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MIGUEL ÁNGEL CAMPOS   18-04-2014 - 16:40 CET

La caja falseó los ratios de morosidad o los criterios de contabilización de créditos entre otros aspectos para "la publicación de unos beneficios superiores a los que deberían haber sido" según el informe, que censura los 47.3 millones cobrados de forma "indebida" por sus directivos en época de crisis

El titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ya dispone del informe completo del Banco de España sobre la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que es clave para determinar el supuesto saqueo de la entidad a manos de sus directivos, imputados por estafa, manipulación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

El informe también es relevante para la pieza separada del mismo caso, en la que Bermúdez investiga la posible estafa en la venta de preferentes y el resto de productos financieros considerados tóxicos en la entidad, que han afectado a más de 75.000 personas, según la plataforma de afectados.

Los peritos del Banco de España, en el documento al que ha tenido acceso la Cadena SER, consideran que la CAM ofreció una imagen irreal de su cuenta de resultados durante los ejercicios de 2009 y 2010, con la publicación de unos beneficios que no eran ciertos. Una operación conseguida gracias, sobre todo, a la contabilización de créditos morosos como normales, y a otras prácticas irregulares "contrarias" a la normativa del Banco de España.

El informe detalla que la falsificación de estos balances "pudo perjudicar" a las personas que hubieran tenido en cuenta los mismos para la adquisición de participaciones preferentes, cuotas participadas, y obligaciones subordinadas.

Pero solo a los que las compraron en el mercado secundario a partir de 2010; no durante la emisión que en el caso de las preferentes tuvo lugar en septiembre de 2009, porque las cuentas de la CAM que los clientes podían tomar como referencia para la valoración de esos títulos eran las de los años anteriores y esas sí que se ajustaban a la realidad, según el supervisor. La plataforma de afectados discrepa de este matiz. Su portavoz, Carlos Pena, recalca que aunque la entidad reflejase su "imagen fiel" durante la emisión de títulos, la falsedad existe en cualquier caso porque los poseedores de participaciones "permanecieron confiados durante los primeros años cuando podían haber vendido de haber sido informados de la realidad".

Los peritos también constatan que los depositarios mayoristas y minoristas de la CAM también se vieron afectados por la situación "en la medida en que ingresaron dinero en la entidad en base a información financiera que no reflejaba la imagen fiel".

Además, cifran en 47.3 millones de euros los "cobros indebidos" por parte del comité de dirección de la caja alicantina entre 2005 y 2011 en forma de prejubilaciones, pagas de beneficios o incentivos, dietas y otras retribuciones variables.

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