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EUROPA PRESS

Les acusa de repartir dietas irregulares y financiar negocios inmobiliarios en contra del interés de la caja, según un escrito al juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez y al que ha tenido acceso el diario económico.

Por ello, Fundación CAM pide seis años de cárcel y una multa de 146.000 euros para López Abad; y diez años de prisión, 146.000 euros de multa y una indemnización de casi cinco millones a Avilés, que iría a parar al Fondo de Garantía de Depósitos(FGD).

Al primero le atribuye el delito de apropiación indebida y al ex presidente de la Comisión le suma un delito de contrato simulado en perjuicio de CAM. Así consta en el escrito de acusación de Carlos Gómez-Jara, abogado designado por el Frob para la caja.

Junto a López Abad y Avilés, CAM también pide que se abra juicio oral contra 4 familiares de Avilés y 20 ex consejeros de CAM, para que devuelvan a la Fundación dietas cobradas indebidamente valoradas en 561.000 euros. Fundación CAM intenta acelerar de esta manera el primer gran caso que lleva a los antiguos responsables de las cajas al banquillo. Hasta ahora sólo se ha procesado a ex directivos de Penedès.

Perjuicio de 4,91 millones de euros

Javier Gómez Bermúdez dio continuidad hace un mes a la causa al considerar que existen indicios de delito contra López Abad y Avilés por el cobro irregular de dietas y la concesión de créditos en condiciones ventajosas a las empresas de la familia de este último que causaron un perjuicio a la entidad de 4,91 millones de euros.

En un auto en el que transformaba las diligencias en procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento, Gómez Bermúdez atribuía a Avilés los delitos de apropiación indebida, administración desleal y otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de tercero y a Abad los dos primeros.

El magistrado sostenía que los imputados diseñaron "una estrategia" para que los miembros de la Comisión de Control de la CAM recibieran "cuantiosas sumas de dinero" entre los años 2007 y 2011 en forma de "dietas irregulares" que no se correspondían con la realización de "ninguna actividad real". Para ello, crearon la Comisión de Seguimiento y Control de la sociedad ''Tenedora de Inversiones y Participaciones'', participada por la entidad financiera.

La resolución judicial concretaba que, en lugar de abandonar su cargo, Avilés siguió percibiendo unos honorarios que ascendieron a 40.000 euros entre enero y julio de 2011, cuando fue destituido, como presidente de la sociedad creada y de otros 3.336 euros como responsable de la Comisión de Control.

Venta simulado y perjuicio patrimonial

Además, el juez sostenía que en diciembre de 2010 los imputados simularon la venta de acciones de la sociedad ''La Vereda de Sucina'', dedicada a inversiones inmobiliarias, por parte de la esposa de Avilés a la hermana de éste a través de un pago de 90.000 euros que la compradora ficticia había sido ingresado previamente.

Esta operación causó una pérdida de 4,91 millones de euros al Banco CAM, sucesor del negocio de la caja de ahorros, después de que la entidad desistiera de solicitar los créditos concedidos a la empresa, que fueron autorizados por el Consejo de Administración y el Instituto Valenciano de Finanzas.

El Banco Sabadell, que adquirió la CAM por un euro, informó el 27 de noviembre de 2013 que los préstamos concedidos a ''La Vereda de Sucina'' fueron refinanciados en abril de 2011 y se encuentran actualmente "impagados".

Gómez Bermúdez señalaba en su auto que "la idea de retribuir a los miembros de la comisión de control de la CAM, con unos emolumentos superiores a los que tenían derecho, partió de López Abad".

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