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La Audiencia Nacional rechaza el recurso del exdirector y del expresidente de la comisión de control de la caja alicantina para que archivara la causa. El juez Bermúdez abre la puerta a juzgar el agujero de las dietas y la gestión de la CAM
L. CANDELA | ALICANTE.
LAS CLAVES
Dietas
El juez acusa a López Abad de fraguar una estrategia para lucrarse con dietas por trabajos no realizados
Ventajas
La causa sitúa a Avilés en el centro de operaciones para favorecer a empresas ligadas a su persona
Acciones
Familiares interpuestos vendían acciones de una sociedad y así hacían creer que estaba en dificultades
Apropiación indebida y administración desleal por cobrar presuntamente dietas a costa de la Caja de Ahorros del Mediterráneo sin ni siquiera participar en las reuniones del holding inmobiliario de la entidad. El juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ve suficientes indicios de delito para rechazar el archivo de una de las piezas que afecta a los exdirectivos de la CAM y la gestión que, en este caso, habría dejado un agujero de cerca de cinco millones de euros por la venta simulada de acciones.
De este modo tanto el exdirector general de la entidad Roberto López Abad, y expresidente de la comisión de control de la CAM, Juan Ramón Avilés, se sitúan al borde del banquillo de los acusados pese a los intentos por dar carpetazo al asunto a base de recursos. Este último, además de acusado por los presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal debe sumar el de delito societario. El último auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 convierte las diligencias en procedimiento abreviado, paso previo a la apertura del juicio oral. Ahora las partes
El magistrado les acusa de recibir «cuantiosas sumas» de dinero sin que los exresponsables desempeñasen actividad alguna. Para ello, habrían creado una estrategia consistente en conformar la comisión de control de Tenedora de Inversiones y Participaciones, S.L., el holding inmobiliario, lo que habría supuesto un «claro perjuicio» para la caja de ahorros, como señala Bermúdez en su auto. Según las pesquisas llevadas a cabo hasta ahora, los directivos podrían haberse embolsado más de 300.000 euros.
En el centro de las acusaciones se encuentra un López Abad al que Bermúdez considera el promotor de crear la comisión de control que más adelante les habría granjeado esas presuntas dietas, de cuya cabeza también habría salido las cantidades a pagar. De hecho, fue él mismo quien «explicó los pormenores de la misma en la reunión de la comisión de retribuciones de CAM de 14 de marzo de 2005 y también en la reunión del consejo de administración de CAM de 20 de diciembre de 2005 en que se aprobó constituir la comisión de control, fue quien aludió a los estudios que se habían realizado al efecto y que amparaban dicha decisión, como explica el juez de la Audiencia Nacional en su auto.
Todo ello, con el único fin de repartirse jugosas cantidades de dinero sin tener que sudar demasiado. Mientras, el papel de Juan Ramón Avilés en esta pieza adquiere mayor protagonismo a la hora de conceder créditos en condiciones ventajosas a empresas vinculadas a su persona. Se da especial relevancia a una posible venta simulada de acciones de una sociedad para hacerla parecer en dificultades para poder refinanciarla en condiciones ventajosas.
La instrucción del caso apunta a la empresa La Vereda SL, cuya venta de acciones se habría ejecutado desde la mujer de Avilés a la hermana del expresidente de la comisión de control de la CAM el 23 de diciembre de 2010. Sin embargo, atendiendo a los informes realizados por el Banco de España, el magistrado considera la trasmisión como «puramente formal», por lo que habría empleado presuntamente a sus familiares como testaferros para seguir controlando la sociedad.
Con la llegada de Banco Sabadell, este informó de que los préstamos concedidos a La Vereda de Sucina SL y que fueron refinanciados en abril de 2011 se encuentran actualmente impagados a fecha 27 de noviembre de 2013. A ello hay que añadir que el señor Avilés no abandonó su cargo en la CAM por incompatibilidad legal, por lo que hasta su destitución en julio el magistrado señala que percibió en 2011 43.336 euros de la caja y del holding Tenedora de Inversiones y Participaciones SL.
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