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Actualizado: 22/02/2014 11:29 horas

La batalla judicial del caso Avilés que se libra en la Audiencia Nacional no se ha detenido tras la apertura de juicio oral contra el ex presidente de la comisión de control de CAM, Juan Ramón Avilés y el ex director general Roberto López Abad. El promotor murciano y el ex directivo alcoyano estudian solicitar la nulidad del auto dictado esta semana por el juez Javier Gómez Bermúdez para paralizar el proceso.

Se trata del último cartucho que les queda para evitar sentarse en el banquillo de los acusados por el caso de las dietas ilegales y las irregularidades en la refinanciación de las empresas inmobiliarias de Avilés.

Mientras tanto, Juan Ramón Avilés ya se ha dirigido a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional para desactivar la estrategia del Banco de España. El supervisor, impulsor a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, de la querella contra el empresario, llevará a declarar al juicio contra Avilés a uno de sus inspectores. Se trata de José María Ruiz Martínez, el técnico encargado de la inspección de CAM desde 2008 y autor del informeque le ha servido al juez y a la Fiscalía para acusar a Avilés de cobrar dietas ilegales en la caja y de lograr una refinanciación fraudulenta de deuda para una sus empresas promotoras.

Ruiz Martínez estuvo más de dos años inspeccionando la CAM y no puso en aviso al Banco de España sobre las supuestas irregularidades ahora detectadas.

La Fiscalía ya ha presentado al juez la petición para que Ruiz Martínez y los ex administradores del Frob (José Antonio Iturriaga, Benicio Herranz y Tomás González) declaren en el juicio.

En el caso de Ruiz Martínez, declararía en condición de perito, y Avilés se opone a ello al considerar que el inspector del Banco de España, pieza clave en este proceso, "carece de la apariencia de imparcialidad objetiva mínimamente exigible a un perito", según expresa en el escrito de recusación presentado a la sala y al que ha tenido acceso este diario.

Avilés, que ya ha depositado la fianza que le exigía el juez (6,6 millones aunque ha presentado inmuebles y terrenos por valor de 29 millones), sostiene que Ruiz Martínez inició una «persecución» contra él por querellarse contra Pedro González y Ángel Rico, inspectores también del supervisor y autores del informe que abrió el expediente administrativo contra toda la ex cúpula de CAM y que ha servido de base para todas las querellas interpuestas posteriormente.

De hecho, Ruiz Martínez elaboró el informe que alerta de las supuestas irregularidades cometidas por Avilés y que el Frob ha usado como principal argumento contra el empresario. Ruiz Martínez redactó ese informe justo después de que el empresario se querellara contra sus superiores jerárquicos en el Banco de España. Por ello, el ex presidente de la comisión de control mantiene en su escrito que Ruiz Martínez actuó «como represalia» por la querella que interpuso contra los jefes del ahora recusado. Avilésacusa al inspector de introducir "errores, falsedades, ocultaciones, invenciones y tergiversaciones" en ese informe para perjudicarlo "deliberadamente".

Avilés recuerda al juez en su escrito que Ruiz Martínez "fue elresponsable de realizar la inspección continua y permanente in situ en CAM desde el año 2008, y además ha participado en el expediente administrativo de intervención de CAM y expediente disciplinario iniciado por el Banco de España", lo que contaminaría su actuación como perito.

Además, insiste en que la causa "se inició por medio de querella interpuesta por CAM, cuando su administrador provisional era el Frob y por orden expresa de este último. Por este motivo el recusado carece de la apariencia de imparcialidad objetiva mínimamente exigible a un perito, toda vez que el Frob es un organismo vinculado al Banco de España".

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