda de la caja, que le concedió sucesivas disposiciones extraordinarias (150.000, 60.000 y 437.000 euros entre marzo y agosto).

De acuerdo con la normativa bancaria, sin tales disposiciones los préstamos a La Vereda de Sucina tendrían que haberse calificado ya de «dudosos por morosidad», obligando a Avilés a abandonar su cargos de consejero general y miembro de la comisión de control.

En enero de 2001, cuando finalizó el plazo de disposición pactado, el promotor seguía sin poder devolver el dinero, por lo que negoció con CAM una renovación -novación- de los préstamos, a la vez que intentaba que la caja le comprara toda la urbanización. No logró esto último, pero sí que CAM le novara los préstamos y, además, en condiciones muy favorables.

El problema estribaba en que la operación tenía que pasar por el filtro del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), cuya autorización era preceptiva por tratarse de un préstamo a una sociedad vinculada a un alto directivo de una caja. De ahí que, con el supuesto fin de evitar ese control, Avilés simulara supuestamente una venta ficticia de la promotora a su hermana. Ésta abonó en diciembre de 2010 dos cheques de 45.000 euros por las acciones, pero la investigación habría permitido descubrir que unos días antes había recibido 90.000 euros desde una cuenta de la mujer de Avilés, en la que éste además figuraba como autorizado. Un dato que demostraría -en palabras del Ministerio Público- que se trataba de una venta ficticia.

La maniobra, que el fiscal califica como un delito de simulación de contrato, le habría servido para eludir el control del IVF y para evitar, además, que los préstamos a su empresa se declararan «dudosos», lo que le habría obligado a dejar sus cargos en la CAM.

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