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MANUEL ALTOZANO / ÍÑIGO DE BARRÓN Madrid 17 FEB 2014 - 21:20 CET26

 La indemnización, para el Banco Sabadell, que pagó el precio simbólico de un euro por la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) una vez saneada. No para el Fondo de Garantía de Depósitos, el organismo semipúblico sostenido por los bancos y demás entidades de crédito, que aportó los 5.250 millones de euros con los que se tapó el agujero de la caja alicantina. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional que los 6,4 millones que se reclaman al exdirector de la CAM, Roberto López Abad, y al expresidente de su comisión de control, Juan Ramón Avilés, por la primera de las causas abierta por el saqueo de la caja se entreguen al Banco Sabadell, la entidad que absorbió la CAM tras su intervención en lugar de al organismo que sufragó su quiebra.

En el escrito de acusación con el que el fiscal solicitó el pasado miércoles a la Sala Penal la condena de cuatro y dos años y medio de cárcel respectivamente para López Abad y Avilés por apropiación indebida y simulación de contrato en perjuicio de tercero, la fiscalía pedía además que el exdirector, López Abad, pagara una indemnización de 1,5 millones —la cantidad cobrada de modo improcedente en concepto de dietas por los miembros de la comisión de control de la caja— y Avilés otra todavía no fijada por las cuotas que dejó de pagar a la entidad con los préstamos ruinosos que su constructora obtuvo gracias a su cargo. La caja y los informes del Banco de España que constan en la investigación fijan el quebranto económico que le causó Avilés con sus créditos en 4,9 millones. Así que la suma total que tendrían que pagar ambos exdirectivos de ser condenados podría ascender a 6,4 millones de euros.

Anticorrupción dice que el banco se subrogó en los derechos de la caja

El fiscal considera que quien tiene que recibir todo ese dinero es el Sabadell, que se hizo con el negocio financiero de la CAM —el denominado Banco CAM— tras su intervención por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y tras ser saneado con la inyección millonaria del Fondo de Garantía de Depósitos. Anticorrupción asegura en su escrito que, como este último fondo vendió el 100% del capital del Banco CAM al Sabadell el 1 de junio de 2012, el banco catalán se subrogó “en todos los derechos de la sociedad absorbida”.

Fuentes del mercado conocedoras de la operación, afirman que los dos directivos cometieron el perjuicio económico a través de la sociedad Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), que ahora es propiedad del Sabadell. Por eso, apuntan estas fuentes, desde un punto de vista mercantil “el que ha sufrido el daño es el banco, no el FROB ni el fondo de garantía”.

La posición de Anticorrupción choca con la sostenida por la Caja CAM y el Fondo de Garantía de Depósitos, que ejercen la acusación particular. Tanto la caja como el fondo fijan la indemnización a pagar por López Abad en 308.700 euros y en 4.921.607 euros la que corresponde a Avilés y solicita que sea el fondo el que las reciba ya que fue este el que aportó el dinero con el que se rescató la CAM antes de que el Sabadell absorbiera el Banco CAM. Mientras que el fondo tuvo que cubrir la falta de liquidez de la caja con esa enorme cantidad (5.250 millones), el Sabadell, una vez tapado el agujero, compró su negocio financiero por un euro. “El dinero del rescate se destinó a asumir las pérdidas que tenía la entidad, entre ellas, las ocasionadas por las provisiones de los préstamos del señor Avilés”, mantiene el abogado de la CAM y el fondo.

La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional parece apuntarse a las tesis del abogado. En una resolución del 8 de enero de 2013 aseguró que “la única perjudicada” por los supuestos delitos cometidos por los exdirectivos “es la CAM (...) aunque haya segregado posteriormente la totalidad de su patrimonio a favor de otra entidad”. Ese auto señalaba igualmente que el Sabadell, aunque hubiera adquirido la totalidad del patrimonio de la caja, no podría personarse como perjudicada “por los hechos perpetrados contra la CAM por sus administradores”. Al no ser perjudicado en el caso, el banco no podría cobrar esas indemnizaciones.

La decisión que finalmente tome el tribunal será la que previsiblemente se seguirá respecto del resto de investigaciones abiertas por el saqueo de la CAM. Solo en la pieza principal del caso, la que investiga los enormes sueldos, bonificaciones y pensiones que se adjudicaron los exdirectivos de la caja conociendo presuntamente su grave situación económica —cuya instrucción aún no ha acabado—, el perjuicio calculado por la Audiencia es de 27 millones de euros. Así pues, la cantidad total que podría acabar en las arcas del banco catalán y no en el fondo que la rescató en caso de que se acepte la petición del fiscal asciende a casi 32 millones.

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