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Dos ex vicepresidentes de CAM han negado hoy que en la reunión del Consejo de Administración que avaló el nombramiento del presidente Modesto Crespo como consejero de una participada se aprobara que éste percibiera 300.000 euros en dietas con carácter retroactivo.
J.M.ESPINOSA (EFE)
Sin embargo, uno de los consejeros presentes en esa reunión del Consejo, celebrada el 27 de noviembre de 2009, Antonio Gil-Terrón, ha reconocido al juez Javier Gómez Bermúdez que esas retribuciones aparecen en las actas de aquel día, según han informado fuentes jurídicas.
Por el contrario, los ex vicepresidentes Ángel Martínez y Armando Sala han sostenido simplemente que se dio el visto bueno al nombramiento de Modesto Crespo como consejero de Tinser Cartera y en ningún momento se abordó el asunto de la retribución.
Según el abogado de la plataforma de afectados de CAM, Diego de Ramón, que ejerce de acusación popular en este procedimiento, ninguno de los tres ha dado una explicación al motivo por el que Crespo percibió con carácter retroactivo 300.000 euros en dietas.
“Aquí la duda es cómo le pagan por un trabajo de seis meses atrás” sin que hubiera realizado ningún trabajo en la participada, ha señalado el letrado para añadir que a esta cuestión, los tres imputados “han dado el silencio como respuesta”.
Para el abogado, “esto era un medio para dar una justificación legal a una retribución económica” cuando “todos los ejecutivos de CAM en participadas no tenían que cobrar dietas”, ya que “la retribución del cargo ya era demasiado alta y llevaba implícita la asistencia” a los consejos de las filiales.
Gómez Bermúdez decidió, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, imputar al Consejo en pleno que en su reunión del 27 de noviembre de 2009 dio su visto bueno al nombramiento de Crespo como presidente de Tinser Cartera y a que cobrara esa cantidad en concepto de dietas por los dos últimos trimestres de ese año.
Mañana retomará las declaraciones interrogando a José Forner, Aniceto Benito Núñez y Natalia Caballé, mientras que el jueves están citados Luis Esteban Marcos, Natalia Ferrando y José García, y que se prolongarán con las de otros consejeros a lo largo de las dos próximas semanas.
La Fiscalía Anticorrupción pidió la imputación de 19 consejeros porque “no se puede afirmar que la autoría de los hechos recaiga exclusivamente sobre Modesto Crespo”, ya que la propuesta, que partió del exdirector general Roberto López Abad, fue aceptada por unanimidad por ellos.
Para el Ministerio Público, la dieta anual de 300.000 euros que percibió Crespo “no se corresponde con ninguna actividad que conlleve dedicación de tiempo, esfuerzo o responsabilidad”.
Y ello, prosigue, por dos razones: primero, “porque si fuera así, no habría ningún motivo para que la dieta la cobrara solo el presidente” y no los consejeros, y segundo, porque la mitad de esa cantidad “correspondían a un periodo de tiempo ya pasado” en el que Crespo no desempeño ningún cargo en la sociedad.
Tras este informe, Gómez Bermúdez abrió una pieza separada de la causa principal en la que investiga a la cúpula de la caja alicantina por irregularidades en su gestión, y en la que imputó a Crespo por apropiación indebida.
En la principal, Crespo está imputado por delitos societarios, estafa y manipulación del precio de las cosas junto a los exdirectores generales María Dolores Amorós y Roberto López Abad, y los exdirectores de Recursos y Planificación Vicente Soriano y Teófilo Sogorb.
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